Alquiler Seguro tilda de "ideológica" la multa de 3,6 millones y exige una rectificación a Bustinduy

La empresa Alquiler Seguro ha reaccionado con dureza tras la ratificación de una sanción de 3,6 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La compañía ha calificado la medida de "atropello jurídico" y ha anunciado que llevará el caso ante la Justicia para frenar lo que consideran una decisión basada en criterios puramente políticos e ideológicos.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy confirmó este miércoles la multa por prácticas consideradas "abusivas" contra los inquilinos. Según el Ministerio, la empresa aprovechó su posición dominante para imponer cobros indebidos, como gastos de gestión inmobiliaria camuflados bajo otros conceptos y seguros de hogar obligatorios, agotando así la vía administrativa.

El presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, no ha escatimado en críticas y ha exigido una "rectificación pública" al ministro Bustinduy. Para la directiva, el proceso ha estado plagado de "irregularidades" e "grandes mentiras", asegurando que se encuentran en manos de políticos que utilizan la "mentira" y que lo demostrarán judicialmente.

Entre las quejas de la inmobiliaria destaca la acusación de que Consumo utilizó pruebas "descontextualizadas" y obtenidas de forma "ilícita" para sustentar la sanción. La firma sostiene que el proceso ha sido una cuestión más "política" que legal y que se han vulnerado sus derechos fundamentales durante la instrucción del expediente.

Como respuesta inmediata, la compañía recurrirá ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y solicitará medidas cautelares. Su objetivo es suspender la ejecución de la multa mientras los tribunales deciden sobre el fondo del asunto, confiando en que un "órgano imparcial" les dará la razón frente a la resolución ministerial.

Desde Alquiler Seguro defienden que sus servicios, como el Servicio de Atención al Inquilino (SAI), son "reales y voluntarios". Para respaldar su postura, la empresa alega contar con cuatro sentencias favorables de 2025 relacionadas con estos mismos asuntos y afirma que miles de inquilinos han contratado sus servicios sin obligación alguna.

Por su parte, la resolución de Consumo no solo implica el desembolso económico, sino también la obligación de eliminar las cláusulas declaradas abusivas. Además, la empresa deberá hacer pública la sanción y la naturaleza de sus infracciones, que el Ministerio clasifica como una sanción grave y seis infracciones muy graves.

Pese al conflicto y la amenaza de una huelga de alquileres por parte de sindicatos del sector, Alquiler Seguro mantiene un mensaje de solvencia y tranquilidad. Sus directivos aseguran que están preparados para afrontar el proceso judicial indefinidamente y han descartado cambiar su modelo de funcionamiento actual.