El exministro de Transportes José Luis Ábalos y su mano derecha, Koldo García, han encontrado un punto en común en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo por el 'caso mascarillas'. En lo que se ha ido viendo en estas dos semanas de vista oral, ambos han alineado sus estrategias de defensa respecto a la adquisición de las mascarillas durante la pandemia para defender que aquellas compras a la empresa Soluciones de Gestión no solo fueron "correctas", sino "necesarias" en un contexto de emergencia en el que la prioridad era asegurar el suministro.
Fuentes de las defensas explican a este periódico que ambas líneas argumentales convergen en la idea de que las cantidades adquiridas —ocho millones de mascarillas a través de Puertos del Estado y otros cinco millones mediante Adif— respondían a una "necesidad técnica previa" ya identificada en el propio Ministerio, y que las decisiones se adoptaron bajo la presión operativa de los primeros días del estado de alarma. A su juicio, las peticiones iniciales de material incluso se quedaron "cortas" respecto a las necesidades que había en aquel momento.
Ese planteamiento se apoya, según las citadas fuentes, en algunas de las testificales escuchadas en el Supremo durante las últimas sesiones del juicio. La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, defendió que la primera partida gestionada a través de Puertos del Estado a la mercantil vinculada al empresario Víctor de Aldama era "la primera que llegaba a España" tras la irrupción de la pandemia. Subrayó que su equipo tomó "la solución acertada" en un contexto de "tensión de mercado". "No sé lo que habría pasado si se hubiese tomado otra decisión", esgrimió ante el Salón de Plenos.
En ese marco, las representaciones legales de ambos encausados sostienen que la actuación de la entonces cúpula de Transportes respondió a una necesidad operativa y no a un diseño orientado a favorecer a Soluciones de Gestión. Sin embargo, esta tesis convive con las conclusiones de la investigación judicial, que sitúa el foco en la rapidez con la que se modificó la primera orden de compra de Puertos del Estado para duplicar la cantidad de mascarillas de cuatro a ocho millones en apenas minutos. Ese cambio elevó el importe del contrato de 12 a 24 millones de euros en favor de la empresa de Aldama.
El excel que podría 'salvarles'
En el centro de esa secuencia aparece una hoja de cálculo elaborada en los primeros compases de la pandemia por el entonces director de Organización e Inspección del Ministerio, Javier Sánchez Fuentefría. Según su declaración como testigo, el documento recogía las necesidades estimadas de mascarillas que le remitieron las entidades públicas dependientes de la cartera en los días previos a la primera orden de compra: unos cuatro millones para 15 días y cerca de ocho millones para un mes.
El propio Fuentefría explicó que su labor se limitó a recopilar esas estimaciones y elevarlas a su superior jerárquico antes de que se activara cualquier adjudicación. "Pedí las necesidades a las entidades y me comunicaron sus estimaciones. Ese excel lo remití a mi jefe con las necesidades para 15 y 30 días", declaró ante el tribunal. Añadió además que en ese momento no tenía conocimiento de ofertas concretas ni de empresas adjudicatarias: "Cuando me dice mi jefe que se va a hacer una compra fue el 19 de marzo. La oferta que me pasó para Puertos del Estado fue al día siguiente".
Las defensas de Ábalos y Koldo sitúan ese excel como una pieza clave para sostener que las cantidades finalmente contratadas ya estaban previstas desde el ámbito técnico del Ministerio, y que por ello se duplicó la partida final. No obstante, esa interpretación choca con la auditoría interna encargada por el posterior Ministerio de Transportes —ya bajo la dirección de Óscar Puente—, y que precisamente cuestionó ese salto de cuatro a ocho millones de mascarillas.
Pero esa auditoría no incorporó el excel de Fuentefría, según declaró ante el Supremo la sucesora en el cargo de quien la encargó, Belén Villar, quien afirmó que no tuvo conocimiento del documento hasta "hace poco". Para las defensas, esa ausencia resulta relevante, al considerar que deja fuera un elemento que, a su juicio, es clave para entender la planificación inicial.
Desde el primer momento, tanto Ábalos como Koldo han sostenido que la auditoría tuvo un carácter "sesgado" y una "motivación política", destinada a desacreditarlos en paralelo al procedimiento judicial que ya se seguía en la Audiencia Nacional. En esa línea, el exministro se querelló contra las autoras del informe y contra Villar por presuntos delitos de falsedad documental y falso testimonio.
Ábalos llegó a afirmar que no existía precedente de un ministro impulsando una investigación interna sobre su propio predecesor del mismo partido, y denunció que el informe tuvo una “trascendencia efectiva” en su imputación al ser incorporado por el juez instructor de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en la exposición razonada que elevó al Tribunal Supremo.
En ese auto, el magistrado señaló que la auditoría apuntaba a la posibilidad de que el entorno de Ábalos hubiera contactado y negociado con Soluciones de Gestión –en el marco del presunto "concierto de voluntades" que tenía con Aldama para supuestamente embolsarse mordidas– para ajustar el contrato a su oferta, una conclusión que, según recogía, coincidía con las diligencias de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Frente a ello, fuentes de la acusación subrayan que la investigación de la UCO se inició con anterioridad a esa auditoría y que los indicios contra Ábalos y Koldo existen de forma independiente al informe elaborado por el Ministerio de Transportes. En concreto, sitúan el origen del procedimiento en 2022, a raíz de la denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción por el diputado del Partido Popular Alfonso Serrano.