Las defensas del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez centraron sus intervenciones en la primera sesión del juicio por la 'operación Kitchen' en intentar anular el procedimiento. Sus argumentos se dirigieron tanto contra lo que consideran una instrucción irregular como contra la validez de los audios del excomisario José Manuel Villarejo que dieron origen a la causa y que han provocado que estén sentados en el banquillo de la Audiencia Nacional.

El antiguo policía acaparó la atención en esta jornada inaugural, con declaraciones a los medios tanto a su llegada como a la salida de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, a las afueras de Madrid. Dentro del recinto, además, se mostró distendido y saludó a los periodistas que aguardaban en el hall al término de la sesión. En el centro del proceso se sitúa una presunta operación clandestina parapolicial de espionaje impulsada en 2013 para hacerse con información que pudiera comprometer al PP en el 'caso Gürtel', cuya sentencia desencadenó años después la moción de censura que apartó a los populares de La Moncloa.

Primero fue el turno de las acusaciones, que ejercen la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, la acusación particular de la familia Bárcenas, el PSOE y Podemos. Los únicos que plantearon cuestiones previas fueron los socialistas, que pidieron suspender el juicio para examinar la "conexión política" que, a su juicio, apunta al Partido Popular. El objetivo de este nuevo análisis sería reabrir la investigación sobre la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, imputados en 2021 y posteriormente excluidos de la causa.

Después, por el lado de las defensas, el primero en tomar la palabra fue el abogado de Fernández Díaz, Jesús Mandri, que solicitó la nulidad del juicio al sostener que la documentación intervenida en el domicilio de Villarejo, origen del 'caso Kitchen', debió tratarse como un "hallazgo casual" al margen del 'caso Tándem'. A su juicio, ello habría obligado a deducir testimonio en la jurisdicción ordinaria y no en la Audiencia Nacional. También pidió la nulidad de las actas notariales que recogen los mensajes de WhatsApp intercambiados con Martínez, que motivaron su imputación.

El 'caso Tándem' es la macrocausa que investiga las presuntas actividades ilícitas de Villarejo, centradas en el uso de su condición de policía para realizar encargos privados y obtener información sensible para terceros a cambio de dinero. A partir de esta investigación se han abierto decenas de piezas separadas, entre ellas la 'Kitchen', en las que se analizan distintos encargos y actuaciones concretas del excomisario.

En esencia, la defensa del exministro cuestiona la competencia de la Audiencia Nacional para enjuiciar estos hechos. Añade además que se produjo un uso abusivo del secreto de las actuaciones durante la instrucción, que se prolongó dos años y siete meses, de los cuales dos años y seis meses permanecieron bajo secreto.

Como otro motivo de nulidad, expuso que al alzarse el secreto no se comunicó la apertura de una "subpieza" en la que, de nuevo bajo reserva, se practicaron diligencias "a espaldas de las defensas". Esto habría provocado que cuando Fernández Díaz declaró como investigado, su letrado creyera haber accedido a la totalidad de las actuaciones, "cuando no era así".

Por otro lado, la defensa pidió excluir del objeto del juicio varios hechos que considera ajenos a la 'Kitchen'. Entre ellos, las supuestas instrucciones al entonces jefe de la UDEF José Luis Olivera para apartar al inspector jefe Manuel Morocho de la investigación de la Gürtel. También pidió dejar fuera el asalto al domicilio de la familia Bárcenas por parte de un falso cura, así como la presunta captación de un preso para obtener información del extesorero durante su estancia en prisión.

Los audios de Villarejo

Por su parte, la defensa de Martínez solicitó igualmente la nulidad de las diez grabaciones incautadas a Villarejo que dieron origen a la causa, al considerar que fueron obtenidas de forma ilícita y que no se ha podido verificar su autenticidad ni acceder al conjunto completo del material.

También pidió excluir tres audios en los que el exsecretario de Estado conversa con el excomisario, aportados a la causa por el empresario Javier Pérez Dolset, investigado en otros procedimientos como el vinculado a la exmilitante socialista Leire Díez. En esas grabaciones, el antiguo alto cargo y Villarejo hablaban en 2014 sobre las saunas del suegro del ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El propio Villarejo, que ejerce su defensa junto a su abogado, denunció que la investigación es "prospectiva" y "fuera de la ley", al considerar que ha vulnerado derechos fundamentales como la intimidad o la defensa. En concreto, sostuvo que no todos los archivos incautados han sido desencriptados ni puestos a disposición de las partes, lo que impide analizar íntegramente el material y solicitar pruebas periciales sobre su autenticidad. A diferencia del resto de acusados, el excomisario se sienta en el banquillo de las defensas.

Durante esta primera sesión también plantearon cuestiones de nulidad las defensas del exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino; del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos —que presuntamente habría cobrado 54.000 euros por las labores de espionaje—; y del exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas.

El único rifirrafe entre la presidenta del tribunal, la magistrada Teresa Palacios, y alguna de las partes llegó en el turno del letrado Javier Ignacio Navarro, defensor de Ríos, después de que sostuviera que su cliente fue coaccionado por los fiscales del caso y amenazado con penas de prisión. La juez le advirtió de que no "le iba a consentir" expresiones despectivas sobre la Fiscalía después de que el propio fiscal protestara.