Mientras el foco público se posa casi siempre sobre ministros, partidos y escándalos políticos, en España existe otro poder mucho menos visible que opera desde los despachos donde se toman las grandes decisiones que afectan al país. Un círculo reducido de altos funcionarios —abogados del Estado, letrados de las Cortes, inspectores de Hacienda o miembros del Consejo de Estado— que conoce la maquinaria institucional mejor que nadie y cuya influencia trasciende los cambios de gobierno. Así lo explica el periodista Rafael Méndez en su libro Los dueños del Estado, que pone nombre y contexto a esta élite que, lejos del ruido mediático, ha acumulado durante décadas un enorme poder con escasa rendición de cuentas.
Estos trabajadores públicos son quienes redactan informes decisivos, interpretan normas, frenan reformas o allanan el camino de otras. Permanecen cuando los políticos pasan. El autor describe un sistema en el que algunos de sus integrantes alternan responsabilidades públicas con lucrativas etapas en el sector privado, aprovechando un conocimiento privilegiado del Estado e incluso litigando contra la propia Administración. En conversación con El Independiente, Méndez analiza la endogamia de ciertos cuerpos, las puertas giratorias y la escasa atención periodística que ha recibido una de las estructuras más influyentes de España.
No soy conspiranoico, pero después de este libro cuesta no pensar que existe un establishment sobre el que no hay un control real.
No era mi intención transmitir esa idea, aunque sí me la planteé en algún momento. Creo que simplemente no se sabe y tienen tanto poder porque se lo hemos dado y porque pasamos de ellos, no porque sea algo oculto. De hecho, muchas cosas basta con buscarlas. Mario Conde me dijo una vez que el poder no es el que tienes, sino el que te dan. Hablaba de su estancia en la cárcel, donde el poder es el que te conceden los reclusos, pero sirve para todo.
A esta élite le hemos dado poder y prestigio. Hemos decidido que son intocables, pero lo hemos decidido entre todos, casi sin darnos cuenta. A mí me parece bien que exista un abogado del Estado, alguien independiente, que pueda decirle “no” a un ministro. Si ahora llega Vox o cualquier otro Gobierno con prioridades distintas, tiene que haber un alto funcionario independiente que pueda frenar bandazos. Pero ese poder tiene que llevar aparejada una rendición de cuentas y una ejemplaridad que en muchos casos ha faltado. Hemos decidido no saber si tienen negocios, si pasan de un lado a otro... El poder está bien; si parece oculto es porque no hemos puesto atención. Ha faltado arrojar luz.
Los datos del CGPJ muestran que en la carrera judicial están entrando muchas personas sin vínculos familiares previos. En otros cuerpos no parece ocurrir: sorprende la cantidad de hijos, nietos, y apellidos compuestos que mencionas.
Cuanto más pequeño es el cuerpo, más ocurre. Los datos de la Escuela Judicial son los que son y contra eso no se puede argumentar. En este caso, cuanto más reducido es el cuerpo, más endogámico resulta. Por eso algunos cuerpos luchan por mantenerse muy pequeños. Los letrados del Consejo de Estado, que son apenas una treintena, en los años ochenta vivieron una reforma para integrarlos con los abogados del Estado y hacerlos más transversales. Recurrieron al Tribunal Constitucional y ganaron, manteniéndose al margen. Salen muy pocas plazas y es muy difícil que alguien siquiera se plantee presentarse.
Federico Trillo cuenta en sus memorias que su padre, alcalde de Cartagena, le presentó a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, letrado del Consejo de Estado, que le ayudó a preparar la oposición. La hija de Trillo está hoy en el Consejo de Estado. Allí hay hermanos, hijos y sagas familiares. Cuanto más pequeño es el cuerpo, más sucede. La gente muchas veces ni se presenta porque existe una barrera de entrada. Las Cortes Generales hicieron campañas en universidades para dar a conocer la oposición a letrados de Cortes. Hay becas del Gobierno y veremos si funcionan. Pero el Consejo de Estado ha quedado al margen de esas dinámicas.
Además, para preparar estas oposiciones suele necesitarse alguien que ya las haya aprobado. Es muy difícil que una persona que parte de cero, por brillante que sea, se lo plantee. En los abogados del Estado hubo un estudio que señalaba que el 20% tenía apellidos compuestos, cuando en la población general rondan el 1%. Las oposiciones son durísimas, pero también existe un sesgo de clase clarísimo.
¿Quedaron en la Transición deberes pendientes por hacer respecto de los cuerpos funcionariales que mueven el engranaje del Estado?
Después del libro me escribió un viejo socialista para decirme que cambiamos muchas cosas, que España se modernizó, pero que estos cuerpos no cambiaron y se les dejó hacer. Mantuvieron su negocio, su despacho por la tarde, y las cosas han cambiado muy lentamente y sin molestarles. Me gusta el ejemplo de la compatibilidad en la Abogacía del Estado, que permitía tener despacho privado. Es una figura pegajosa, que no he visto defender a nadie salvo a quienes la disfrutaban. En El Confidencial publicamos la lista: había 33 compatibilidades ocupadas de 40 reservadas. El mismo día que litigábamos por obtener esos datos concedieron la última. Desde entonces no se ha otorgado ninguna más. Quedan unas pocas porque se ha esperado a que sus titulares se jubilaran o regresaran al sector público.
Alguien me dijo una vez que si los enfadas no salen los papeles. Todo político que llega necesita la complicidad de los altos cuerpos: te facilitan la vida, firman informes, igual que un alcalde necesita entenderse con su interventor. Enfrentarse con ellos no solo implica obstáculos internos, sino que tampoco da rédito mediático ni electoral. Por ejemplo, nadie aprobó en cuarenta años una ley que estableciera que si un abogado del Estado se iba a excedencia para pleitear contra España perdía la plaza. A muchos les daría igual porque acabarían jubilándose en la privada con grandes ingresos, pero el sistema lo ha ido permitiendo. Todo el mundo que conoce la Administración lo sabe, y también los Gobiernos.
Cuando pleitean contra el propio Estado...
Con los recortes de Zapatero y Rajoy a las renovables durante la crisis, los inversores españoles acudieron a la justicia española y perdieron. Los internacionales plantearon arbitrajes contra España en Nueva York y Estocolmo. Ya no era contra un ministerio, sino contra el Reino de España. A veces eran fondos soberanos o empresas públicas extranjeras. Hubo despachos, como Uría Menéndez, que no quisieron asumir esos pleitos porque consideraban que era ir contra España. La sorpresa fue que muchos de esos procedimientos los llevaron abogados del Estado en excedencia, que ganaron muchísimo dinero y mantienen la plaza reservada en el ministerio.
Y nadie ha hecho una reforma legal para impedir que vuelva a ocurrir. Después España creó su propio departamento de arbitraje en la Abogacía del Estado, impulsado por Soraya Sáenz de Santamaría. Hoy algunos fondos están fichando precisamente a personas de ese departamento. Uno de sus antiguos responsables lleva ahora un arbitraje contra España en nombre de una minera ante el Banco Mundial por mil millones de euros. Eso lo sabe todo el sector. Es legal, transparente y se puede encontrar en internet. A mí eso era lo que más me atraía: no era ilegal. Pero los periodistas no solo publicamos delitos. Lo legal también puede ser enormemente interesante.
En el libro mencionas a uno de los protagonistas de los últimos meses, el fiscal Alejandro Luzón, al hablar del caso Afinsa: una estafa evidente que todo el mundo veía y nadie frenó hasta que explotó.
Era una estafa, sí. Hubo condenas de cárcel. Tendríamos que haberlo sabido porque era transparente: anuncios en televisión diciendo "danos tu dinero y te damos una rentabilidad del 7%". Era una barbaridad. Imposible sostenerlo. El secretario del consejo de Afinsa, que debía velar por la legalidad, era abogado del Estado en activo. En algunos documentos aparecía incluso membrete de la Abogacía del Estado, se confundía todo. Fue condenado a prisión, salió antes de tiempo y nadie pidió su inhabilitación. Hoy hablamos de inhabilitar al fiscal general por filtrar un correo, pero aquel abogado pidió el reingreso y volvió a trabajar. Entiendo que aquello no ocupara grandes titulares, pero dentro del Gobierno y de Justicia tampoco provocó cambios profundos. Todos se conocen y supongo que existe indulgencia, como en cualquier grupo humano.
Y lo destaparon periodistas, tal y como narras en el libro
La revista Barron's hizo una prueba muy sencilla: llevó unos sellos y preguntó cuánto valían. Le respondieron que 600. Entonces contestaron que acababan de comprarlos por 20. Fue un periodista extranjero. Ese caso deja en evidencia tanto a la Administración como a la prensa española. En aquellos años de la burbuja se publicaban disparates sin ver lo que había delante. Recuerdo una cifra: España construía más viviendas que Francia, Alemania e Italia juntas. Y no se contaba como el preludio de algo imposible, sino casi como una noticia positiva. Con Afinsa pasaba lo mismo: si vendes sellos con rentabilidad garantizada del 7%, eso desafía al sentido común. Aquel periodista nos dejó colorados a todos.
¿Y el papel de los periodistas? Da la sensación de que muchas veces estamos pegados al poder, no tanto por interés como por rutina.
Intento comprender a todo el mundo. No juzgo a quien se va a la privada a ganar dinero; intento explicar cómo el sistema lo ha permitido. Si se cerrara esa puerta, la mayoría de altos funcionarios que están en su puesto y se jubilarán allí seguramente lo verían bien. El problema no es solo quien se va, sino quien lo consiente. Con los periodistas pasa algo parecido. Tienes que hacer muchísimas piezas al día. Yo he estado en el Congreso y tenía la impresión de estar rascando la superficie. Igual que los periodistas culturales cubren novedades más que la industria cultural, nosotros muchas veces contamos lo urgente y no lo importante.
Esto sería la industria del poder: lo que ocurre entre bambalinas. Estamos entretenidos mirando donde enfoca el foco principal, mientras quienes están en el borde permanecen en penumbra absoluta. Y tienen mucho poder. Un político no puede pasar directamente a la empresa privada con la misma facilidad, pero quien está a su lado sí puede hacerlo: irse a una consultora, asesorar a eléctricas, después de haber hecho normas con ellas. La Unión Europea está preocupada porque grandes tecnológicas estadounidenses fichaban a altos cargos de la Comisión. Les inquieta el conocimiento que se llevan. Cuando lo leí pensé: esto en España lleva ocurriendo cuarenta años sin que apenas haya importado.
Leyendo el libro me preguntaba si para que una democracia funcione es necesario que los altos funcionarios sean anónimos, discretos y estén al margen del ruido político y mediático.
Creo que es necesario que exista un cuerpo de altos funcionarios fuerte y capaz. En el caso de José Luis Ábalos, por ejemplo, resulta interesante cómo para colocar a Jessica tienen que llamar a Ineco, que llama a Tragsa. Hay dos empresas públicas de por medio. El ministro no llega solo y coloniza todo de forma automática. No es tan sencillo. No entro en si la oposición debe ser más o menos memorística, porque no soy experto. Personalmente sí veo un problema en que algunas de las mejores mentes de un país pasen tres o cuatro años encerradas preparando exámenes.
Las oposiciones son duras y tienen prestigio. Pero ese cuerpo debe ser ejemplar. Si al mismo tiempo mantiene negocios, despachos privados que nadie sabe quién contrata... y no es que no lo sepa yo, es que no lo sabe ni el propio Ministerio de Justicia, entonces hay un problema. En el Consejo de Estado, por ejemplo, hubo un letrado mayor de sección encargado de normas del Banco de España que durante años fue consejero de un banco andorrano y a nadie pareció importarle. Ese es el verdadero debate.
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