Nuevo capítulo en la crisis interna que está revolucionando a Vox estas semanas. Este viernes el entonces vicepresidente del Comité de Garantías del partido, organismo que debe velar por el buen funcionamiento de la organización y la preservación de los derechos de los afiliados, anunció su salida y acusó de malas prácticas a los de Santiago Abascal y a su dirección en Bambú. José Francisco Garre, además de ser el dos en ese área de Vox es portavoz del partido en el Ayuntamiento de Torre Pacheco. En concreto, denunció "presiones" y la percepción de comportamientos "cuasi mafiosos" por parte de esa cúpula nacional.

La noche del jueves al viernes, después de acordar en un pleno horas antes una coalición con el PP en la localidad lo que resta de legislatura. Y asumía el rol de "independiente" hasta fin de mandato. La decisión llegó después de "quince días brutales" de presión por parte de Madrid, después, dice Garre, de la expulsión de José Ángel Antelo -a la que se abstuvo dentro del Comité de Garantías, por su amistad- y después de haberse negado a una expulsión de Iván Espinosa de los Monteros que ve injustificada. Bambú aseguró desconocer nada sobre ese pacto hasta que se plasmó en la prensa el viernes. Lo que ha incendiado la relación.

Solventado el trámite, compartió en X una instantánea de su carnet de afiliado, cortado en dos pedazos junto a unas tijeras: "¡Hasta aquí!". Poco después, añadió una fotografía en la que salía acompañado de Espinosa de los Monteros y de Antelo, en la que aseguraba ir "¡Sin miedo a nada ni a nadie!".

Garre denuncia "ordenes no legítimas"

Al calor de su salida, en diferentes medios, Garre denunció haber recibido "ordenes no legítimas" de acuerdo a su papel en el Comité de Garantías, sobre todo en este tiempo en el que se han fomentado las salidas de Ortega Smith, Antelo y de Espinosa de los Monteros, estas dos últimas en proceso con expediente interno abierto aún.

Garre, que presume de haber posicionado a Vox en Torre Pacheco, aseguró el viernes a El Español en su delegación en Murcia que Garantías ha pasado a ser un órgano dependiente de la secretaria general adjunta, Montserrat Lluís. "De un tiempo a esta parte he notado un cambio en la forma de funcionar del Comité. Antes, las denuncias eran de afiliado a afiliado, o de un coordinador a un concejal. Pero en los últimos meses, veo que prácticamente todas las denuncias parece que vienen" de Lluís, explicó Garre. Añadió que aunque a veces "no te nace poner esa resolución", debes hacerlo "porque de lo contrario el expulsado eres tu o van a tomar medidas en tu contra".

El exvicepresidente de Garantías critica el planteamiento de las expulsiones de Antelo y Ortega, entre otros. Creen que el partido no puede obligar a dimitir a alguien, "puede cesarlo", y ve que eso conlleva a un descontento del personal que les lleva a la denuncia mediática. Eso rompe una de las directrices de los estatutos, que es no manchar la imagen de la formación. Eso, dice, les deja en una situación complicada a la hora de decidir.

Garre también concedió una entrevista este lunes a El País en la que profundiza. Esa abstención en la decisión con Antelo ya abrió una brecha con el partido a lo que se suma el pacto con el PP. Denuncia que a Ortega se le ha acosado hasta que ha explotado ante la prensa. "En su caso prima la libertad de expresión".

Denuncia un giro en la independencia de ese Comité de Garantías desde la reelección de Abascal en enero de 2024. La propia Lluís no cumplía con los requisitos para formar parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), pero la dirección la exime y la incorpora, dice. La situación "más surrealista" se produce entre finales de 2024 y principios de 2025, cuando llega una denuncia contra Espinosa -en el momento en el que está preparando su fundación Atenea tras su salida en agosto de 2023- por supuesto tráfico de influencias. Dentro de Garantías "todos excepto una estábamos de acuerdo en que ahí no había infracción alguna", pero tras hacer una resolución exculpatoria Vox la echa para atrás. "Nos hacen volver a deliberar una y otra vez".

Garre denuncia que incluso en una de las reuniones entra el responsable del Comité de Cumplimiento, Juan de Dios Dávila, y éste les presiona insistiendo en que hay infracción. "Nos presentan un informe jurídico de un abogado externo al que se ha contratado para que digan que, en contra de la opinión del fiscal, que ha archivado dos veces la denuncia, la conducta de Espinosa puede considerarse delito. Como si eso pudiera impresionarnos a nosotros, que también somos abogados. Al final, pese a las presiones, nos mantenemos firmes y no se le sanciona". No le ha dado tiempo a profundizar en la nueva reclamación de expulsión abierta por el partido contra Espinosa el lunes pasado.

Vox le acusa de corrupción: 8.480 euros sin justificación

Nada más anunciar Garre su salida el viernes y arremeter contra sus excompañeros, por esas prácticas, Vox lanzó un comunicado contundente en el que se le acusa de ir por libre, no comunicar ese acuerdo con el PP, por lo que le llaman "traidor", y de no justificar pagos.

"Hace unas semanas se le requirió desde la dirección para que justificara el pago de 8.480 euros que le fue realizado por orden del entonces portavoz en la Asamblea [de Murcia], Antelo, apenas días antes de que este traicionara también a Vox", indica el comunicado. "Pese a que Garre se comprometió a justificar este ingreso y otro por idéntico importe realizado por igual procedimiento en julio de 2025, este compromiso nunca se cumplió", se añade.

En esa entrevista de este lunes, Garre reconoce que ese acuerdo con Pedro Ángel Roca, el alcalde del PP de Torre Pacheco, no fue consultado a la dirección del partido, pero afirma que contaba desde hace tiempo con la aprobación para este tipo de movimientos. Defiende que el proceso es similar al de pactos en Cartagena, Lorca, Molina de Segura o La Unión. Se justifica también indicando que el partido era favorable al bloqueo municipal mientras que la situación era "desesperada".

"Había contratos importantes como los de recogida de residuos sólidos, el mantenimiento de parques o jardines, o el agua, que han venido venciendo o están a punto de hacerlo", traslada. Además, involucra en la decisión a otras compañeras de partido que "estuvieron de acuerdo" en ese pacto. "La pasada legislatura teníamos cierta libertad, pero ahora el partido funciona manu militari".

Tras las acusaciones de Vox, Garre ha confirmado que prepara una querella por injurias contra el partido por el intento de manchar su honorabilidad. No sabe quién ordenó las transferencias, dice, pero sí que responden a un acuerdo alcanzado en 2023 con el ahora portavoz de la Asamblea murciana, Rubén Martínez Alpañez, quien se habría comprometido a pagarle una igual por prestar asesoramiento jurídico a los concejales del partido en la autonomía, así como por elaborar informes y borradores de proyectos ley, y dirigir procedimientos judiciales a nivel autonómico y nacional.