El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña que obliga a los nietos del dictador Francisco Franco a devolver al Estado el Pazo de Meirás. La Sala de lo Civil concluye que, desde 1938, el Pazo estuvo destinado al servicio de la jefatura del Estado como una dependencia similar al Palacio del Pardo, por lo que sus moradores no pudieron poseer la finca en concepto de dueños como mínimo hasta la última década del siglo XX.

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Así consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso El Independiente. El tribunal ha desestimado por unanimidad todos los recursos presentados contra la sentencia y confirma la propiedad del Estado. En el recurso ante el alto tribunal ya no se discutía la nulidad de los títulos en los que se basó la adquisición del inmueble por parte de Franco, la donación y posterior compraventa, sino si el Estado consolidó la propiedad por el paso del tiempo debido a su utilización durante décadas como residencia oficial del jefe del Estado.

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Los magistrados consideran que esa situación se prolongó al menos hasta los años noventa, cuando el inmueble dejó de prestar cualquier tipo de servicio para la Administración. Por ello, el Tribunal Supremo estima que no ha transcurrido el plazo de treinta años necesario para que los herederos del dictador hubieran podido adquirir la propiedad por prescripción. También descartan que el Pazo de Meirás hubiera perdido de forma explícita su condición de bien vinculado a ese uso público.

Asimismo, el Supremo mantiene el criterio de la Audiencia Provincial respecto a la indemnización a los hermanos Martínez-Bordiú Franco. Recuerda que la propia Abogacía del Estado reconoció en la demanda que los descendientes de Franco actuaron como poseedores de buena fe, por lo que, una vez devuelta la finca, deben ser compensados por los gastos necesarios realizados durante los años en que la ocuparon.

En este sentido, la Sala de lo Civil señala que esa postura fue mantenida desde el inicio del procedimiento y no podía modificarse después para negar ese derecho, ya que los demandados plantearon su defensa partiendo de ese planteamiento. Un cambio posterior en las pretensiones, explica, hubiera provocado una situación de indefensión.