El juez que instruye el caso Koldo, Ismael Moreno, ha ampliado la investigación a cuatro empresas más ante la sospecha de que pudieron participar en la canalización de fondos irregulares en adjudicaciones de obra pública.

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En concreto, el magistrado ha puesto el foco en Aquaterra Servicios Infraestructuras, Ferrovial Construcción, Tecade y Freyssinet, a las que ha solicitado información bancaria a más de una treintena de entidades, a petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.

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Según el auto, el objetivo es esclarecer si estas compañías, en colaboración con Acciona a través de uniones temporales de empresas (UTE), pudieron ser utilizadas para canalizar fondos que habrían acabado en manos de los investigados en la trama, recogido por EFE.

La investigación se centra en un presunto sistema de adjudicación irregular de contratos públicos con el fin de obtener beneficios económicos. En esta pieza separada de la causa hay catorce investigados, entre ellos el exministro José Luis Ábalos y el exdirigente socialista Santos Cerdán.

Las empresas bajo análisis participaron en varios proyectos de infraestructuras, como un tramo de la autovía A-68 en La Rioja, el Puente Centenario de Sevilla, el soterramiento ferroviario de Murcia y el corredor de alta velocidad Murcia-Almería.

La Fiscalía también ha puesto el foco en las relaciones económicas entre Acciona y la empresa navarra Servinabar, cuyos ingresos procedían en más de un 75 % de transferencias vinculadas a la constructora o a UTE en las que participaba.

Además, se investiga una operación sospechosa relacionada con el exdirector general de Carreteras Javier Herrero, quien recibió una transferencia de 25.440 euros de Aquaterra y posteriormente movió parte de esos fondos a otra cuenta.

Por su parte, Acciona ha remitido a la Fiscalía un informe interno en el que sostiene que, en general, los servicios prestados por Servinabar estaban justificados y formalizados mediante procedimientos bancarios. No obstante, reconoce dos casos en los que no ha podido acreditar la prestación efectiva de los servicios facturados.

La compañía subraya que su investigación es limitada y que no puede determinar si empleados o exempleados se beneficiaron económicamente, aunque asegura que, en cualquier caso, no se habría visto comprometido dinero público, sino fondos propios de la empresa.