La regularización extraordinaria de inmigrantes que el Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros nace con la vocación de “reconocer la realidad de casi medio millón de personas” que ya viven y trabajan en España. El propio Ejecutivo la presenta como “un acto de normalización” y “de justicia”, en línea con la historia migratoria del país en una carta a la ciudadanía que ha publicado en sus redes sociales. Sin embargo, el texto —según denuncian juristas y organizaciones sociales saharauis— deja fuera a los solicitantes del estatuto de apatridia, un colectivo especialmente vulnerable y en su mayoría saharauis.

“Me parece de extrema gravedad”, advierte una abogada saharaui, que pide cautela hasta conocer el texto definitivo, pero que ya alerta de las consecuencias de la exclusión. “Si esto se confirma tal y como apuntan los borradores, lo que hay es una discriminación clara y evidente contra un colectivo concreto”, sostiene.

La medida busca, por un lado, dar salida a miles de solicitantes de asilo que no encajaron en la reforma anterior y, por otro, regularizar a cientos de miles de personas en situación irregular. Según el Gobierno, se trata de una herramienta necesaria ante el envejecimiento de la población y la necesidad de mano de obra. “Sin nuevas personas trabajando y cotizando, nuestra prosperidad se frena”, recoge el mensaje difundido por el Ejecutivo.

Los apátridas se quedan fuera

Pero en ese diseño, los solicitantes de apatridia quedan fuera. Y ahí, según la letrada, se produce el agravio comparativo. “Los solicitantes de asilo que no han obtenido respuesta podrán acogerse a esta autorización de residencia. Pero los solicitantes del estatuto de apátrida que están en la misma situación jurídica y, sin embargo, se les excluye”, explica. “No tiene fundamento ni jurídico ni moral”.

La diferencia es aún más significativa si se atiende a los datos. “El 96% de las solicitudes de apatridia en España son de ciudadanos saharauis según los datos de Interior”, subraya. Esto convierte la exclusión en un problema que afecta de forma casi directa a esta comunidad. “No todos los apátridas son saharauis, pero la mayoría sí lo son. Y eso nos lleva a preguntarnos por qué se produce esta discriminación”, explica, apuntado que se trata de una posición política clara. 

La abogada describe un sistema que ya de por sí arrastra importantes deficiencias. “El problema real es que los procedimientos de apatridia no se resuelven”, denuncia. “Hay personas que llevan cuatro o cinco años esperando una respuesta”. 

Otros colectivos en su misma situación

A esta lentitud se suma la falta de recursos administrativos. “La oficina central en Madrid está cerrada desde el COVID”, afirma. “No hay atención, no hay resolución y ahora, además, se les deja fuera de una regularización que sí beneficia a otros colectivos en su misma situación”.

Las consecuencias son profundas. A diferencia de los solicitantes de asilo, que pueden trabajar a los seis meses, los solicitantes de apatridia no tienen autorización laboral. “Eso significa que pueden pasar cuatro o cinco años sin absolutamente nada”, explica. “Ni trabajo, ni ingresos, ni estabilidad”.

El Movimiento Regularización Ya, impulsor de la iniciativa, ha celebrado algunos avances del texto final —como la flexibilización de requisitos o la autorización provisional de trabajo—, pero también ha confirmado la exclusión de los solicitantes de apatridia “tras el dictamen del Consejo de Estado”. Una decisión que, según el colectivo, se ha adoptado pese a haber presentado “alternativas viables” para su inclusión.

Un interés en no regularizar

Para la abogada, el problema no es sólo técnico, sino también político. “Somos un colectivo muy pequeño y no tenemos fuerza porque no interesa”, reconoce. “Hay un interés claro de que no se abran vías normales para regularizar nuestra situación”. A su juicio, la exclusión responde a una combinación de factores, entre ellos el peso demográfico y el contexto internacional.

“Si esto se refleja así en la normativa, es un atropello más de todo lo que lleva sufriendo el pueblo saharaui”, afirma. Pese a todo, el colectivo estudia posibles acciones legales. “Claro que se puede recurrir”, señala, aunque admite las dificultades. “Somos pocos, pero vamos a intentar hacer todo lo posible desde la asociación de abogados saharauis”.

La regularización extraordinaria se presenta como una medida histórica, capaz de integrar a cientos de miles de personas. Pero, para los saharauis apátridas en España, la sensación es bien distinta. “Están en la misma situación que otros colectivos que sí van a ser regularizados”, concluye la letrada. “Y, sin embargo, se les deja fuera. No tiene ninguna explicación”.