La defensa de Koldo García, exasesor del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos, ha presentado este jueves un escrito ante el Tribunal Supremo en el que califica de "improcedente" que las empresas públicas Ineco y Tragsatec puedan personarse como perjudicadas en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, que sentará en abril en el banquillo al propio Koldo, al exministro Ábalos y al empresario Víctor de Aldama.

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El Supremo ofreció este miércoles a ambas entidades la posibilidad de personarse en el proceso, siguiendo la propuesta que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, presentó en la audiencia preliminar del pasado 12 de febrero. En este sentido, Luzón planteó que Ineco y Tragsatec podían considerarse "perjudicadas" por la contratación —presuntamente irregular— de Jessica Rodríguez, entonces pareja de Ábalos. Y además, en su escrito de acusación, la Fiscalía solicita que los acusados indemnicen "conjunta y solidariamente" a Ineco con cerca de 35.000 euros y a Tragsatec con unos 9.500 euros.

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En un recuso de súplica al que ha tenido acceso El Independiente, la defensa del exasesor ejercida por la abogada Leticia de la Hoz sostiene que ofrecer esta posibilidad resulta "improcedente según la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo", y que, en realidad, ambas sociedades deberían ser objeto de la acción penal "en calidad de responsables", no como perjudicadas.

"Los hechos objeto de enjuiciamiento presuponen que alguien en el seno de estas sociedades, en connivencia con los acusados, ha cometido el presunto delito", subraya de la Hoz, añadiendo que las propias entidades deberían ser investigadas penalmente "por la falta de controles internos" que habrían permitido los supuestos delitos de malversación y tráfico de influencias de los que se acusa a su defendido.

El juicio arrancará el 7 de abril en la Sala de lo Penal del Alto Tribunal. La Fiscalía pide 24 años para Ábalos y 19 y medio para su exasesor, mientras que las acusaciones populares piden penas que ascienden hasta los 30 años de cárcel. Por su parte, para el empresario Víctor de Aldama, solicitan siete años por su colaboración con el Ministerio Público tras confesar los hechos. Ábalos y Koldo están en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre por "riesgo extremo" de fuga.

En este sentido, la defensa de Koldo califica la medida del Supremo como una "selección estratégica de imputados", al convertir a las entidades en acusadores mientras "rehúyen su verdadera condición". Por ello solicita que se deje sin efecto el ofrecimiento de acciones respecto a Ineco y Tragsatec, "por ser estas legalmente responsables de los tipos penales que se pretenden proteger".