La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha remitido un escrito al juez Juan Carlos Peinado en el que asegura que su nombramiento como directora de la Catedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva se produjo tras una reunión que tuvo en 2020 con el rector de la Universidad Complutense, Joaquin Goyache. En aquel encuentro, éste le planteó la posibilidad de que dirigiera una Cátedra Extraordinaria, dada la experiencia previa que Gómez tenía con la codirección de dos master en el centro universitario madrileño.

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Así consta en el documento, remitido este lunes al juzgado, al que ha tenido acceso El Independiente. Además, la esposa de Pedro Sánchez argumenta que su vinculación institucional con la Complutense comenzó en el año 2012, momento en el que su marido no ostentaba ninguna responsabilidad pública. Cabe recordar que Goyache llegó a estar imputado por Peinado, decisión que posteriormente revocó la Audiencia Provincial de Madrid al considerar que no había motivos para investigar al máximo dirigente de la Complutense.

El abogado de Gómez, el exministro del Interior Antonio Camacho, indica al magistrado que el nombramiento se hizo tras la comprobación por parte del Vicerrector de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Doadrio, de que concurrían todos los requisitos legalmente exigidos para el puesto, así como que la Cátedra no conllevaba la percepción de retribución alguna.

Asimismo, indica que fue codirectora de estudios sobre recaudación de recursos y luego codirectora de un máster en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro. Paralelamente siguió su actividad profesional en la empresa Inmark, que dejó cuando su marido fue nombrado presidente en 2018 "con la finalidad expresa de evitar cualquier conflicto de intereses".

La mujer del presidente del Gobierno reclama a Peinado, que la investiga desde hace más de dos años, ser absuelta si finalmente la causa contra ella llega a juicio, al considerar que los hechos que se le imputan "no son constitutivos de delito alguno" y que existe una "mala fe" por parte de las acusaciones. Begoña Gómez denuncia "temeridad de las acusaciones" que "se ha puesto de manifiesto a lo largo de todo el procedimiento" porque, en su opinión, "ha existido una inexistencia absoluta de base indiciaria suficiente desde el inicio".

"Las acusaciones sostienen su pretensión punitiva a pesar de que los elementos de prueba obrantes en la causa, valorados en su conjunto, resultan manifiestamente insuficientes para sustentar los tipos penales imputados", asegura Camacho al juez.

El software de la Complutense

Sobre el software, Gómez señala que en el convenio de creación de la cátedra se preveía "la creación y puesta en marcha de una plataforma tecnológica digital concebida como herramienta para la medición del impacto social y su cuantificación, que facilite una aceleración dentro del proceso, que dará como resultado una maximización del impacto, la generación de nuevas oportunidades e inversiones".

Una plataforma que se ideó, según la defensa de la investigada, "como una plataforma gratuita y que era propiedad de la UCM" y que se desarrolló gracias a "la colaboración de distintas empresas, en su mayoría tecnológicas, que aportaron horas de trabajo o cantidades de dinero". "Todas esas cantidades de dinero fueron ingresadas en el patrimonio de la UCM de forma que la propia UCM licitó los contratos que eran necesarios para la puesta en marcha del software", señala el escrito de Camacho.

Además, detalla que en el procedimiento "consta que el citado software no se finalizó, estando en fase de pruebas en el momento de incoación del presente procedimiento, de forma que nunca estuvo en uso ya que, cuando se incoa el presente procedimiento, la UCM decidió finalizar la cátedra y el cierre de todas sus actividades". En ese momento, añade, "los fondos fruto de las aportaciones de las empresas colaboradoras que no habían sido utilizados quedaron en el patrimonio de la UCM". La universidad comunicó al juez que abonó 113.509,32 euros para el desarrollo del 'software'.

En lo que respecta a su asesora, el abogado detalla que Cristina Álvarez, también imputada, "ha remitido un número muy limitado de correos para ayudar en momentos puntuales" a la esposa del presidente. Unos correos que, a su juicio, "fueron siempre remitidos desde su cuenta particular" y cuya remisión "no ha afectado en absoluto al correcto cumplimiento de sus funciones y por ello no ha supuesto, tampoco, ningún menoscabo de recursos públicos".

Sobre la relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, igualmente investigado y que según las acusaciones la ayudó en la cátedra a cambio de que ella firmara cartas a favor de sus proyectos, Camacho explica que el empresario participó en el máster de Begoña Gómez "dando alguna clase" y "no tuvo ninguna intervención ni en la génesis ni en el desarrollo" de la cátedra de la Complutense investigada.