Macrocausa o investigaciones separadas: la Audiencia de Madrid decide en abril el futuro del 'caso residencias'

La Audiencia Provincial de Madrid resolverá el próximo 16 de abril si las causas judiciales abiertas por los fallecimientos de ancianos en residencias de la Comunidad durante la pandemia deben unificarse en una única 'macrocausa' o continúan su curso por separado en decenas de juzgados de toda la región, según confirman fuentes jurídicas a El Independiente.

Ese día, la Sección 1ª deliberará sobre el recurso presentado por las familias de los fallecidos contra el auto en el que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid rechazó acumular en su causa las diligencias que también se siguen en los juzgados de otros municipios madrileños, como Navalcarnero, Valdemoro o Collado Villalba.

En su resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, la magistrada María Isabel Durántez sostiene que cada procedimiento se refiere a una víctima distinta y está marcado por circunstancias médicas, asistenciales y personales específicas que deben analizarse de forma individualizada. "De ahí que no se acceda a la acumulación de pretendida", precisa.

El Ministerio Fiscal, sin embargo, ha respaldado la petición de las familias, calificando la situación actual de "caótica" y perjudicial tanto para las víctimas como para los investigados.

En esta línea, las familias sostienen que todos los procedimientos comparten un mismo elemento central: que a los fallecidos se les habrían aplicado los llamados protocolos de no derivación hospitalaria desde las residencias durante la primera ola de la pandemia. Según defienden en su recurso, la fragmentación de los procedimientos dificulta investigar el origen y la aplicación de esas decisiones y obliga a los implicados a declarar repetidamente en distintos juzgados por los "mismos" hechos.

La denuncia de 109 familias

El origen de este escenario se remonta a octubre de 2024, cuando 109 familias de fallecidos presentaron, a través de la asociación Marea de Residencias, una denuncia colectiva ante la Fiscalía. La querella señalaba al que fuera director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur de Viú; a su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo; al exasesor sanitario Antonio Burgueño; y al responsable del servicio de ambulancias durante la pandemia, Pablo Busca, atribuyéndoles una "política discriminatoria" en el acceso a la sanidad. 

Según recoge el escrito de la jueza Durántez, la Fiscalía optó entonces por desglosar las actuaciones e incoar diligencias respecto a cada uno de los denunciantes por separado, remitiéndolas a los juzgados donde ya se tramitaban procedimientos relacionados con cada fallecimiento. El delito que centra la mayor parte de las investigaciones es el denegación discriminatoria de un servicio público.

Fue en ese contexto cuando varios de esos juzgados comenzaron a remitir sus causas al Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid para su posible acumulación. Sin embargo, la magistrada titular rechazó asumir esos procedimientos al considerar que cada fallecimiento debía analizarse de forma individual y que una instrucción conjunta de todos los casos resultaría difícilmente manejable desde el punto de vista procesal.

Dos resoluciones de distintas secciones

La cuestión llegó entonces a la Sección 16ª de la Audiencia Provincial, que respaldó el criterio de la jueza y rechazó la inhibición planteada por otro juzgado, al entender que cada fallecimiento debía vincularse a sus circunstancias concretas. En su resolución, emitida en diciembre de 2025 y consultada por este periódico, los magistrados advertían además de que una investigación que pretendiera englobar todos los fallecimientos denunciados podría resultar "inabarcable".

No obstante, las familias recurrieron el auto de la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Madrid con el apoyo de la Fiscalía, y esa cuestión es la que deberá resolver el 16 de abril la Sección 1ª de la Audiencia Provincial.

La decisión no es menor. Si la Sala confirma el criterio de la magistrada Durántez, el 'caso residencias' seguirá avanzando a través de decenas de procedimientos paralelos repartidos por distintos partidos judiciales de la Comunidad. Pero si opta por estimar el recurso de las familias y ordenar la acumulación —total o parcial— de las causas, podría abrirse un escenario procesal más complejo, ya que existirían dos resoluciones de distintas secciones de la misma Audiencia con criterios divergentes sobre una misma cuestión.

En ese caso, según apuntan fuentes jurídicas consultadas por este medio, si alguna de las partes recurriera la decisión, correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) resolver el conflicto en última instancia.

Investigación por prevaricación en Getafe

Paralelamente, mientras la Audiencia se prepara para dictar su resolución, el caso sigue creciendo en los juzgados madrileños. Esta misma semana, el titular de la plaza número 3 del Tribunal de Instancia de Getafe admitió parcialmente una ampliación de denuncia presentada por el PSOE para incorporar un delito de prevaricación al procedimiento que instruye por la muerte de una mujer en la Residencia Geriátrica Los Ángeles.

Así, el auto —al que ha tenido acceso este periódico— admite investigar también por prevaricación a Carlos Mur por la orden que habría transmitido al Hospital de Getafe y al centro geriátrico, así como la participación que en ello habría tenido Martínez Peromingo.