La asociación Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en el caso Begoña Gómez, solicita una pena de 24 años de prisión para la esposa del presidente del Gobierno por los delitos de corrupción, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida. Se tratan de los mismos cuatro delitos por los que fue procesada por el juez Juan Carlos Peinado, a cargo de la investigación de la causa.

En su escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, la acusación también pide una pena de 22 años de cárcel para su exasesora Cristina Álvarez, al considerarla autora de un delito continuado de malversación y cooperadora necesaria en los delitos de tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida. Por su parte, el empresario Juan Carlos Barrabés se enfrenta a una petición de seis años de prisión por los delitos de tráfico de influencias y corrupción.

Asimismo, la asociación ha solicitado que se les impongan como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional sin autorización judicial previa y la obligación de firmar cada 15 días en sede judicial, argumentando un "evidente y fundado" riesgo de fuga por parte de los tres acusados. En la causa también están personados Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa y el Movimiento de Regeneración Política de España.

El juez Peinado emplazó a las partes a entregar sus respectivos escritos de conclusiones finales la semana pasada. En esa resolución, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid daba por terminada la instrucción del caso y acordaba procesar a los tres investigados por los delitos de tráfico de influencias, corrupción, malversación y apropiación, dejando fuera de la causa el de intrusismo profesional.

Sobre la contratación de Álvarez como asesora, Hazte Oír considera que su retribución está "vinculada a la gestión de la agenda pública e institucional" de la esposa de Pedro Sánchez, y no para "pagar una actividad laboral al servicio de los intereses laborales y mercantiles privados de la misma". "Con ánimo de lucro, ha estado percibiendo y apropiándose de un sueldo establecido en razón de sus funciones públicas", señala el escrito.

En cuanto a la adjudicación a Barrabés, la asociación da cuenta de que Gómez firmó "dos cartas de apoyo de dos ofertas" vinculadas al empresario en procedimientos de la empresa pública Red.es, que, según sostienen, resultaron adjudicatarias de dos contratos en julio y agosto de 2021. "Barrabés conoció siempre y aceptó voluntariamente tal influencia al recibir y aportar a los procesos de adjudicación las citadas cartas", añade.

Por otro lado, sobre la creación de la Cátedra, la representación de la acusación popular manifiesta que Gómez se aprovechó de "su relación con el presidente del Gobierno" para ofrecer "directa o indirectamente" a distintos directivos "su interlocución" con Pedro Sánchez. Así, según recoge el escrito, la investigada ofrecía s "participación pública" para obtener a cambio "contraprestaciones tanto económicas como de aportación de servicios y trabajos" para su "favorecimiento personal" y "con un coste cero para ella".

"Tal proceder motivó la obtención de patrocinios, servicios, soporte técnico, capital relacional y posicionamiento competitivo para poder realizar un programa informático único en el mercado y a un precio altamente competitivo, pues lo obtuvo sin coste. Y ello por ser su intención, desde un primer momento, desviar la propiedad del producto final, a su propio patrimonio", indica.

Sánchez, Bolaños y Aldama, entre los testigos

Entre los testigos que citan para prestar declaración en el juicio se encuentra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La asociación considera que su testifical interesa "en cuanto a su relación con la acusada" y "la utilización de la Moncloa como ámbito relacional" del proyecto.

También solicitan que testifique el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al considerar que su declaración es "determinante" para esclarecer el nombramiento de Álvarez y el "alcance funcional" de su puesto, ya que él dirigió la Secretaría General de Presidencia.

Asimismo, para explicar la relación entre Gómez y Barrabés, Hazte Oír solicita las testificales del empresario Víctor de Aldama --acusado en el juicio que se celebra desde principios de mes en el Tribunal Supremo por el 'caso mascarillas'--, y el que fuera CEO de Air Europa, Javier Hidalgo.