Ha sido y será el centro de todas las miradas. El nombre de Leire Díez irrumpió en la primera línea de la crónica político-judicial a finales de mayo del año pasado, tras la difusión de un audio de una reunión que mantuvo con el empresario Alejandro Hamlyn. En él se escuchaba a la bautizada como 'fontanera' del PSOE tratar de recabar información sobre el teniente coronel al frente del área de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, con el objetivo de desacreditarle y, en última instancia, debilitar las causas más sensibles para el Gobierno. Todo ello, presuntamente, en el marco de una operación desde las sombras dirigida desde Ferraz.

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La imputación en abril de 2024 de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, lo cambió todo. Según desveló este periódico, tanto Díez como su colaborador, el empresario Javier Pérez Dolset, trasladaron al fiscal Ignacio Stampa en un encuentro que éste grabó en mayo de 2025 que Pedro Sánchez había ordenado "limpiar" la esfera judicial tras la apertura de diligencias contra su mujer. Aquel día, Díez se presentó como "la mano derecha" del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y le aseguró al miembro del Ministerio Público que ella "jamás aparecía en ningún papel".

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Meses después, ya en sede judicial, la exmilitante socialista y el propio Cerdán reconocieron dos reuniones en abril de 2024 en la sede del PSOE en Ferraz. Díez acudió acompañada de Dolset y de la periodista Patricia López —fallecida recientemente—, que actuó como intermediaria. En al menos uno de esos encuentros estuvieron presentes Antonio Hernando e Ion Antolín, en aquellas fechas director adjunto del Gabinete de Sánchez y director de comunicación del partido, respectivamente.

En su declaración como testigo, Cerdán sostuvo ante el juez Arturo Zamarriego que el objetivo de esas reuniones era trasladar al partido información relevante vinculada al 'caso Villarejo', en línea con lo declarado previamente por Díez y Dolset. Según esta versión, el PSOE habría sido objeto de investigaciones extrajudiciales, y ese y no otro fue el motivo de los encuentros mantenidos en Ferraz. Ambos les informaron de que disponían de audios y de un informe vinculados al excomisario José Manuel Villarejo, en los que se aludía a información reservada sobre las saunas del suegro de Sánchez.

No obstante, Cerdán negó haber hecho ningún encargo a Díez y aseguró que su relación con ella se limitó a unas pocas interacciones, si bien reconoció que le llamó para interesarse por él cuando salió de la cárcel de Soto del Real. También afirmó que no informó a Sánchez de las reuniones en la sede central del PSOE, ya que coincidieron con el período de reflexión que el presidente del Gobierno decidió tomarse tras la imputación de su mujer.

La publicación del audio de la reunión con Hamlyn, desvelado por 'El Confidencial', supuso un golpe directo al PSOE. En otra entrega, el mismo medio difundió una grabación en la que Dolset afirmaba que la operación de descrédito contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil había sido impulsada por el propio Sánchez y por Cerdán.

Los socialistas negaron desde el primer momento cualquier vínculo con Díez, que terminó dándose de baja como militante y convocó una rueda de prensa para dar explicaciones. Lo hizo en un hotel en pleno centro de Madrid, donde defendió que su actividad respondía a un trabajo de investigación periodística y rechazó cualquier relación con el PSOE, como posteriormente defendería en el juzgado. La comparecencia dejó una escena insólita: mientras intervenía, el empresario Víctor de Aldama irrumpió en la sala y la acusó de mentir.

Pero el relato de Díez negando vínculos con el PSOE empezó a resquebrajarse en los días siguientes. Diversas informaciones sacaron a la luz su trayectoria en el partido: fue concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Vega de Pas (Cantabria) entre 2011 y 2014, donde también ejerció como teniente de alcalde, además de vicepresidenta de la Mancomunidad de los Valles Pasiegos.

Posteriormente, entre 2018 y 2021, tras la llegada del PSOE al Gobierno, ocupó la responsabilidad de comunicación en Enusa, empresa pública dedicada al combustible nuclear. Esta compañía está participada al 60% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Más tarde, desde febrero de 2022 y hasta 2024, desempeñó funciones en Correos, dentro de la dirección de Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuros. En aquella época, esta compañía estaba dirigida por Juan Manuel Serrano, muy cercano a Sánchez.

Sin embargo, Díez ha defendido siempre que ha tenido la oportunidad de hacerlo que jamás ha tenido relación con el jefe del Ejecutivo, con el que "no ha cruzado" ni una sola palabra, según dijo en el Senado. Allí también defendió que accedió a estos cargos públicos por sus méritos, pasando un proceso de selección, y negó que alguien se los ofreciera.

El 'caso Leire' y el 'caso SEPI'

La dimensión del escándalo se tradujo rápidamente en acciones judiciales. A finales de julio, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid citó a Díez como investigada, y en octubre amplió la causa a Dolset. Actualmente, ambos, junto al periodista Pere Rusiñol, están siendo investigados por una supuesta actuación "delictiva, continuada y coordinada" para obtener información de mandos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción con el objetivo de neutralizar investigaciones en causas sensibles para responsables políticos y empresarios. Se les atribuyen delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Stampa denunció que Díez y Dolset le solicitaron datos sobre posibles irregularidades del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y del magistrado Manuel García-Castellón, además de trasladarle la supuesta orden de "limpieza" en la esfera judicial. Por su parte, el fiscal José Grinda relató que fue objeto de un intento de soborno a través de Rusiñol, que presuntamente actuaba en nombre de la 'fontanera'. En ese encuentro, se le habría trasladado la petición de recabar información comprometedora sobre Luzón, así como el interés en influir en el devenir de causas como el 'caso Pujol' o el 'caso 3%'.

Actualmente, según explican fuentes jurídicas a El Independiente, el juez Zamarriego se encuentra pendiente de resolver varios recursos y escritos de distintas partes, y no se descarta que acuerde nuevas citaciones de testigos. Pero este no es el principal frente judicial de Leire Díez, que en diciembre volvió a acaparar todas las miradas por su presunta implicación en una causa que va mucho más allá de sus supuestas actividades de fontanería, y que la ubica en el centro de un caso que afecta al núcleo del Gobierno.

A finales de 2025, fue detenida junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso en una operación dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. La UCO bautizó al grupo como Hirurok, palabra que en vasco significa "nosotros tres".

En el llamado 'caso SEPI', los investigadores analizan una presunta trama articulada en torno a ese grupo, que habría utilizado su influencia en organismos públicos para amañar contratos y operaciones millonarias a cambio de comisiones que superarían los 700.000 euros. Según la Guardia Civil, las cantidades se habrían canalizado mediante sociedades interpuestas y facturación falsa, en el marco de una estructura estable que podría encajar en delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

El impacto de esta segunda detención de Leire Díez fue también gigantesco. Cuando se conocieron los audios de sus reuniones con empresarios y fiscales, todavía no había trascendido la presunta implicación de Cerdán en el amaño de obras públicas que se investigan en el 'caso Koldo', ni su vinculación con Antxon, ni la de éste con la exconcejal socialista. De hecho, Cerdán seguía siendo secretario de Organización del PSOE y uno de los hombres del núcleo duro de Sánchez.

Sin embargo, en el registro del domicilio del empresario, la Guardia Civil halló un documento que atribuye a Cerdán el 45% de la empresa Servinabar, que concurrió en UTE con Acciona a varias adjudicaciones del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. Los investigadores sostienen que esta mercantil servía para canalizar los fondos y manejan indicios sólidos de que fue utilizada para sufragar gastos personales.

Las pesquisas del 'caso SEPI', dirigidas por el juez Santiago Pedraz, continúan bajo secreto, una situación que previsiblemente se prolongará durante varias semanas más. Díez ejerció su derecho a no declarar tras su detención y fue vista abandonando la Audiencia Nacional junto a su abogada, cubriéndose el rostro con una capucha. El hermetismo que rodea la causa ha limitado la información, pese a tratarse de uno de los procedimientos que afectan de lleno al Gobierno y al PSOE.

En paralelo, el Juzgado de Instrucción número 2, dirigido por Ismael Moreno, mantiene abiertas las diligencias del 'caso Koldo' en sus tres vertientes: las presuntas irregularidades en la contratación de material sanitario durante la pandemia, los amaños de obra pública y la financiación del PSOE. En el número 5, Pedraz, además de la SEPI, investiga el 'caso Hidrocarburos', mientras que en el 4 el juez José Luis Calama instruye la causa relativa al rescate de la aerolínea Plus Ultra.

También en los juzgados de Plaza de Castilla siguen su curso otras investigaciones relevantes. Además del ya mencionado 'caso Leire', continúa la causa contra Begoña Gómez. A ello se suma el inminente inicio del juicio contra Ábalos, su exasesor Koldo García y Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Asimismo, el procedimiento contra el hermano de Pedro Sánchez por su supuesto acceso irregular a la Diputación de Badajoz arrancará la última semana de mayo. Precisamente, la juez instructora de esta causa, Beatriz Biedma, fue uno de los objetivos de Leire Díez, que trató de recabar información sobre ella.