En diciembre de 2025, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presidió la primera reunión del Consejo de Memoria Democrática. Este órgano consultivo, previsto en la Ley de Memoria Democrática de 2022, está formado por representantes de asociaciones memorialísticas, sindicatos, patronales y altos funcionarios de doce ministerios. También por dos "profesionales de reconocido prestigio" distinguidos "por sus actividades en el campo de la recuperación de la memoria democrática" y elegidos por el Gobierno: en este caso, Cristina Almeida, expolítica adscrita a IU y el PSOE, "abogada y activista" y "referente en derechos civiles y memoria democrática", y Baltasar Garzón Real, "jurista y abogado con reconocida experiencia en la defensa de los derechos humanos", exmagistrado expulsado de la carrera judicial en 2012 tras ser condenado por un delito de prevaricación por las escuchas del 'caso Gürtel'.

El Consejo tiene como misión hacer seguimiento del Plan de Memoria Democrática y del "plan plurianual de búsqueda, localización, exhumación e identificación" de víctimas del franquismo, así como elaborar informes y recomendaciones que contribuyan al desarrollo de la Ley de Memoria Democrática. Pero su prioridad era constituir una Comisión sobre violaciones de los derechos humanos, "también llamada 'Comisión de la Verdad'" –en terminología adoptada de los procesos de justicia transicional de América Latina– con la finalidad de "contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra y la dictadura, como forma de favorecer la convivencia democrática, mediante la recepción de testimonios, información y recopilación de documentos y otros antecedentes que permitan, con objetividad e imparcialidad, la elaboración de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas y evitar que tales hechos vuelvan a repetirse en el futuro".

Todo queda en casa

Pues bien, este miércoles, el Consejo de Memoria Democrática, con el ministro Ángel Víctor Torres a la cabeza, anunciaba la composición de "la llamada 'Comisión de la Verdad'". Y sorprendentemente su presidente será Baltasar Garzón, miembro del mismo Consejo de Memoria Democrática encargado de constituirla y de elegir a sus componentes. La designación de la Comisión y de su presidente requería de un acuerdo adoptado por mayoría de tres quintos. Esto es, 20 de los 33 miembros. Justo la mayoría que forman los 17 representantes del Gobierno, el propio Garzón, su amiga Cristina Almeida y la hija del exmagistrado, María Garzón Molina, vocal del Consejo de Memoria Democrática en calidad de presidenta de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, una de las "entidades memorialistas" representadas en el Consejo de Memoria Democrática. Aunque probablemente le sobraron los votos y el consejo rozó la unanimidad a la hora de votar una propuesta cerrada y puesta sobre la mesa por el propio Garzón.

Su nombramiento estaba, pues, atado y bien atado. Y consolida una extraña diarquía en la cúspide de la Memoria Democrática, dado que su mujer, la ex ministra de Justicia y exfiscal general del Estado Dolores Delgado, es, precisamente, fiscal de Sala Coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía, una figura creada expresamente para ella por el Gobierno en junio de 2023. Aunque el vínculo matrimonial obligaría a Delgado a abstenerse en caso de tener que asumir un procedimiento propuesto por la Comisión de la Verdad presidida por su marido en virtud del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial –tal y como señalaba este viernes el periodista Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital–, Garzón y Delgado dominan hoy, un área, la de Memoria Democrática, que constituye una prioridad política para este Gobierno.

Siguiendo el modelo latinoamericano

El núcleo de esta Comisión de la Verdad –que como decíamos asume desde su mismo nombre el modelo latinoamericano de justicia transicional para esclarecer las violaciones de derechos humanos durante las dictaduras militares y que Garzón lleva años tratando de aplicar en España–, está formado por diez miembros: el catedrático de la Universidad de Zaragoza y miembro del comité científico de España en Libertad Julián Casanova; el abogado y político socialista Manuel de la Rocha Rubí –padre del director de la Oficina Económica del Gobierno, Manuel de la Rocha Vázquez–; el catedrático de Historia de la Universidad de Oviedo Francisco Erice; la catedrática de Derecho Penal de la UCM Araceli Manjón-Cabeza; el catedrático de Derecho de la Universidad de Sevilla Sebastián Martín, la politóloga y tertuliana Cristina Monge; la investigadora argentina Silvina Romano; la profesora de la Universidad de Leiden Helen Duffy, y María Alejandra Vicente, cuyas credenciales no ha sido posible esclarecer en el momento de la publicación de este artículo.

Pese a que el Gobierno da la comisión por constituida, miembros de la misma han reconocido a El Independiente que su nombramiento oficial no se ha producido, y que todavía no se han establecido ni los plazos ni criterios de trabajo ni las fechas de reunión.

La comisión, auxiliada por otros 20 vocales –"expertos y expertas en derechos
humanos, politólogos, historiadores, comunicadores nacionales e
internacionales que harán posible un buen diagnóstico de la España de
esa época"– trabajará bajo los principios de "verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición", y su encargo central será la elaboración de un informe final con conclusiones y recomendaciones en un plazo de 18 meses. Para ello, estructurará sus trabajos en varios ejes: violencia letal y desapariciones, sistema represivo, represión económica, violencias de género, exilio, represión cultural y las consecuencias actuales de la dictadura. Siempre según los modelos latinoamericanos. Se trata de sistematizar, explica la nota del ministerio, el conocimiento existente sobre la guerra y el franquismo y profundizar en los aspectos menos investigados, incorporando testimonios, documentación y análisis comparados. Entre las líneas de trabajo previstas figura una subcomisión específica dedicada al Patronato de Protección a la Mujer. El Gobierno recuerda que esta institución del franquismo confinó a miles de menores, “sin haber cometido ningún delito tipificado”, y sitúa su estudio dentro del enfoque sobre violencias de género que la comisión pretende desarrollar.

Garzón dirigirá así los trabajos de una Comisión elegida por un Consejo del que forma parte, y que emana de una norma, la Ley de Memoria Democrática, que asume en parte su doctrina fallida sobre los crímenes del franquismo. En 2008, como juez de la Audiencia Nacional, Garzón se declaró competente para investigar las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura, calificándolas de crímenes contra la humanidad y por tanto imprescriptibles y no amnistiables. Entonces, la Fiscalía y la Sala de lo Penal de la Audiencia se opusieron esgrimiendo la Ley de Amnistía de 1977. No obstante, el sindicato Manos Limpias denunció a Garzón por prevaricación. El Supremo le absolvió en 2012, pero también cerró la posibilidad de juzgar los crímenes del franquismo por la vía penal. Pero desde entonces Garzón no se ha resignado. La aprobación de la Ley de Memoria Democrática fue un primer triunfo. Su inserción en el aparato consultivo del ministerio, un nuevo paso.