José Luis Rodríguez Zapatero no gozará de aforamiento si finalmente resulta imputado en la Audiencia Nacional por el rescate de Plus Ultra. El socialista renunció al Consejo de Estado en 2015, apenas tres años después de incorporarse automáticamente a la institución tras abandonar el Palacio de la Moncloa, por lo que el expresidente del Gobierno perdió la condición de aforado que habría obligado a que cualquier investigación penal en su contra fuese asumida directamente por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como ocurrió con el exministro de Transportes José Luis Ábalos en el 'caso Koldo'.
Como ya ha explicado este periódico, la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional sigue la pista de un presunto entramado de blanqueo de capitales vinculado a fondos procedentes de comisiones y trabajos de intermediación política en el que estaría implicado Zapatero. Al carecer de aforamiento, el expresidente podría ser investigado directamente por el juez José Luis Calama, instructor del 'caso Plus Ultra', si el avance de las pesquisas así lo aconseja. Algunos rumores sitúan incluso una eventual imputación en un horizonte próximo. De producirse, Zapatero se convertiría en el primer exjefe del Ejecutivo español en ser investigado penalmente por un juez.
Ninguno de los expresidentes del Gobierno forma actualmente parte del Consejo de Estado, pese a que la legislación les reconoce el derecho a incorporarse como consejeros natos con carácter vitalicio. Felipe González nunca llegó a asumir ese puesto; José María Aznar, tras acceder en 2005, renunció apenas un año después para compatibilizar su actividad privada; y Mariano Rajoy tampoco se integró, al optar por regresar a su plaza como registrador de la propiedad tras abandonar La Moncloa. La ausencia de Zapatero de este órgano consultivo le deja, por tanto, sin una cobertura institucional que habría alterado sustancialmente el recorrido judicial de una eventual imputación.
No obstante, el Consejo de Estado continúa manteniendo una destacada presencia política entre sus integrantes. Su presidenta es Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno, y entre sus consejeros electivos figura también Soraya Sáenz de Santamaría. Aunque los informes que emite la institución no son vinculantes, sí otorga a sus consejeros una posición institucional relevante, con cargos vitalacios, remuneración pública, participación en el máximo órgano consultivo del Gobierno y, especialmente, aforamiento ante el Tribunal Supremo. La salida en 2015 de Zapatero lo sitúa ahora en una posición de mayor vulnerabilidad procesal frente a cualquier investigación penal ordinaria.
El secreto de sumario, prorrogado hasta mediados de junio, ha limitado hasta ahora el flujo de información sobre una causa en la que se investigan presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Sin embargo, las comparecencias celebradas en la comisión de investigación del Senado impulsada por el Partido Popular han permitido sacar a la luz varios elementos comprometidos relacionados con el rescate de la aerolínea.
Entre ellos, destaca el reconocimiento por parte de responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de que Plus Ultra no elaboró informes internos específicos para justificar la operación de salvamento financiero, como desveló un director del organismo público. Pese a ello, la presidenta del organismo, Belén Gualda, ha defendido la legalidad de la ayuda pública y aseguró que la compañía "no estaba en crisis" cuando recibió los 53 millones de euros aprobados por el Gobierno en marzo de 2021.
Gualda también subrayó que la aerolínea ya ha abonado 12 millones de euros en intereses, aunque admitió que siguen pendientes 19 millones cuyo plazo de devolución venció hace apenas semanas. Según sostuvo, la empresa aún dispone de margen para regularizar esa situación.
Zapatero, Plus Ultra y Análisis Relevante
La investigación sobre Zapatero y Plus Ultra gira en torno a la sospecha de que el rescate público pudo ser utilizado para canalizar operaciones irregulares o favorecer intereses empresariales próximos al entorno del expresidente socialista. La causa, iniciada en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, fue asumida en febrero por el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ante la posible dimensión económica e internacional de los hechos investigados. Desde entonces, el procedimiento permanece bajo secreto de sumario, prorrogado ya en dos ocasiones.
En el núcleo de las pesquisas aparece el empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero y administrador único de la sociedad Análisis Relevante. Según los informes policiales, esta mercantil habría abonado entre 2020 y 2025 cerca de 661.000 euros al expresidente y a sociedades vinculadas a sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa. Durante ese mismo periodo, la compañía habría recibido al menos 707.000 euros de Plus Ultra y otros 127.000 euros de la constructora Aldesa, una estructura financiera que la Policía examina para esclarecer si existió un circuito de pagos opacos o de intermediación política encubierta.
Zapatero reconoció públicamente estos ingresos durante su comparecencia del pasado 2 de marzo en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, aunque negó de forma tajante cualquier actuación irregular. Según explicó, trabajó como consultor externo para Análisis Relevante, siempre como autónomo, mediante factura y sin disponer de sociedades instrumentales. El expresidente aseguró haber percibido una media anual de unos 70.000 euros brutos por informes escritos y asesoramiento verbal, defendiendo la plena legalidad de su actividad profesional. "Nunca he tenido una sociedad, ni aquí ni en ningún sitio del mundo, ni en Kuala Lumpur", afirmó entonces
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