La causa judicial que investiga la gestión de la DANA afronta su recta final tras el varapalo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a la juez de Catarroja que instruye el caso. El tribunal ha rechazado investigar al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, tal y como había solicitado la magistrada, lo que supone un importante revés para la línea que había seguido la investigación en los últimos meses.

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La decisión de la Sala de lo Civil y Penal despeja en gran medida el horizonte de la causa, toda vez que los magistrados no se han pronunciado sobre los dos investigados: la exconsejera de Interior Salomé Pradas y el exnúmero dos de Emergencias Emilio Argüeso. Una situación que, previsiblemente, no variará con el paso de las semanas, puesto que la magistrada ha puesto desde el principio el foco sobre la actuación de ambos y en la de la Generalitat, dejando a un lado la actuación del Ejecutivo central o de la Administración Local.

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Tras conocerse el auto, la jueza acordó prorrogar el plazo de instrucción seis meses más, al considerar que todavía quedan diligencias por practicar. No obstante, la resolución —por unanimidad— del Tribunal Superior acota notablemente su margen de actuación, al cerrar la puerta a analizar penalmente la actuación de Mazón, que tras dimitir como presidente conservó su acta de diputado autonómico y, por tanto, mantiene su condición de aforado.

La investigación judicial comenzó el 10 de marzo de 2025, cuando la juez Nuria Ruiz imputó a Pradas y a Argüeso al considerar que ambos incurrieron en omisiones graves en el ejercicio de sus funciones el día de la catástrofe, durante la reunión del Cecopi, que provocó la muerte de 230 personas en el Comunidad Valenciana.

Con el paso de los meses, la investigación fue aproximándose a la figura de Mazón. La magistrada llegó a ofrecerle declarar voluntariamente en varias ocasiones. De hecho, lo que afianzó la posibilidad de que el expresident acabara imputado fue un auto de la Audiencia Provincial de Valencia que obligó a Ruiz a citar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón en el restaurante El Ventorro la tarde de la DANA.

Finalmente, la juez consideró que existían indicios de responsabilidad penal en la actuación del político popular. En su resolución, le atribuía una "actuación negligente" y sostenía que existía un "nexo causal" entre su "inactividad negligente" y la muerte de personas por la falta de avisos a la población.

Sin embargo, el Tribunal Superior valenciano no comparte ese criterio. Los magistrados rechazan que concurran los requisitos necesarios para abrir una investigación penal contra Mazón. En su argumentación, además, recuperan la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en julio de 2025, cuando inadmitió varias denuncias y querellas contra el presidente del Gobierno y distintos ministros por la gestión de la DANA de 2024.

Falta de indicios "reforzados"

Siguiendo esa línea, el tribunal subraya que para investigar penalmente a un cargo aforado es imprescindible la existencia de indicios "reforzados" de criminalidad y una "individualización concreta de la conducta" susceptible de reproche penal. "No basta cualquier sospecha o conjetura", añaden.

"No son suficientes las posibilidades, más o menos cercanas, o las alusiones indirectas", destacan los magistrados, que exigen la existencia de "indicios fundados y serios" y una imputación "clara y concreta" con suficiente apoyo probatorio. No obstante, pese a desestimar la petición de la jueza, el tribunal también reconoce en su auto el "esfuerzo y la laboriosidad" de la instructora durante la investigación.

Desde el inicio de la causa, Ruiz ha rechazado investigar tanto a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, como al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pese a que lo han solicitado varias partes personadas. La togada no aprecia la existencia de un "apagón informativo" ni considera que la responsabilidad pueda extenderse más allá de la Generalitat, ni hacia la Administración del Estado ni hacia la local.

De este modo, tras quedar descartada la opción de investigar a Mazón, la instrucción se centrará en los próximos meses en la práctica de las diligencias pendientes, entre ellas la declaración de testigos y la incorporación de informes periciales, si bien no cabe esperar cambios significativos en la situación procesal de los investigados, ni tampoco nuevas imputaciones.