El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha señalado este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "el principal desafío" al que se enfrenta la economía española a raíz de la guerra en Irán y del cierre del estrecho de Ormuz será "el impacto que tendrá en los precios". No obstante, en paralelo ha defendido que la situación económica actual "dista de ser la misma" que la vivida tras el inicio de la guerra en Ucrania, por lo que el Gobierno está preparando un paquete de medidas "proporcional" en un contexto de "enorme incertidumbre" que exige "prudencia y flexibilidad para ir adaptando la respuesta a cómo se vayan desarrollando las cosas", ha concluido el ministro.

En este sentido, la diferencia clave radica en el punto de partida. El último dato disponible del IPC (Índice de Precios al Consumo) es de febrero, cuando la inflación se situó en el 2,3%, prácticamente en el entorno del objetivo del 2% del Banco Central Europeo; frente al 6,1% registrado en enero de 2022, en la antesala de la invasión rusa de Ucrania —es decir, una tasa casi tres veces inferior—. Entonces, los precios se encontraban tensionados por los cuellos de botella generados por los confinamientos de la pandemia, lo que amplificó el impacto de la guerra con los cortes de suministro del gas ruso y la paralización comercial de Ucrania. De esta forma, apenas dos meses después de la invasión rusa, la inflación se disparó en España hasta el 9,8% y, a lo largo de 2022, el índice alcanzó cifras de doble dígito.

En esta ocasión, los datos apuntan a una situación más contenida aunque las primeras señales de traslación a los precios ya son visibles. El propio ministro de Economía ha reconocido que, desde el inicio del conflicto, el precio de la gasolina ha aumentado un 16%, el del gasóleo un 28% y el de los fertilizantes entre un 40% y un 50%, lo que anticipa un efecto en cadena sobre el conjunto de la economía. En este sentido, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo, Rafael Pampillón, explica para El Independiente que este tipo de shock energético-alimentario termina trasladándose al conjunto de los precios: "La gasolina es solo el principio, pero todavía no se ha transmitido a los productos finales", subraya.

Además, Pampillón recuerda que España parte de una posición más débil que la media europea: "Todavía estamos medio punto por encima del IPC armonizado", lo que incrementa la vulnerabilidad ante un repunte inflacionista. Y en esta línea, Funcas publicó la semana pasada unas previsiones no muy halagüeñas. En su escenario central, el dato del IPC podría "llegar al 3,6% en marzo y superar el 4% en los meses posteriores", para empezar a reducirse "a partir de junio". No obstante, en un escenario en el que el conflicto se prolongase, las tasas podrían situarse "todo el año por encima del 4,5%".

"La inflación es el impuesto de los pobres"

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es que el impacto de la inflación no será homogéneo. "Los que más sufren por la inflación son los que gastan lo que ganan", explica Pampillón. El catedrático incide en que el encarecimiento de la energía y los alimentos dejan poco margen de ajuste a los hogares, especialmente a aquellos con menor renta, que destinan una mayor parte de sus ingresos a los productos básicos.

Y es que, a diferencia de lo ocurrido en 2022, cuando las familias contaban con un colchón de ahorro acumulado por el confinamiento, el contexto actual es distinto: "Ahora ese margen es mucho menor". A lo que añade, en alusión a la cita del economista Milton Friedman: "Al final, la inflación es el impuesto de los hogares pobres", ya que el aumento de los precios erosiona con mayor intensidad el poder adquisitivo de quienes menos capacidad tienen para protegerse.

Además, hay que sumar un factor demográfico nuevo con el que no se contaba en 2022: casi dos millones de trabajadores extranjeros han llegado a España, que en muchos casos se emplean en trabajos de baja cualificación con salarios bajos, lo que amplía el número de hogares expuestos a este tipo de shocks. Así, aunque el Gobierno insista en que España está ahora mejor preparada —con mayor soberanía energética y menor dependencia exterior—, lo cierto es que también cuenta con un número mayor de hogares expuestos a un repunte inflacionista. Circunstancia que anticipa también una mayor presión para desplegar nuevas medidas de apoyo y que se traducirá en un aumento del gasto público.

De hecho, BBVA Research advertía este lunes de que la guerra en Irán puede suponer "un impulso fiscal adicional", en un momento en el que las cuentas públicas ya están tensionadas. En este sentido, organismos como Fedea o la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) llevan alertando de que la Administración Central apenas dispone de margen, en un contexto marcado por el aumento estructural del gasto en pensiones, defensa e intereses de la deuda, además de la propia reconfiguración del sistema de financiación autonómica con el que se pretende ceder mayor porcentaje recaudatorio de impuestos para las Comunidades Autonómas.