La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha destapado nuevos vínculos que entrelazan el 'caso Plus Ultra' con la trama de comisiones del 'caso Koldo'. Según consta en los informes policiales, la sociedad Apamate Corporate and Trust no solo firmó un contrato de 120.000 euros con la consultora Análisis Relevante —propiedad de Julio Martínez, presunto testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero—, sino que también pagó 300.000 euros a Deluxe Fortune, empresa ligada al comisionista Víctor de Aldama y utilizada para cobrar mordidas por la venta de mascarillas. Estas pesquisas se enmarcan en la investigación a Zapatero como presunto "líder" de una red de tráfico de influencias.
La intermediación de estos acuerdos pone el foco sobre varias figuras clave. El administrador único de Apamate es Carlos Alberto Parra Delgado, pero quien remitió el contrato de asesoría a Julio Martínez en octubre de 2020 fue Francisco Flores. Este último era un empresario venezolano, fallecido el pasado 6 de febrero, al que distintas informaciones periodísticas han vinculado previamente con investigaciones en la Audiencia Nacional sobre la presunta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista.
El rastro documental revela maniobras sospechosas en la facturación de estos servicios. Aunque el contrato original de julio de 2020 estipulaba que Apamate pagaría los 120.000 euros en dos tandas, Francisco Flores envió pocos meses después un nuevo documento idéntico, pero cambiando la sociedad receptora del servicio a Softgestor, participada en un 65% por el propio Carlos Alberto Parra y el abogado Óscar Fernández García. De hecho, la UDEF constata que no se ha detectado ninguna transferencia con origen en Apamate, sino que los pagos finales procedieron de esta segunda empresa.
Los abonos se materializaron en dos transferencias de 72.600 euros (60.000 euros más IVA) emitidas por Softgestor a favor de Análisis Relevante en octubre de 2020 y septiembre de 2021. Los conceptos facturados, que aludían a la elaboración de informes mensuales sobre la situación política y económica mundial, así como la preparación de discursos, contaban con una cláusula de servicios idéntica a la de los contratos suscritos con la aerolínea Plus Ultra. Sin embargo, la gran diferencia radicaba en el precio: por estos supuestos informes se acordó pagar casi el doble de los 5.000 o 6.000 euros mensuales que se estipulaban con la aerolínea.
Las comunicaciones intervenidas reflejan la informalidad con la que se gestionaban estos desembolsos. En un intercambio de mensajes, cuando Julio Martínez reclamó el pago de una factura, el empresario venezolano Francisco Flores le respondió asegurando que pronto pagarían, añadiendo en tono jocoso: "En cuanto al tema de la factura sofgestor te estoy por avisar si pagaremos por ahí o debemos cambiarla. Te lo dejo saber . Abrazo Grande y te extrañamos por aquí, jajajajajaja!". Además, los investigadores han detectado anomalías flagrantes, como la remisión de facturas en fechas distintas que mantenían una numeración correlativa idéntica.
Como conclusión, la UDEF subraya la existencia de claros "indicios de artificiosidad" en la configuración de todos estos contratos y facturas. Para la Policía, se trata de una alteración puramente formal y ficticia, diseñada con la intención de aparentar legalidad y dotar de apariencia formal a una serie de pagos por unos servicios de asesoría cuya existencia efectiva nunca ha quedado acreditada.
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