'Miki', el abogado clave del caso Plus Ultra al que encargaron llegar a Ábalos' y "cuidar" a jueces y policías

Era diciembre de 2025 y hacía tres meses que el abogado Miguel Palomero se había incorporado como socio a una de las grandes firmas jurídicas de Madrid, cuando la jueza a cargo de la investigación del rescate de la aerolínea Plus Ultra ordenó su detención junto con la de otros tres miembros de la cúpula de la compañía: Julio Martínez Sola, Roberto Roselli y Santiago Fernández Lena. Tal y como avanzó El Independiente, tras conocerse estos hechos, el despacho procedió a cesarle de manera "fulminante". Desde entonces, figura como investigado en la causa que analiza las presuntas influencias desplegadas alrededor de los 53 millones de euros que la aerolínea recibió del Estado en plena pandemia, que desde febrero sigue su curso en la Audiencia Nacional en las manos del juez José Luis Calama.

Licenciado por la Universidad Complutense de Madrid y fellow de la Universidad de Harvard, Palomero aparece en varias de las conversaciones que se recogen en los informes policiales incorporados al sumario, a los que ha tenido acceso este periódico. Su nombre está especialmente ligado al del empresario peruano Luis Felipe Baca, a quien el juez Calama sitúa —junto al financiero holandés Simon Leendert Verhoeven— al frente de la presunta red dedicada al lavado de dinero a la que la aerolínea habría desviado 16 millones del rescate. Palomero ejercía como abogado de Baca y buena parte de las referencias que contiene la causa proceden precisamente de las comunicaciones intercambiadas entre ambos.

Según la investigación, al letrado se le habrían encargado distintas gestiones relacionadas con la búsqueda de interlocutores políticos para conseguir el rescate. Una de las conversaciones incorporadas al procedimiento se remonta a marzo de 2020, cuando el accionista de Plus Ultra Rodolfo Reyes le comenta que "necesitan" acceder a las ayudas del Gobierno y le pregunta "qué se le ocurre" a nivel político. Textualmente, "dónde tocar puertas". "Tocamos a Ábalos", respondió Palomero.

A partir de ahí, las comunicaciones reflejan diversos intentos de aproximación al entorno del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. En abril, Palomero comunica a Reyes que habían realizado un "approach" a la "mano derecha del ministro", Koldo García. Es ya junio cuando Palomero confirma a Reyes que había contactado con el exasesor. Un mes más tarde, la cúpula de Plus Ultra se reúne con él para "acelerar" los contactos con el Ministerio, lo que desembocó en un encuentro con el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, apenas dos semanas más tarde.

El instructor sostiene, sin embargo, que esa no fue la única vía activada. Paralelamente, la cúpula de Plus Ultra habría impulsado un segundo canal a través del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que acabaría desempeñando un papel predominante en las gestiones realizadas para la obtención de la ayuda pública. No obstante, a Palomero no se le relaciona con esta segunda gestión.

El mismo día de los arrestos, el 11 de diciembre de 2025, la Policía Nacional registró su casa. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) intervinieron tres teléfonos móviles, un ordenador portátil, un disco duro, diversa documentación bancaria y varias cuentas de correo electrónico asociadas al letrado. También unos 4.2400 dólares estadounidenses en efectivo, según recoge el atestado, al que ha tenido acceso este periódico.

Los encargos de Baca

El abogado también figura en distintas conversaciones relacionadas con gestiones y entregas de dinero solicitadas por Baca, su cliente. En una de ellas, fechada el 31 de diciembre de 2020, el empresario le comunica la entrega de "un paquete de 50". Según los investigadores, se refería a la entrega de 50.000 euros en efectivo. Palomero le responde: "Bien, hay que cuidar a los jueces, policías y funcionarios".

Ese mismo intercambio va acompañado de instrucciones concretas sobre varios pagos. Según la investigación, Baca encargó al abogado la entrega de 2.000 euros a una mujer identificada como "Jessica" y otros 3.000 euros a una persona llamada "Alejandra", cuyo teléfono tenía prefijo venezolano. Los investigadores sostienen que la primera sería Jessica Rodríguez García, entonces pareja de José Luis Ábalos.

La entrega del dinero sufrió retrasos debido al temporal Filomena, que paralizó buena parte de España en enero de 2021, y que finalmente los pagos se habrían efectuado entre los días 18 y 20 de ese mismo mes. El otro pago se realizó por un importe de 3.000 euros a "Alejandra", un contacto con un número de teléfono de prefijo venezolano.