El Tribunal Supremo acoge desde este martes el juicio de la causa especial contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por la presunta trama de comisiones en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
A lo largo de 23 sesiones que se extenderán durante todo el mes de abril, la Sala de lo Penal escuchará a más de 70 testigos, peritos y a los propios acusados para determinar si detrás de aquellas compras de material sanitario se escondía una red de favores dentro del Ministerio.
La vista oral —presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta— supone el primer gran examen judicial al entramado que ha ido destapando el llamado 'caso Koldo', una investigación que comenzó hace más de dos años con la detención del entonces asesor ministerial y que desde entonces se ha ramificado en otras piezas que siguen abiertas en la Audiencia Nacional.
La Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y siete años para Aldama, que ha reconocido los hechos. Por su parte, las acusaciones populares elevan la petición de pena hasta 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario reclaman la misma condena que el Ministerio Público.
José Luis Ábalos, el titular de Transportes
El exministro de Transportes y antiguo secretario de Organización del PSOE es la figura política central del proceso. Durante su etapa en el Gobierno de Pedro Sánchez, entre 2018 y 2021, dirigió uno de los ministerios con mayor volumen de contratación pública.
La investigación sostiene que habría mantenido una relación estrecha con el empresario Víctor de Aldama, quien presuntamente habría aprovechado su cercanía con el ministro y su entorno para facilitar negocios con la Administración a empresas vinculadas a él.
Ábalos ha acudido al juicio desde la prisión de Soto del Real, donde permanece desde el pasado 27 de noviembre tras decretarse su ingreso en el centro por riesgo de fuga.
Koldo García, el 'chico para todo'
Antiguo escolta y militante socialista en Navarra, Koldo García fue durante años el hombre de confianza del exministro, su 'mano derecha' y su 'chico para todo'. Llegó al Ministerio como asesor y terminó convirtiéndose en una figura clave dentro del entorno más cercano de Ábalos.
Fue su detención en febrero de 2024 la que destapó el caso. Los investigadores lo sitúan como pieza clave del engranaje que conectaba al empresario Aldama con el Ministerio de Transportes.
Al igual que el exministro, también se encuentra en prisión provisional en el centro penitenciario de Soto del Real.
Víctor de Aldama, el 'nexo corruptor'
Empresario y comisionista, la investigación lo sitúa como el "conseguidor" y "nexo corruptor" de la trama. Según el relato de la Fiscalía, habría utilizado su relación con Ábalos y Koldo para promover contratos adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, obteniendo comisiones millonarias.
Aldama también aparece vinculado a otros negocios investigados, entre ellos un supuesto fraude millonario de IVA en el sector de los hidrocarburos que instruye la Audiencia Nacional.
Víctor Manuel Ábalos
El hijo del exministro ha sido el primer testigo en prestar declaración en el juicio. Su nombre apareció en la causa después de que Aldama lo señalara en un escrito presentado ante el Supremo en diciembre de 2024.
En ese documento le acusaba de haber recibido supuestas comisiones camufladas en adjudicaciones de obras en el extranjero. El primogénito de Ábalos ha negado estas acusaciones y sostiene que son completamente falsas.
En su declaración ante el tribunal, rechazó haber mantenido conversaciones "en clave" con el exasesor ministerial Koldo García y ha defendido la legalidad de los pagos realizados a su padre antes de que comenzara la investigación judicial. Además, detalló que, desde el estallido de la causa, la situación económica del exministro es "lamentable".
Jessica Rodríguez
La expareja del exministro fue el testimonios estrella de la primera jornada de juicio. El tribunal investiga si Ábalos pudo favorecer su contratación en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, ambas vinculadas al Ministerio de Transportes. Durante la instrucción del caso reconoció ante el Supremo que cobró sin haber acudido a trabajar.
La investigación sostiene además que Aldama habría pagado el alquiler del piso en el que residía, situado en la Torre de Madrid, en plena Plaza de España, con una renta mensual de 2.700 euros durante más de dos años.
En su declaración ante el Supremo, apuntó que era el propio dirigente socialista quien asumía finalmente los gastos derivados de su relación y del piso de Torre de Madrid, en el que el exministro le permitió seguir viviendo después de que su relación ya se hubiera terminado por que "se sentía culpable".
Claudia Montes
Ex Miss Asturias 2017 y vinculada a José Luis Ábalos. Su testifical fue la protagonista de la segunda sesión del juicio. Según los investigadores, su incorporación a la empresa LogiRail en 2019 habría sido promovida "arbitrariamente" por el exministro y Koldo García.
En su declaración, Montes admitió que su relación con ambos estuvo detrás de su llegada a la compañía. No obstante, negó haber sido "enchufada" y defendió que accedió al puesto por sus propios méritos.
Joseba García
El hermano de Koldo también declaró como testigo en el juicio la primera jornada. Según la Fiscalía Anticorrupción, habría participado en el movimiento de dinero en efectivo que presuntamente circulaba dentro de la trama.
El Ministerio Público sostiene que Aldama entregó 10.000 euros mensuales en metálico entre octubre de 2019 y julio de 2022, cantidades que supuestamente se repartían entre Koldo y el propio Ábalos.
Joseba reconoció ante el tribunal que viajó a República Dominicana para conocer a su actual pareja y, de paso, recogió un sobre como "favor" a Aldama en la sede de Pronalab, empresa vinculada al comisionista. Pero también admitió haber acudido en al menos dos ocasiones a la sede del PSOE en Ferraz para recoger sobres que posteriormente entregó a su cuñada, Patricia Úriz.
Socios de Aldama y responsables de Ineco y Tragsatec
La primera sesión del juicio también ha incluido la declaración de varios empresarios y responsables de empresas públicas vinculados, en mayor o menor medida, al entorno de los acusados o a las contrataciones bajo sospecha. Entre ellos, Ignacio Díaz Tapia, otro de los socios del comisionista, aunque se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía y la acusación particular. También compareció Alberto Escolano, que aparece en la causa como una de las personas que habría gestionado el piso de la Torre de Madrid en el que residía Jessica Rodríguez. Según la documentación incorporada a la causa, los pagos de esa vivienda habrían superado los 80.000 euros.
La última testifical de la mañana Ana Araceli Arigita, responsable de selección y reclutamiento de Ineco, cuyo nombre aparece vinculado al proceso de contratación de Jessica Rodríguez en la empresa pública. Por la tarde compareció Virginia Barbancho, supervisora del proyecto de Tragsatec en el que fue contratada la expareja de Ábalos. Según su testimonio, recogido en un informe interno remitido al Supremo, Rodríguez nunca acudió a trabajar y ella habría recibido presiones para no cuestionar su contratación.
La jornada se completó con los testimonios de Alberto Fernández Blasco, exdirector de asesoría jurídica de Tragsa y Miguel Ferrández, empresario vinculado al entorno de Aldama. También estaba programada la comparecencia de Álvaro Gallego, el chófer que habría acompañado a Carmen Pano en uno de los desplazamientos en los que supuestamente acudió a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para entregar 90.000 euros en efectivo. No obstante, según precisan fuentes del Supremo a este periódico, no ha podido testificar por indisposición por enfermedad.
Calendario de testigos
La jornada del miércoles, 8 de abril, se centra en las presuntas contrataciones irregulares de Jessica y Claudia Montes. Así, en la sesión matutina han desfilado ante el Salón de Plenos dos exdirectivos de LogiRail, Óscar Gómez Barbero y José Ángel Méndez; así como la secretaria general de Ineco, Amparo Monterrey.
En la sesión de la mañana se ha 'colado' una testigo cuya declaración no encajaba del todo con el foco previsto la jornada: Angélica Martínez. Actualmente es directora general de Organización y Recursos de Ineco desde 2025, aunque durante los hechos investigados era ex secretaria general técnica del Ministerio de Transportes. El presidente de la Sala ha interrumpido el interrogatorio del abogado de Ábalos al considerar que la declaración de esta testigo se alejaba del objeto de la jornada. No obstante, se permitió que continuara.
Durante los días siguientes —9, 13, 14, 15, 21, 22 y 23 de abril— desfilarán ante el Supremo nombres como la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el expresidente de Puertos del Estado Francisco Toledo, cuyas entidades fueron precisamente las que formalizaron los contratos con Soluciones de Gestión.
El Supremo ha admitido además la declaración como testigos del actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, aunque lo han hecho por escrito. Ambos dirigían durante la pandemia los gobiernos de Canarias y Baleares, dos comunidades que también contrataron mascarillas con la empresa vinculada a la trama. No obstante, esos contratos no forman parte de los hechos que se juzgarán en el Supremo.
Lo que se juzga en el Supremo
El proceso se centra en la presunta trama de comisiones vinculada a los contratos de mascarillas adjudicados en 2020 por Puertos del Estado y Adif a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Las compras bajo sospecha superan los 36 millones de euros, con unos 24 millones en material adquirido por Puertos del Estado y otros 12,5 millones por Adif.
La Fiscalía sostiene que los acusados se habrían constituido en una suerte de grupo organizado para el cobro de mordidas o la recepción de dádivas a cambio de favorecer a esa empresa en la adjudicación de contratos. Según la investigación, esa compañía estaba prácticamente inactiva antes del COVID y en 2020 registró una facturación récord de 53,1 millones de euros.
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