Las entregas de efectivo en Ferraz marcarán la última sesión de la primera semana del juicio del 'caso mascarillas'

El trasiego de dinero en metálico en la sede del PSOE en Ferraz centrará la tercera jornada del juicio del 'caso mascarillas', que se celebra este jueves en el Tribunal Supremo. La empresaria Carmen Pano, que tanto en fase de instrucción como ante la Audiencia Nacional ha asegurado que se desplazó en dos ocasiones al cuartel general de los socialistas en octubre de 2020 para entregar 90.000 euros, está llamada a declarar como testigo.

Pano sostiene que llevó ese dinero siguiendo las instrucciones del empresario Víctor de Aldama, extremo que este niega. Antes que ella comparecerá Álvaro Gallego, quien ha ratificado que trasladó en coche a la empresaria a Ferraz en una de esas visitas. Al igual que Aldama, Pano figura como imputada en la Audiencia Nacional en el 'caso hidrocarburos', una investigación con algunos elementos coincidentes con lo que se enjuicia en el Supremo.

Este juicio, centrado principalmente en las presuntas irregularidades en la adquisición de material sanitario durante la pandemia, es el primero derivado del 'caso Koldo', pero no será el último. En la Audiencia Nacional permanecen abiertas tres líneas de investigación: los supuestos amaños en contratos de mascarillas que no afectan directamente a José Luis Ábalos, las irregularidades en obra pública, donde está imputado Santos Cerdán, y una tercera pieza centrada en la presunta financiación irregular del PSOE.

La trama de Hidrocarburos

Según Leopoldo Puente, que ha sido el instructor del 'caso Koldo' en el Supremo, Leonor Pano, hija de Carmen y también citada este jueves, adquirió para Ábalos un chalé en Cádiz mediante una fórmula de opción de compra, siguiendo indicaciones de Aldama y a través de una sociedad que ella misma controlaba. Esta operación se habría producido después de las gestiones realizadas por Koldo García para facilitar un encuentro entre representantes de la empresa Villafuel y responsables del Ministerio de Industria.

La compañía buscaba obtener una licencia como operador de hidrocarburos, un negocio con el que Aldama y su socio Claudio Rivas habrían defraudado presuntamente 210 millones de euros a Hacienda mediante la venta de combustible sin abonar impuestos. Este esquema constituye el núcleo del 'caso hidrocarburos' en la Audiencia Nacional, por lo que, en principio, el Supremo no abordará este jueves el fondo de esa operativa, sino únicamente si se gestionó la compra del chalé de Cádiz para Ábalos como posible contraprestación.

En cuanto a la supuesta entrega de 90.000 euros que Pano afirma haber realizado, tanto el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz como la Fiscalía han descartado profundizar en esta línea al no apreciar una conexión directa entre ese pago en 2020 y la posterior concesión de la licencia a Villafuel en 2022, cuando Ábalos y Koldo ya estaban fuera del Ministerio de Transportes y, en teoría, no tenían capacidad de influir en el Gobierno.

La financiación del PSOE

Aunque en esta vista no se entrará en el fondo de la financión del PSOE, ya que es una cuestión que se está examinando en la Audiencia Nacional, esta derivada del 'caso Koldo' ha sobrevolado varios interrogatorios en el Supremo, especialmente los de Víctor Ábalos y Joseba García, hijo y hermano del exministro y su antiguo asesor, respectivamente.

Ambos negaron haber actuado como testaferros de sus familiares, si bien este último admitió que acudió en dos ocasiones a recoger sobres en Ferraz que posteriormente entregó a su excuñada. Joseba también reconoció que, durante un viaje personal a República Dominicana, se desplazó a Punta Cana para recoger un sobre y hacerle un "favor" a Aldama, aunque aseguró que nunca comprobó su contenido.

En un informe sobre la situación patrimonial de Ábalos, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló que el PSOE utilizó sobres con el logotipo del partido para efectuar pagos en efectivo tanto al exministro como a Koldo. Los investigadores subrayaron además que no pudieron determinar el origen de esos fondos.

Desde el PSOE sostienen que esas cantidades correspondían a adelantos en concepto de gastos y que los descuadres detectados por el Instituto Armado obedecían a ajustes internos dentro del equipo de la Secretaría de Organización. El propio Pedro Sánchez reconoció que en alguna ocasión había retirado dinero en Ferraz mediante este sistema.

No obstante, el juez instructor citó como testigos al exgerente del partido Mariano Moreno y a la trabajadora de Ferraz Celia Rodríguez, también llamados a declarar en el Supremo. Ambos negaron irregularidades en la gestión de los fondos, aunque el magistrado consideró que no se ha esclarecido suficientemente la procedencia del dinero en efectivo disponible en la sede del partido, una cuestión que se investiga actualmente en la Audiencia Nacional en una pieza declarada secreta.