Los españoles lideran las quejas ante la Unión Europea por el funcionamiento del Estado de Derecho

Los ciudadanos españoles son los que más recurren al Parlamento Europeo para denunciar problemas relacionados con el funcionamiento del Estado de Derecho en sus países. Así lo reflejan los últimos datos disponibles de la Eurocámara, que sitúan a España a la cabeza de las peticiones registradas en 2022, dentro de un mecanismo que permite a los ciudadanos trasladar directamente sus quejas a las instituciones comunitarias.

En concreto, España acumuló 199 peticiones dirigidas a la Comisión de Peticiones (PETI), una cifra que la coloca por delante de Alemania (139) y muy por encima de Francia (39) o Italia (71). La diferencia no es menor: España supera con claridad a las principales economías de la Unión Europea (UE), que tradicionalmente suelen concentrar un mayor volumen de actividad institucional.

Los datos que han sido consultados por este periódico cobran aún más relevancia si se pone en relación con la población. Alemania tiene prácticamente el doble de habitantes que España, mientras que Francia e Italia cuentan con alrededor de un 50% más. Aun así, todos ellos registran menos peticiones, lo que sugiere que, en proporción, los ciudadanos españoles acuden con más frecuencia a Bruselas para trasladar sus reclamaciones.

Las peticiones al Parlamento Europeo son una vía formal reconocida en los tratados que permite a los ciudadanos de los Estados miembros denunciar incumplimientos del Derecho comunitario, plantear quejas o solicitar la intervención de las instituciones europeas en asuntos que les afectan directamente. Se trata, según indica la propia UE, de un instrumento que conecta de forma directa a los ciudadanos con el funcionamiento de la Unión, que en la práctica funciona como una puerta de entrada para que problemas de ámbito nacional acaben siendo examinados a nivel europeo.

España no solo encabeza la lista, sino que lo hace con una ventaja considerable respecto al resto de países. Tras los 199 escritos españoles aparecen Alemania (139) y Polonia (101), seguidos de otros Estados como Rumanía (59) o Grecia (54), lo que dibuja un mapa en el que España destaca con claridad sobre el conjunto.

El informe apunta que muchas de estas peticiones están vinculadas a ámbitos especialmente sensibles, como los derechos fundamentales, el medio ambiente o la justicia. Se trata de sectores donde los ciudadanos perciben con mayor intensidad posibles fallos en la aplicación de la normativa europea o en la actuación de las administraciones nacionales.

En total, la Comisión de Peticiones tramitó 1.217 escritos en 2022, una cifra que se mantiene en niveles elevados y que responde a una tendencia creciente en los últimos años. Este aumento se explica, en parte, por la digitalización del sistema y por una mayor conciencia de los ciudadanos sobre las vías disponibles para hacer valer sus derechos ante las instituciones europeas.

España, a la cabeza de peticiones

Durante la legislatura 2019-2024 se tramitaron tramitó 6.991 peticiones, con un volumen anual que se ha mantenido por encima del millar —1.357 en 2019, 1.573 en 2020, 1.392 en 2021, 1.217 en 2022 y 1.452 en 2023—. Estas quejas abarcan un amplio abanico de materias, desde derechos fundamentales hasta medio ambiente, salud, justicia o empleo y, según indica la propia UE, en no pocos casos han terminado teniendo consecuencias reales, como iniciativas legislativas, actuaciones políticas o incluso procedimientos de infracción contra Estados miembros.

Las peticiones son por tanto una especie de termómetro ciudadano sobre el funcionamiento del Estado de Derecho en los distintos países de la Unión. Aunque no todas las quejas implican irregularidades, sí permiten detectar patrones, preocupaciones recurrentes y ámbitos en los que los ciudadanos perciben déficits.

El liderazgo de España abre, en este sentido, varias interpretaciones posibles. Puede reflejar una mayor conflictividad en determinados ámbitos, pero también una ciudadanía más activa o más acostumbrada a utilizar los mecanismos europeos como vía de presión cuando considera que sus problemas no encuentran respuesta suficiente en el ámbito nacional.