El exasesor ministerial Koldo García considera "esencial" declarar en el juicio por el 'caso Mascarillas' en el Tribunal Supremo después de que lo haga el empresario Víctor de Aldama. Tampoco muestra reparos a que el exministro de Transportes José Luis Ábalos sea el último en tomar la palabra, en unas declaraciones que están previstas para el día 28 de abril, tras la comparecencia durante el mes de 97 testigos.

Así consta en un escrito de la defensa de Koldo, al que ha tenido acceso El Independiente. Esta representación no se opone a la solicitud de que Ábalos preste declaración en último lugar entre los acusados, ya que lo esencial para mi representado es prestar declaración con posterioridad a Aldama", explica su abogada Leticia de la Hoz.

"Esta prioridad se fundamenta", añade la letrada, en que el empresario "ejerce un rol de acusación mediante sus manifestaciones, por lo que el derecho de defensa de mi mandante exige conocer previamente el contenido de dicha declaración para poder ejercer la contradicción de manera efectiva".

La Sala de lo Penal del Supremo examinará durante el juicio si cometieron irregularidades en la compraventa de material sanitario durante la pandemia y otras cuestiones, como la presunta colocación a dedo de personas del entorno de Ábalos en compañías públicas, como Ineco o Tragsatec.

Esta es la primera pieza del 'caso Koldo' en llegar a juicio. El resto de la investigación continua en la Audiencia Nacional, órgano que recibió toda la causa después de que Ábalos renunciara a su acta de diputado después de entrar en prisión provisional a la hora de ser juzgado. Mientras era miembro del Congreso, al estar aforado, toda la parte de la investigación que afectaba a Ábalos directamente se instruyó en el Supremo de la mano del juez Leopoldo Puente.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión tanto para Koldo como para Ábalos, mientras que solicita siete para Aldama, que ha reconocido los hechos y ha colaborado con los investigadores. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, reclaman 30 años para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden la misma pena que el fiscal.

Ahora, tanto la parte que queda por instruirse referida a la compraventa de material sanitario, así como las supuestas irregularidades en la concesión de obra pública por parte del Ministerio de Transportes, así como la financiación del PSOE, están siendo investigadas en el Juzgado de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional por el juez Ismael Moreno.