Mientras el Ministerio del Interior ha desplegado medidas de seguridad para proteger a la agente que ha denunciado por presunta agresión sexual al ex Director Adjunto Operativo (DAO), José Ángel González, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid ha rechazado imponer la medida cautelar que pidió la pasada semana el abogado de la denunciante, que consistía en la prohibición de comunicación.

Esta situación deja a la víctima en una especie de "limbo" jurídico-administrativo. Por un lado, el Estado reconoce un riesgo lo suficientemente tangible como para asignarle una escolta policial; por otro, el magistrado titular del juzgado, David Maman, no ha apreciado un peligro que justifique blindar su entorno digital y personal frente a posibles contactos del investigado hacia la agente.

El juez, tras tomar declaración a ambas partes el pasado martes, ha decidido desoír la petición de la acusación que pedía la prohibición de las comunicaciones entre el exDAO y la denunciante. La Fiscalía, por su parte, se ha alineado con la tesis del juez y no ha pedido orden de alejamiento al no apreciar "subordinación" o "acercamiento".

Esta negativa ha caído como un jarro de agua fría en el entorno de la denunciante, especialmente cuando los hechos relatados en la querella describen una "dinámica de poder jerárquico" que, presuntamente, habría sido utilizada para forzar un encuentro en la vivienda oficial del mando policial el pasado 23 de abril de 2025.

La protección de Interior

Frente a la negativa judicial de prohibir las comunicaciones entre ambos, aparece la diligencia del Ministerio del Interior. La denunciante cuenta con protección oficial, una medida que el departamento de Fernando Grande-Marlaska propuso a la denunciante al saberse que su identidad había sido puesta en común entre diferentes grupos de policías. Ella aceptó la protección del ministerio, por lo que su abogado, Jorge Piedrafita, sólo pidió la medida cautelar que se basaba en la prohibición de las comunicaciones ya que, según el propio abogado "es la única medida que no cubre Interior". 

Ante lo que consideran una desprotección judicial, la defensa no se va a quedar de brazos cruzados. Según ha podido saber El Independiente, el abogado de la víctima tiene intención de recurrir la decisión del juez de denegar la prohibición de las comunicaciones.

Para la defensa, resulta incomprensible que se mantenga abierta una vía de contacto directa o indirecta por parte de quien ostentaba la máxima autoridad operativa del cuerpo hacia una subordinada que ha denunciado hechos de extrema gravedad. 

El miedo a las filtraciones

La batalla legal no solo se libra en el terreno de las medidas cautelares, sino también en el de la privacidad. La denunciante ha solicitado formalmente al juez la "plena reserva" de todo el material probatorio entregado: audios, listados de llamadas y pantallazos de WhatsApp que, según la querella, acreditarían el acoso y la agresión.

Además, la preocupación es máxima tras la reciente filtración de la identidad de la agente. Por ello, su defensa ha pedido que el acceso a estas pruebas se realice únicamente en sede judicial y bajo la presencia de la Letrada de la Administración de Justicia. Paralelamente, el letrado también ha solicitado que se abra una pieza separada para investigar la filtración del nombre de la agente cuando la causa estaba bajo reserva, al considera que se podría haber producido un delito de revelación de secretos.

Precisamente, la presunta víctima aceptó la protección policial de Interior tras ofrecérsela la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional, Gemma Barroso, quien asumió de forma provisional las funciones de DAO hasta el nombramiento del comisario principal José Santafé Arnedo, que inició su mandato el 13 de marzo.

Acusado también de un delito de coacciones

El escándalo, que ha sacudido la cúpula de la Policía Nacional, se centra en la investigación judicial a González por una presunta agresión sexual a una inspectora subordinada. Tras admitirse a trámite la querella, el entonces alto mando dimitió de su cargo.

En este proceso el juez también investiga otros posibles delitos, ya que la querella incluye acusaciones de "coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad".

En su comparecencia ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, el ya exDAO ha negado rotundamente los hechos, acusando a la presunta víctima de haber tomado acciones legales por "celos". Así, sostiene que la acusación es falsa y que responde a motivos personales espurios por parte de la agente. "Me han destrozado la vida personal, familiar y profesional por algo que no he hecho en absoluto".

La instrucción continúa ahora con el análisis de las pruebas, entre las que destaca un audio grabado el día de los hechos que ambas partes interpretan de forma opuesta.