Sumar a trabaja contrarreloj para prorrogar 600.000 contratos de alquiler antes de que decaiga el decreto

El 21 de marzo se publicó en el BOE la prórroga automática de los más de 600.000 contratos de alquiler que vencen este año y 2027 y que incluye también una limitación extraordinaria de la actualización anual de la subida a un 2 por ciento. El plante de Sumar, un día antes, al negarse a entrar en la reunión del Consejo de Ministros extraordinario, forzó al Ejecutivo a sacar adelante dos decretos, uno de 'escudo social', con el que afrontar el impacto de la guerra de Irán, ya convalidado por el Congreso, y otro de alquiler, condenado a naufragar parlamentariamente, pero aún en vigor.

Tanto los magentas, como el Ministerio de Derechos Sociales y las asociaciones de inquilinos entendieron que ese mes de vigencia del decreto abría una ventana de oportunidad. Sumar puso en marcha a través de las redes sociales una campaña para animar a los arrendatarios a que pidieran a sus caseros de inmediato esa prórroga del alquiler proporcionando a los efectos un modelo de formulario para remitir incluso vía burofax. De este modo no solo queda acreditado el envío de la solicitud al arrendador, sino el contenido exacto del mismo, lo que, en caso de litigio, tiene valor probatorio.

Los magentas defienden la obligatoriedad por parte de los caseros de aceptar la renovación del alquiler

También el Ministerio de Pablo Bustinduy ha difundido un documento para que los ciudadanos pendientes del fin de su contrato puedan pedir la prórroga del alquiler. Además, este departamento se apresuró a remitir una comunicación a 13 inmobiliarias y fondos de inversión, responsables de gestionar más de 100.000 viviendas. En ella les informaba de "la obligatoriedad de aceptar la prórroga de los alquileres" que caduquen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Entiende Derechos Sociales que el decreto, "genera un nuevo derecho de renovación del plazo del contrato de alquiler por dos años que, previa solicitud del inquilino, deberá ser aceptado obligatoriamente por el arrendador, manteniéndose los términos y condiciones del contrato en vigor", un redactado prácticamente igual al del propio decreto.

Además, exigió de esas inmobiliarias y fondos de inversión "la máxima diligencia para asegurar la correcta aplicación de las medidas, así como la adopción de los procedimientos internos necesarios para su cumplimiento inmediato".

Asimismo, se trabaja muy de cerca con otras organizaciones y plataformas como PoderInquilino.org., vinculado a la Confederación de Sindicatos de Inquilinas en las que asesoran sobre el proceso a seguir según se trate de una renovación en zona tensionada o no y, también, respecto a la limitación de un 2 por ciento de incremento del alquiler, contenido en el decreto.

Riesgo de un frente judicial

Del mismo modo, Sumar, Derechos Sociales y plataformas de inquilinos rechazan las dudas de las inmobiliarias respecto a la obligatoriedad de los caseros a aceptar la prórroga de los contratos más allá de la fecha de derogación del decreto, lo que puede abrir un enorme frente judicial una vez la mayoría del Congreso lo tire abajo. En ese mismo momento, el decreto deja de formar parte del ordenamiento jurídico. Sumar dice estar dispuesta a traer uno nuevo hasta que salga adelante en la Cámara Baja, cosa harto improbable, aunque más difícil es que el PSOE acepte otro órdago de sus socios magentas como el del 20 de marzo.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo dio por muerto durante la comparecencia posterior a la tumultuosa reunión del Consejo de Ministros del 20 de marzo al carecer de apoyos parlamentarios necesarios para salir adelante. El rechazo de Junts lo dejará en papel mojado. Pero no sólo eso. Los socialistas tienen dudas incluso ahora sobre su constitucionalidad. La ministra portavoz, Elma Saiz, apuntó a la existencia de un informe de la Abogacía del Estado "que no da la seguridad jurídica necesaria que tiene que tener una medida de este calado".

De momento, ni desde Sumar ni desde el Ministerio de Derechos Sociales ofrecen datos respecto a cuántas personas han podido descargarse estos formularios antes de que decaiga el decreto. Los magentas siempre han hablado de algo más 600.000 contratos. Incluso llegaron a llamar a la movilización ciudadana ante un asunto del que han hecho bandera y quieren defender en el Congreso el día que se debata su convalidación, entre la indiferencia del socio mayoritario del Gobierno.