La Audiencia Nacional interroga a Aldama por los contratos de mascarillas que salpican a Canarias y Baleares

El empresario Víctor de Aldama se sentará este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que le investiga en la causa que sigue el rastro de presuntas mordidas en contratos de mascarillas durante la pandemia y que salpica a los adjudicados en Canarias y Baleares. Según precisan fuentes de su entorno a El Independiente, el comisionista prevé contestar "a todo aquello que se le pregunte" de manera "contundente".

El empresario acudirá a las 10.00 horas a la sede de la Audiencia en la madrileña calle de García Gutiérrez. Inicialmente, estaba citado para el 14 de mayo junto al exasesor Koldo García, 'mano derecha' del exministro de Transportes José Luis Ábalos, pero se acordó retrasar su declaración.

La pieza sobre la que Aldama va a comparecer se refiere a varios contratos adjudicados durante la pandemia a la empresa Soluciones de Gestión —a la que se le vincula—  por Puertos del Estado, Adif o la Secretaría de Estado de Seguridad. La Fiscalía Anticorrupción pidió ampliar el foco sobre esta causa tras el último informe de la UCO, que detectó presuntas irregularidades en los contratos adjudicados en Canarias y Baleares por sus entonces presidentes, Ángel Víctor Torres y Francina Armengol.

Según la Guardia Civil, el Gobierno balear de Armengol cerró la compra de 1,4 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión unas dos semanas antes de que se publicara el procedimiento administrativo.

Es por ello que el Ministerio Fiscal pidió la declaración como investigados tanto de Koldo como de Aldama para seguir ahondando en las relaciones existentes entre los miembros de la presunta organización criminal integrada, según las palabras de los agentes de la UCO en el juicio de las mascarillas, por un empresario que "paga y manda", un asesor que "canaliza" el dinero, y un ministro que "abre las puertas".

El citado informe de la Guardia Civil recordaba que los contratos de mascarillas de la pandemia formaban parte de la razón de ser del supuesto sobresueldo de 10.000 euros mensuales que Aldama embolsaba a Koldo para tener acceso a Ábalos. 

Koldo, también investigado

Por esta misma causa se sentó ante el juez Moreno el pasado jueves Koldo García, aunque se acogió a su derecho a no declarar. Tal y como informó El Independiente, el 'hombre para todo' de Ábalos decidió guardar silencio, aunque sí verbalizó que la cobertura realizada por los medios de comunicación sobre su persona había "destrozado" su vida privada.

Koldo, que permanece en prisión provisional en Soto del Real desde noviembre de 2025, llegó a esta citación después de que el instructor rechazara archivar la causa respecto a él y mantener su comparecencia pese a las peticiones de suspensión planteadas por su defensa, que sostiene que existe una "doble persecución simultánea" por unos hechos que ya habrían sido enjuiciados en el Tribunal Supremo.

Obra pública y financiación del PSOE

Y es que en el juicio de las mascarillas de este abril fue tan solo uno de los pasillos del laberinto que continúa ahora su curso en otras tres vertientes que se encuentran en manos del juez Moreno, titular de la plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia.

Además de la otra pieza sobre mascarillas, el magistrado también investiga una segunda pieza centrada en supuestos amaños en adjudicaciones de obra pública durante la etapa de Ábalos al frente de la cartera de Transportes. Según la UCO, desde al menos 2019 determinadas constructoras —entre ellas Acciona Construcción, Levantina Ingeniería y Construcción y Obras Públicas y Regadíos— habrían resultado beneficiadas de forma recurrente a cambio de comisiones. 

En esta rama figuran como investigados, además de Ábalos, Koldo y Aldama, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán —que ingresó en prisión provisional en junio de 2025—, junto a una decena de empresarios y cargos vinculados a las adjudicatarias. También la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero.

La tercera pata de la causa es la relativa a la financiación del PSOE. Se abrió en octubre de 2025, cuando la UCO remitió un informe al magistrado del Supremo Leopoldo Puente en el que se advertía de un posible "descuadre" entre las cantidades que el PSOE habría entregado a Ábalos y Koldo y los gastos que ambos justificaron. El instructor consideró que estos indicios excedían el objeto de la pieza que estaba investigando y decidió remitirlos a la Audiencia Nacional. Desde entonces, esta línea permanece bajo secreto.

Esta es la causa en la que Aldama aportó en marzo un sobre que presuntamente contiene información sobre una supuesta financiación irregular del partido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la Internacional Socialista.