La investigación sobre el rescate de Plus Ultra ha terminado colocando bajo el foco policial a un reducido círculo de empresarios, abogados y financieros que orbitaban desde hace años alrededor del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) no sólo investiga el destino de los 53 millones concedidos por la SEPI a la aerolínea en plena pandemia. El objetivo de los agentes es reconstruir la red de sociedades y relaciones personales que conectan a varios de los imputados entre España, Venezuela y Latinoamérica.

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En el centro de esa estructura aparece Julio Martínez Martínez, empresario alicantino y administrador de Análisis Relevante SL, la consultora desde la que se articuló buena parte de las relaciones económicas investigadas. La sociedad apenas tenía estructura ni empleados, pero recibió cientos de miles de euros procedentes de Plus Ultra por supuestos trabajos de consultoría y asesoramiento estratégico.

La importancia de Martínez no radica únicamente en los pagos. Los investigadores consideran que actuaba como enlace entre empresarios venezolanos, directivos de la aerolínea y el entorno del expresidente socialista. Según investigan los agentes, parte del dinero transferido por Plus Ultra podría haber acabado en sociedades vinculadas a Zapatero y a su entorno familiar.

Whathefav y las hijas de Zapatero

Ahí aparece Whathefav SL, la empresa creada por las hijas del expresidente. La mercantil ha sidoregistrada por agentes de la UDEF en la mañana de este martes dentro de la nueva fase de la operación. Los agentes tratan de determinar el origen y destino de determinados pagos realizados desde empresas vinculadas a Julio Martínez y si respondían realmente a trabajos de comunicación y marketing o formaban parte de una estructura de facturación cruzada.

La sociedad tiene además otro elemento que ahora vuelve a cobrar relevancia, ya que fue constituida junto a Víctor García Díaz, exgerente de Sinpromi, la empresa pública tinerfeña dedicada a la promoción de personas con discapacidad. García estuvo investigado en el conocido caso Sinpromi, una causa judicial por el desfalco de 1,2 millones de euros procedentes de parkings públicos gestionados por la entidad. Aunque terminó absuelto.

Aerolíneas y empresas extranjeras

Otro de los nombres clave para la UDEF es el del abogado Santiago Fernández Lena. El letrado trabajó durante años en Andersen antes de abandonar el despacho para centrarse en operaciones vinculadas a Plus Ultra y al entramado empresarial investigado. Su nombre aparece asociado a distintas sociedades relacionadas con la aerolínea y con empresarios latinoamericanos que mantenían intereses en España.

Los investigadores analizan especialmente las conexiones mercantiles entre Fernández Lena y varias estructuras utilizadas presuntamente para mover capital internacional. Algunas de esas sociedades aparecen vinculadas al entorno venezolano y a empresarios relacionados con PDVSA, la petrolera estatal venezolana.

Esa conexión con Venezuela es precisamente una de las líneas más sensibles de la investigación. La UDEF sospecha que varias de las empresas ahora bajo sospecha pudieron utilizarse para canalizar dinero procedente de operaciones internacionales y posteriormente mezclarlo con fondos llegados desde España.

La familia Amaro Chacón

Dentro de ese circuito aparece la familia Amaro Chacón, empresarios venezolanos vinculados a Inteligencia Prospectiva SL. La mercantil figura entre las sociedades registradas en el marco de la operación policial. Los agentes investigan sus relaciones económicas con otras empresas del entorno de Plus Ultra y con varios de los imputados.

La investigación también alcanza a Kaimana Capital SL, relacionada con el financiero peruano Luis Felipe Baca. Los agentes tratan de determinar si esta sociedad participó en operaciones de financiación y movimiento de fondos conectadas con el entramado empresarial investigado. El nombre de Baca aparece ligado a distintas sociedades con actividad internacional y conexiones en Latinoamérica.

El patrón que observan los investigadores se repite en varias de las mercantiles bajo sospecha, con empresas con poca estructura real, administradores cruzados, relaciones personales previas y movimientos económicos entre sociedades del mismo entorno. La Audiencia Nacional intenta ahora reconstruir si todas esas piezas formaban parte simplemente de una red de consultoría internacional o de una estructura utilizada para canalizar comisiones y presuntamente blanquear capitales.

Más allá del propio rescate de Plus Ultra, la causa ha terminado abriendo una ventana sobre el ecosistema empresarial construido durante años alrededor del expresidente Zapatero y de algunos de sus colaboradores más próximos.