El Gobierno de España ha aprobado definitivamente el real decreto que pone en marcha una regularización extraordinaria masiva de inmigrantes. La medida permite que cientos de miles de personas en situación irregular obtengan una autorización de residencia y trabajo por un año, renovable, siempre que cumplan los requisitos establecidos. Esta iniciativa busca dar seguridad jurídica a quienes ya viven y trabajan en el país, y marca un hito en la política migratoria reciente.
Qué es la regularización
La regularización de inmigrantes consiste en un procedimiento administrativo excepcional por el que personas extranjeras en situación irregular pueden acceder a un permiso legal de residencia y trabajo. En España, estas medidas responden a realidades sociales consolidadas, donde miles de personas contribuyen al mercado laboral sin derechos formales, y buscan ordenar el sistema, aflorar la economía sumergida y garantizar integración y cohesión.
No es un permiso indefinido, sino una autorización temporal de un año que se renueva si se mantienen las condiciones, y que permite trabajar por cuenta ajena o propia. El proceso se enmarca en disposiciones transitorias específicas del reglamento de extranjería, y se activa en momentos de alta presión migratoria o necesidades laborales concretas.
Cuántas ha habido
Esta regularización se presenta como la más ambiciosa de la última década, con estimaciones que apuntan a más de 500.000 beneficiarios potenciales. Fuentes gubernamentales y medios especializados la describen como la séptima gran oleada de normalizaciones masivas en la historia reciente de España, superando en volumen a procesos anteriores como la de 2005, que regularizó a unos 600.000 inmigrantes.
El Gobierno ha destacado que responde a más de 700.000 firmas ciudadanas y a un respaldo parlamentario amplio, aunque el volumen exacto dependerá de las solicitudes presentadas y aprobadas.
Qué suponen
Estas regularizaciones suponen un cambio radical para los beneficiarios, que pasan de la vulnerabilidad a la estabilidad legal, con acceso a cotizaciones, contratos formales, sanidad, educación y derechos laborales plenos. Para el Estado, implican mayor recaudación fiscal, control administrativo y respuesta a sectores económicos con demanda de mano de obra, como la agricultura, la hostelería o el cuidado de dependientes.
Socialmente, fomentan la integración y reducen la precariedad, pero también generan debate sobre si actúan como incentivo para nuevas llegadas irregulares. El Ejecutivo defiende que ordena una situación ya existente y compatible con el crecimiento económico, mientras críticos ven riesgos para el orden público y el empleo local.
Pedro Sánchez, en una carta a la ciudadanía publicada en X (antes Twitter) ha anunciado la regularización en "un acto de normalización, de reconocer la realidad de medio millón de personas que forman parte de nuestra sociedad". Con "orgullo de ser español", el Presidente del Gobierno ha afirmado que se sentía en la obligación moral de actuar.
El Consejo de Ministros aprobará hoy el Real Decreto que da inicio al proceso de regularización extraordinaria de personas en situación irregular en nuestro país.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 14, 2026
Un acto de normalización, de reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra… pic.twitter.com/Es9il0KE59
A cuántos afecta
El proceso podría beneficiar a más de medio millón de personas, según las cifras oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Se dirige a extranjeros que se encontraban en España antes del 31 de diciembre de 2025, con permanencia continuada de al menos cinco meses previos a la solicitud. Incluye tanto solicitantes de protección internacional como personas en irregularidad general.
La estimación de 500.000 se basa en datos de población irregular y solicitudes pendientes, aunque el número final podría variar según la documentación aportada. Especialmente relevante es su impacto en colectivos como marroquíes, colombianos, venezolanos y latinoamericanos, que representan la mayoría de los irregulares integrados laboralmente.
Cómo se da el proceso
El procedimiento de regularización de inmigrantes arranca con la presentación de la solicitud en oficinas de Extranjería o comisarías de Policía. Debes adjuntar documentación que acredite tu estancia previa en España (empadronamiento, facturas, contratos), la ausencia de antecedentes penales y el pago de la tasa 790-052 (unos 15-20 euros). Una vez admitida, obtienes inmediatamente una autorización de residencia y trabajo por 1 año, prorrogable si demuestras inserción socio-laboral (contrato, cotizaciones).
El Real Decreto introduce la Disposición Transitoria Sexta en el Reglamento de Extranjería, creando esta autorización excepcional. No podrás acceder si representas amenaza al orden público, tienes prohibida la entrada en España o estás en compromiso de no retorno. La resolución llega en el plazo ordinario (3 meses máximo), con opción a prórroga si hay saturación.
La fecha de corte es el 31 de diciembre de 2025. Solo pueden optar a ello quienes acrediten presencia física en España antes de esa fecha con al menos 5 meses de estancia probada. Las solicitudes abren este jueves 16 de abril de 2026 y cierran el 30 de junio de 2026. El Gobierno acelera la formación de oficinas para evitar colapsos.
Requisitos detallados
Posición de los partidos
El Gobierno (PSOE y aliados) celebra la regularización de inmigrantes como un "día histórico" para los derechos humanos, la integración laboral y la cohesión social. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, defiende la vía reglamentaria como la más rápida y garantista, respaldada por una iniciativa legislativa popular con 611.000 firmas y mayorías parlamentarias previas. Argumentan que regulariza a quienes ya contribuyen a la economía, llenando 450.000 empleos vacantes en sectores esenciales.
PP y Vox mantienen una oposición frontal. El PP impulsa recursos judiciales ante el Tribunal Supremo y comparecencias urgentes en el Congreso, alertando sobre los riesgos de seguridad, como el "efecto llamada" migratorio y un aumento de la presión sobre los servicios públicos. Vox, por su parte, va más allá. Los de Abascal proponen eliminar el arraigo familiar, vincular regularizaciones a investigaciones antiterroristas y expulsiones exprés en mociones ya rechazadas en comisiones.
Socios del Gobierno como ERC y EH Bildu apoyan la medida sin fisuras, rechazando cualquier restricción adicional y defendiendo el carácter humanitario. Sumar, de hecho, celebra la "victoria colectiva" tras años de presión social.
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