La Asociación de Fiscales ha advertido de la existencia de un "déficit estructural" en la plantilla de la Fiscalía y de la ausencia de una estrategia eficaz de recursos humanos, una situación que, a su juicio, compromete el funcionamiento del sistema judicial y la adecuada tutela de los derechos de los ciudadanos. Igualmente, en un comunicado emitido este martes, reclama un cambio profundo en el modelo de planificación.

La asociación pone el foco en las reformas legislativas en curso, especialmente en la posible atribución al Ministerio Fiscal de la dirección de la investigación penal. Este cambio exigiría un incremento "notable" de efectivos y una reorganización estructural que, por ahora, no está acompañada de una previsión clara de recursos humanos.

Igualmente, subrayan que hasta ahora la política de incorporación de nuevos fiscales se ha basado casi exclusivamente en la tasa de reposición (cubrir las vacantes generadas por jubilaciones o bajas), un criterio que consideran insuficiente. Esta dinámica, sostienen, ha provocado desajustes entre las necesidades reales del servicio y el número de plazas ofertadas.

Asimismo, critican que los anuncios de creación de nuevas plazas no vayan acompañados de un estudio riguroso sobre la carga de trabajo o las necesidades territoriales y reclaman que la distribución de fiscales se base en criterios objetivos como la litigiosidad, la población o el número de asuntos por fiscal.

La Asociación de Fiscales señala problemas concretos como la sobrecarga de trabajo en determinadas fiscalías y la situación de "expectativa de destino" en la que permanecen algunos nuevos fiscales tras superar la oposición. A su juicio, estos efectos evidencian la falta de una planificación adaptada a la realidad del sistema.

Advierte igualmente del incremento sostenido de la carga de trabajo y de la creciente complejidad de los procedimientos, factores que están tensionando el funcionamiento ordinario de las fiscalías. Por ello, considera "imprescindible" reforzar la plantilla para garantizar una respuesta eficaz del sistema de justicia.

Por último, la asociación insiste en la urgencia de implantar un modelo flexible y a largo plazo que tenga en cuenta factores como el envejecimiento de la plantilla y el previsible aumento de jubilaciones. Solo así será posible anticipar necesidades, evitar soluciones improvisadas y garantizar un funcionamiento más eficiente y equilibrado de la Fiscalía.