El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, pondrá el foco en la colaboración de Víctor de Aldama en su escrito de conclusiones definitivas del caso Koldo, al que ha tenido acceso El Independiente. Según las modificaciones introducidas sobre el documento inicial —y a la vista del contenido de las conclusiones provisionales—, el Ministerio Público reforzará la idea de que buena parte de los hechos investigados, y en particular el alcance de determinadas responsabilidades políticas, no habrían salido a la luz sin las revelaciones del empresario.

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El propio escrito ya recoge que Aldama reconoce los hechos que se le atribuyen y que su testimonio ha sido clave para apuntalar la acusación. En concreto, la Fiscalía destaca que el empresario “ha reconocido los hechos que se le atribuyen, aportando detalles sobre la duradera relación que mantuvo con José Luis Ábalos Meco y Koldo García Izaguirre” . No solo eso, sino que Luzón reconoce que su declaración permitió describir “el inicio de la misma y el concierto entre ellos para conseguir la adjudicación de contratos o el dictado de resoluciones”, así como el pago de “importantes cantidades en efectivo” .

Este reconocimiento no se limita a una confesión genérica. El fiscal subraya que Aldamaque más allá al aportar documentación y elementos de prueba que hasta ese momento los investigadores no conocían. “Ha aportado documentación que acredita el inicio de unas relaciones con José Luis Ábalos que fueron negadas por este”, señala el texto . Esa colaboración es la que ahora Luzón quiere poner en valor de forma expresa en su escrito final, en línea con lo que ya se anticipa en las conclusiones provisionales.

La rebaja de pena de Aldama

En ese contexto, fuentes jurídicas apuntan a que Anticorrupción destacará que sin el testimonio del empresario el papel de determinados actores en la trama hubiera sido “desconocido”. Entre ellos el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, cuya aparición en el procedimiento fue uno de los elementos más sensibles políticamente.

Asimismo, cabe señalar que durante la sesión del pasado lunes se produjo una presunta orden por parte de la Fiscalía General del Estado, dirigida por Teresa Peramato para no rebajar la pena a Víctor de Aldama en el caso Mascarillas. Según fuentes judiciales, Alejandro Luzón, quería aplicar un atenuante muy cualificada por colaboración que habría permitido reducir de forma significativa la petición de condena. La decisión se enmarca en la jerarquía interna del Ministerio Fiscal, que obliga a los fiscales a acatar las instrucciones de sus superiores en sus dictámenes, aunque puedan mantener margen en su exposición oral ante el tribunal.

Finalmente Luzón asumió el criterio de la fiscal general y mantuvo la petición de siete años de prisión para Aldama, aunque en su escrito ha querido dejar constancia de que aprecia su colaboración con la Justicia como relevante.

Grabaciones "relevantes"

El documento también deja claro que la aportación de Aldama no fue marginal, sino estructural para la causa, según Luzón. La Fiscalía sostiene que su relato ha permitido “corroborar” extremos relevantes mediante pruebas adicionales, como mensajes y documentos intervenidos. De hecho, se menciona que algunos de esos documentos incluían anotaciones manuscritas atribuidas a Koldo García, cuya autenticidad se confirmó por una prueba pericial caligráfica.

Además, las grabaciones incorporadas a la causa refuerzan esa línea. Según el escrito, se trata de “conversaciones relevantes” que encajan con lo declarado por Aldama y que se han sometido a análisis acústico y electrónico. Todo ello ha contribuido a construir un relato sólido sobre el funcionamiento de la supuesta organización criminal.

El valor de su testimonio

La Fiscalía describe ese entramado como una estructura en la que Ábalos, Koldo García y Aldama actuaban de forma coordinada para obtener beneficios económicos mediante la adjudicación de contratos públicos. En ese esquema, el empresario desempeñaba un papel clave como intermediario y facilitador, pero también como conocedor directo de los mecanismos internos de la trama.

Es precisamente esa posición la que explica el valor que ahora Anticorrupción otorga a su testimonio. Frente a la negativa de otros acusados, la versión de Aldama permitió abrir nuevas líneas y profundizar en conexiones que hasta entonces se desconocían, según explica el fiscal jefe Anticorrupción.

Atenuante de confesión

El reconocimiento de esa colaboración tiene también consecuencias jurídicas. El escrito ya contempla la aplicación de la atenuante de confesión para el empresario, lo que se traduce en una petición de pena inferior respecto a otros acusados. En concreto, la Fiscalía solicita para él cuatro años de prisión por organización criminal, además de otras penas por cohecho y delitos relacionados.

Luzón pretende dejar claro que el avance de la investigación no puede entenderse sin esa colaboración, que permitió iluminar zonas opacas del entramado y situar el foco en responsabilidades políticas que, de otro modo, habrían quedado fuera del radar judicial.