La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha detectado un posible sobrecoste de más de cinco millones de euros en el precio del acero de la obra para sustituir los tirantes del Puente del Centenario de Sevilla. Así se recoge en el informe que este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha entregado este miércoles a la Audiencia Nacional, en el marco de la pieza separada del 'caso Koldo' en la que el juez Ismael Moreno investiga presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública. En esta trama figura también como investigado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

El documento, remitido al Juzgado Central de Instrucción número 2 y al que ha tenido acceso El Independiente, señala varias irregularidades en contratos de Adif y la Dirección General de Carreteras, entre ellos, el de la construcción de los nuevos tirantes del puente sevillano. Así, los interventores cuestionan la modificación del contrato adjudicado a la unión temporal de empresas liderada por Acciona —constructora presuntamente beneficiaria de los amaños que investiga Moreno—, y apuntan que el precio del acero se habría inflado para justificar el aumento del presupuesto inicial.

El contrato para fabricar e instalar los tirantes del puente se licitó el 28 de septiembre de 2020 por cerca de 88 millones de euros. A la convocatoria se presentaron seis ofertas y la UTE encabezada por Acciona obtuvo la mejor puntuación, con más de cinco puntos de ventaja respecto a la segunda clasificada, una diferencia que los interventores califican de "prácticamente irrecuperable". La adjudicación se formalizó el 14 de mayo de 2021.

Desde entonces, el contrato ya se ha modificado una vez y se tramita una segunda revisión que, de aprobarse, elevaría el incremento del presupuesto hasta el 19,98%, justo por debajo del umbral del 20% que obligaría a resolver el contrato y solicitar dictamen al Consejo de Estado.

La primera modificación ya supuso un aumento de un 19% del precio inicial de la adjudicación. En ella, se sustituyó acero S355 por acero S460, cuyo precio se fijó en 3,89 euros el kilo, mientras que la base de precios de ADIF situaba ese mismo material en febrero de 2022 en 2,49 euros el kilo.

La Dirección General de Carreteras defendió ese precio más elevado alegando que debía tomarse como referencia junio de 2022, apoyándose en la evolución del mercado del acero según los datos de la patronal siderúrgica UNESID. Sin embargo, el informe de la IGAE recuerda que la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas establece que los precios nuevos que se introduzcan en una modificación contractual deben calcularse tomando como referencia los costes vigentes en la fecha de adjudicación del contrato, en este caso mayo de 2021.

Acciona obtuvo el contrato por "juicios de valor"

En este sentido, los interventores concluyen que el precio del acero en esa fecha habría sido de 2,9294 euros, por lo que la diferencia se traduce en un sobrecoste de 5.084.495 euros en el proyecto modificado. Una cantidad que ascendería a casi 7,5 millones de euros si se utiliza el precio elemental del acero S460 de Adif, que es 1,4 euro inferior. "Y este precio parece que era todavía más bajo en mayo de 2021", señala el informe.

El IGAE alude además a un reporte de la Inspección de Servicios del entonces Ministerio de Fomento en el que se señala que el procedimiento para fijar el nuevo precio no siguió los criterios de la Abogacía del Estado, y que existe una diferencia entre el precio elemental del acero aprobado por Adif en febrero de 2022, situado en 2,49 euros, y el estimado por la modificación, de 3,98 euros: "Y si comparamos la base de precios de Adif de los dos tipos de acero, vemos que el precio del acero S460 [el 'nuevo'] es un 11% más caro que el precio del S355 [el anterior]".

Asimismo, los interventores han señalado que la licitación del Centenario habría sido adjudicada a Acciona en base a "juicios de valor", al igual que otros cuatro contratos que ADIF y la Dirección General de Carreteras realizaron con esta constructora. En total, el informe analiza cinco contratos adjudicados por ADIF y seis por Carreteras en el marco de la pieza del 'caso Koldo' en la que se investigan los presuntos amaños de obra pública en el Ministerio de Transportes cuando estaba dirigido por José Luis Ábalos. En ella están siendo investigados, además de Cerdán, la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera, y el que fuera director general de Carreteras Javier Herrero, así como diversos empresarios.