El laberinto del 'caso Koldo' sigue en la Audiencia Nacional con el foco en la financiación del PSOE y Santos Cerdán

El laberinto del caso Koldo no termina en el Tribunal Supremo. El juicio de las mascarillas de este abril en la Sala de lo Penal es tan solo una de las piezas de una causa más amplia que continúa ahora su curso en la Audiencia Nacional con el foco en otras adjudicaciones de material sanitario, los presuntos amaños en obra pública y la investigación de la financiación del PSOE.

El juicio celebrado en el Alto Tribunal quedó el miércoles visto para sentencia y se ha centrado en las adjudicaciones de contratos de mascarillas durante la pandemia desde el Ministerio de Transportes. En el banquillo se han sentado el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, a quienes la Fiscalía atribuye la integración en una presunta organización criminal que operaba mediante el cobro de comisiones a cambio de favorecer a las empresas vinculadas a Aldama.

En su declaración, el comisionista situó el origen de su relación con Ábalos y Koldo en 2018 y explicó que, tras ganarse su confianza, pasó a actuar como intermediario con constructoras interesadas en adjudicaciones. En esa línea, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas describió el que para la UCO sería el funcionamiento del triángulo: Aldama "pagaba y exigía", Koldo ejercía de "catalizador" y Ábalos era el "miembro cualificado", puesto que tenía la capacidad de llevar al empresario a sitios por los que no podía llegar por sí mismo.

Por qué la causa está dividida

La causa se articula en otras tres grandes líneas que siguen su curso en la Audiencia Nacional en manos del magistrado Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2. El origen de esta fragmentación es procesal. Cuando el caso estalló con la detención de Koldo en febrero de 2024, Ábalos seguía siendo diputado y, por tanto, aforado. Esa condición obligó al magistrado a elevar en octubre de ese año una exposición razonada al Tribunal Supremo para que asumiera la parte que le afectaba directamente, al considerar que Ábalos tenía un "papel principal" en la supuesta trama criminal vinculada a la compra de material sanitario.

El alto tribunal asumió la competencia sobre la parte que afectaba al aforado y designó como instructor al magistrado Leopoldo Puente, que solicitó el suplicatorio al Congreso —concedido a finales de 2024— e imputó formalmente a Ábalos.

Desde ese momento, la causa quedó dividida: el Supremo se hizo cargo de los hechos vinculados al exministro, mientras el resto permanecía en la Audiencia Nacional. Era enero de 2025 y la investigación seguía centrada fundamentalmente en los contratos de mascarillas, sin que aún hubieran aflorado con la misma intensidad los indicios sobre obra pública ni las pesquisas patrimoniales que, meses después, revelarían —según la UCO— ingresos no justificados y entregas de efectivo vinculadas al entorno del PSOE.

Mascarillas y obra pública

La primera de las piezas que se siguen ahora en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia es la derivada de las mascarillas, que se centra en los contratos adjudicados durante la pandemia por Puertos del Estado, Adif o la Secretaría de Estado de Seguridad. Sobre esta pieza, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido ampliar el foco tras haberse detectado supuestas irregularidades en los contratos adjudicados en Canarias y Baleares por sus entonces presidentes, Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, tras el último informe de la UCO.

En este contexto, Aldama y Koldo han sido citados a declarar como investigados el próximo 14 de mayo por un presunto delito de tráfico de influencias vinculado a esas adjudicaciones autonómicas. Según la Guardia Civil, el Gobierno balear de Armengol cerró la compra de 1,4 millones de mascarillas a la empresa empresa Soluciones de Gestión —vinculada a Aldama— unas dos semanas antes de que se publicara el procedimiento administrativo.

Por otra parte, el juez Moreno también investiga una segunda pieza centrada en supuestos amaños en adjudicaciones de obra pública durante la etapa de Ábalos al frente de la cartera de Transportes. Según la UCO, desde al menos 2019 determinadas constructoras —entre ellas Acciona Construcción, Levantina Ingeniería y Construcción y Obras Públicas y Regadíos— habrían resultado beneficiadas de forma recurrente a cambio de comisiones. En esta rama figuran como investigados, además de Ábalos, Koldo y Aldama, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán —que ingresó en prisión provisional en junio de 2025—, junto a una decena de empresarios y cargos vinculados a las adjudicatarias.

Pero la investigación no se limita al ámbito político o empresarial. El juez Ismael Moreno también mantiene bajo la lupa a responsables técnicos de la Administración que participaron en los procesos de adjudicación. Entre ellos, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero.

El magistrado ha solicitado ya al Ministerio de Transportes los expedientes de diez licitaciones de Adif y Carreteras, y ha pedido identificar a los funcionarios que intervinieron en su tramitación, en un intento de reconstruir cómo se elaboraron los informes técnicos y si estos pudieron estar condicionados.

La investigación sitúa a Cerdán como una pieza clave en la supuesta operativa, encargado de canalizar o distribuir las comisiones una vez obtenidas, según los indicios recopilados por la Guardia Civil. De hecho, los agentes sostienen que los pagos no se reclamaban directamente a las constructoras, sino que pasaban por él como intermediario.

Además, la UCO ha vinculado a esta red a otros perfiles del entorno empresarial, como el propietario de Levantina, José Ruz Martínez —al que atribuyen el pago de una "nómina" a Koldo tras su salida del Ministerio—, varios directivos de Acciona, o el que fuera socio de Santos Cerdán en Servinabar, Joseba Antxón Alonso.

Financiación del PSOE

La tercera pata de la causa —la relativa a la financiación del PSOE— se abrió meses después, ya en octubre de 2025, cuando la UCO remitió un informe al magistrado Leopoldo Puente en el que se advertía de un posible "descuadre" entre las cantidades que el PSOE habría entregado a Ábalos y Koldo y los gastos que ambos justificaron. El instructor consideró que estos indicios excedían el objeto de la pieza que estaba investigando y decidió remitirlos a la Audiencia Nacional. Desde entonces, esta línea permanece bajo secreto.

Estas conclusiones llevaron al instructor a citar como testigo al exgerente del PSOE Mariano Moreno, que declaró en el Tribunal Supremo. En su comparecencia, negó que en la sede de Ferraz se manejasen pagos irregulares o billetes de 500 euros, en contra de lo apuntado por Koldo García en su interrogatorio como acusado en el juicio de las mascarillas. Pese a ello, el magistrado consideró que el origen de esos fondos no había quedado suficientemente aclarado y optó por remitir esa parte a la Audiencia Nacional.

Esta es la causa en la que Aldama aportó en marzo un sobre que presuntamente contiene información sobre una presunta financiación irregular del partido del presidente del Gobierno y de la Internacional Socialista. Según había declarado previamente ante el juez Santiago Pedraz —que instruye la causa sobre el presunto fraude en el IVA de Hidrocarburos en el Juzgado Central de Instrucción número 5—, el sobre le fue entregado por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.