La secuencia de correos internos del Grupo Tragsa del 21 de abril de 2021 revela una llamada dirigida a la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, en la que se trasladaba una queja por el trato que estaba recibiendo Jessica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos. Según un informe pericial al que ha tenido acceso El Independiente, en esa comunicación se reprochaba que Tragsa estaba “obligando a Jessica a hacer muchas cosas”.

La conversación en la que se hace referencia al trabajo de la ex de Ábalos está en una cadena de mensajes de correo electrónico fechada ese mismo intercambiada entre varios empleados del grupo público. En uno de esos mensajes, Virginia Barbancho, la supervisora del proyecto en el que estaba trabajando Jessica, recoge el contenido de la llamada trasladada a la cúpula de ADIF. “Por otra parte Ignacio me ha contado que ya han llamado a la presidenta de ADIF para decirle que ‘qué pasa con Tragsa que le estamos obligando a Jessica a hacer muchas cosas’”.

El “Ignacio” al que se refiere el correo ha sido identificado como Ignacio Zaldívar García, la persona de ADIF encargada de coordinar directamente el trabajo con Tragsa. Su papel resulta relevante porque sitúa la queja en un canal oficial de comunicación entre ambas entidades. Según el propio mensaje, Zaldívar restó importancia al episodio, “se ha reído y no le da ninguna importancia, pero me lo dice para que seamos conscientes de qué va esto”.

Irregularidades en los fichajes

El episodio de la llamada no fue un hecho aislado. El informe pericial enmarca esta situación en un contexto más amplio de “irregularidades significativas en materia de fichajes” por parte de Jessica Rodríguez. Los sistemas internos de control detectaron anomalías reiteradas en el registro horario, pero, según la investigación, no se adoptaron medidas para corregir ese hecho de forma eficaz.

Estas incidencias fueron comunicadas a la responsable directa, María Caridad Martín Palacios, pero no se elevaron a niveles superiores de la organización. Como consecuencia, las medidas disciplinarias o de control quedaron bloqueadas.

La situación se agravó semanas después. En mayo de 2021, la misma responsable habría recibido un correo con una instrucción clara: “hay un tal SB molestando a JR, que lo paren”. El mensaje hacía referencia a Sergio Bote, encargado de supervisar los fichajes y de contactar con los empleados que incumplían los registros horarios.

La responsable recuerda en el documento que procedía del propio Zaldívar. A partir de ese momento, y en paralelo a “indicaciones desde Presidencia de ADIF para que se redujera la carga de trabajo de esta persona”, el control sobre los fichajes de Rodríguez se relajó de forma notable.

Sospechas de fraude

Las dudas no se limitan al control horario. En otra comunicación interna, Barbancho planteó abiertamente la posibilidad de que determinadas decisiones contractuales pudieran constituir un “fraude de ley”.

El contrato de Jessica Rodríguez, bajo la modalidad de “tareas o circunstancias de la producción”, no permitía modificar el lugar de trabajo. Sin embargo, se estudió una novación contractual impulsada desde el entorno de ADIF. “¿Esto podría ser un fraude de ley?”, se preguntaba Barbancho en uno de los correos, reflejando la inquietud interna.

El proceso de selección también presenta irregularidades relevantes. Según la investigación, todos los candidatos incorporados a la vacante analizada fueron previamente propuestos por Ignacio Zaldívar. Procedían de la empresa pública INECO y ya trabajaban para el mismo cliente, ADIF.

En el caso concreto de Jessica, su incorporación a Tragsatec se produjo inmediatamente después de finalizar su contrato en INECO. Además, no se realizó la entrevista técnica obligatoria, incumpliendo las instrucciones internas de Recursos Humanos. Este conjunto de circunstancias refuerza la hipótesis de un proceso dirigido y carente de los controles habituales.

“Deficiencias” y presión externa

La Unidad de Cumplimiento del Grupo Tragsa ha sido contundente en sus conclusiones. El informe identifica “diversas deficiencias en cada una de las fases del proceso analizado”, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión.

Entre los principales problemas detectados figuran el “control discrecional en la propuesta de candidatos”, la ausencia de la entrevista técnica obligatoria y las “carencias en la supervisión de la presencia y desempeño de la trabajadora”.

El documento subraya además un elemento clave, la “presión ejercida por el cliente”, en referencia a ADIF, como factor determinante en la relajación de los controles internos.