El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto que regula el acceso a la atención sanitaria pública para personas extranjeras en situación irregular en España. Esta norma, propuesta por los Ministerios de Sanidad e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, busca establecer un procedimiento homogéneo en todo el territorio nacional. Con ello, tratan de eliminar desigualdades entre comunidades autónomas y simplificar trámites burocráticos.

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El nuevo real decreto y sus principales implicaciones

La aprobación de este real decreto marca un paso decisivo hacia la universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Se derogan así las restricciones impuestas por el Real Decreto-ley 16/2012 del Gobierno del PP, que excluía a muchos inmigrantes irregulares de la cobertura sanitaria pública. Entre sus implicaciones clave destaca la simplificación de los requisitos. Los solicitantes deberán presentar una declaración responsable en la que afirmen no disponer de cobertura sanitaria por otra vía. Además de no poder exportar ese derecho desde su país de origen y no tener un tercero obligado al pago de la asistencia.

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Además, se flexibiliza la acreditación de la residencia habitual en España. Aunque el empadronamiento es el documento preferente, se aceptan alternativas. Estas son certificados de escolarización, informes de servicios sociales, facturas de suministros (luz, gas, agua, telefonía o internet) o documentos consulares. Una vez presentada la solicitud, se emite inmediatamente un documento provisional válido en todas las comunidades autónomas, permitiendo el acceso instantáneo a la sanidad pública mientras se resuelve el expediente en un plazo máximo de tres meses. Si no hay respuesta, se aplica el silencio administrativo positivo.

El decreto también amplía derechos a otros colectivos, como los españoles de origen residentes en el extranjero y sus familiares durante estancias temporales, siempre que no tengan cobertura alternativa. Incluye medidas de control para evitar abusos. En caso de denegación o falsedad en la declaración, se factura la asistencia prestada o se exige el reintegro.

Los casos concretos

Los inmigrantes en situación irregular podrán acceder a la sanidad pública en casos específicos regulados por el real decreto, priorizando la equidad y el control de enfermedades desde atención primaria. El procedimiento general requiere acreditar residencia efectiva en España mediante la declaración responsable y documentos probatorios. Esto elimina la exigencia previa de tres meses de estancia y reduce barreras burocráticas.

Sin embargo, existen casos prioritarios con acceso inmediato e incondicionado, independientemente de la residencia o situación administrativa. Entre ellos destacan los menores de 18 años, con asistencia integral; las mujeres embarazadas, cubiertas durante el embarazo, parto, posparto e interrupción voluntaria del embarazo; y víctimas de violencia de género (incluidos hijos), violencias sexuales o trata de seres humanos. También se incluye a solicitantes de protección internacional o temporal, y personas con enfermedades de declaración obligatoria.

Para estancias temporales con vulnerabilidad especial, los servicios sociales de las comunidades emitirán un informe que habilita el acceso. Esta regulación no solo garantiza atención humanitaria, sino que optimiza recursos públicos al fomentar prevención y detección temprana, evitando costes mayores por complicaciones no atendidas. En resumen, el acceso se materializa vía solicitud en centros sanitarios o administraciones, con énfasis en formatos accesibles para discapacitados y procedimientos de oficio si la persona no puede iniciarlos.

Críticas de los partidos políticos a la nueva norma

La aprobación del real decreto ha generado un intenso debate político, con críticas especialmente duras desde la derecha. Vox, a través de su vicepresidente Ignacio Garriga, ha calificado la medida de "colapso de la sanidad pública". Ha afirmando que "España no es una ONG ni el hospital del mundo" y acusando al PSOE de priorizar inmigrantes irregulares sobre españoles. El partido liderado por Santiago Abascal rechaza convertir la irregularidad en derecho, vinculándolo a un deterioro general de servicios públicos como prisiones y vivienda.

El Partido Popular (PP) también ha cargado contra el Gobierno, alertando de que "normaliza la irregularidad" y colapsará el Sistema Nacional de Salud por falta de planificación y financiación. Fuentes populares argumentan que confunde inmigración legal con irregular, agravando la presión sobre un sistema ya tensionado, y critican la ausencia de cuantificación de costes. En contraste, el Gobierno y aliados como Sumar defienden la norma como recuperación de derechos humanos y universalidad, desterrando la "exclusión sanitaria" del PP en 2012, que dejó fuera a cientos de miles.

Desde la izquierda, se valora el avance en equidad territorial y protección vulnerable, aunque organizaciones como Yo Sí Sanidad Universal señalan resquicios en la acreditación de residencia que podrían limitar el acceso real. El real decreto entrará en vigor tras su publicación en el BOE, pero el debate parlamentario y autonómico promete ser intenso y con posibles recursos o enmiendas.