La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha advertido al juez Calama de que la documentación remitida por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sobre el rescate de Plus Ultra presenta carencias. Según un informe incorporado a las diligencias del caso al que ha tenido acceso El Independiente, los investigadores sostienen que parte de las carpetas entregadas estaban “vacías de contenido”. Además señalan que los únicos correos electrónicos incluidos en el expediente corresponden al año 2025, pese a que la ayuda pública a la aerolínea fue aprobada en 2021.
En ese documento, los agentes explican que el análisis se centra tanto en la cuenta bancaria de la sociedad Análisis Relevante SL como en la documentación intervenida en los registros practicados al empresario Julio Martínez Martínez y a la sede de Plus Ultra.
En paralelo, los investigadores revisaron la información remitida por la SEPI en respuesta a un requerimiento judicial relacionado con el expediente completo de la ayuda pública concedida a la compañía aérea a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la propia SEPI.
La SEPI dio información incompleta
Ese requerimiento judicial reclamaba el “soporte documental o informático completo” del expediente de la subvención a Plus Ultra. En concreto, pedía todas las comunicaciones previas a la solicitud de ayuda, los trámites internos de gestión, la documentación relativa a la concesión, el seguimiento posterior realizado sobre el destino de los fondos y las comunicaciones mantenidas con responsables o representantes de la aerolínea. También se solicitaba una copia de las bases de datos y ficheros informáticos relacionados con Plus Ultra que existieran en servidores o dependencias de la entidad pública.
Sin embargo, la UDEF asegura que la documentación recibida no estaba completa. Los agentes indican que, aunque las carpetas remitidas “nominalmente coinciden” con el índice facilitado por la propia SEPI bajo la denominación "Índice de archivos y documentos del expediente Plus Ultra", parte de esos directorios carecían de contenido.
El informe destaca especialmente la ausencia de documentación en las carpetas relacionadas con las “comisiones de seguimiento”, es decir, los mecanismos de control posteriores a la concesión de la ayuda pública. Además, los investigadores señalan que algunos archivos “no pueden ser abiertos”, principalmente los vinculados a subsanaciones de errores.
Correos de 2025
La situación descrita por la UDEF afecta también al contenido de los correos electrónicos incorporados al expediente. Según el informe policial, del conjunto de archivos facilitados únicamente figuran mensajes intercambiados entre el FASEE y Plus Ultra correspondientes al año 2025, tanto de entrada como de salida. Los agentes concluyen por ello que “no se aprecia información relevante relacionada con la concesión de la ayuda pública”, ya que esta se dio en 2021.
A raíz de estas deficiencias, la Fiscalía Anticorrupción pidió reiterar el requerimiento a la SEPI para reclamar una “cumplimentación completa” del oficio judicial. El fiscal consideró además oportuno que esa petición se realizase personalmente a la persona al frente de la SEPI.
El informe policial sitúa estas incidencias documentales dentro de una investigación más amplia sobre las circunstancias que rodearon la concesión de los 53 millones de euros otorgados por el Consejo de Ministros a Plus Ultra mediante el fondo de rescate para empresas estratégicas creado durante la pandemia.
Una deuda con la Seguridad Social
Los investigadores analizan especialmente los sucesivos aplazamientos de deuda que mantenía la aerolínea con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Según recoge la UDEF, Plus Ultra aportó inicialmente a la SEPI un certificado fechado el 20 de agosto de 2020 que acreditaba estar al corriente de pago con la Seguridad Social.
No obstante, el informe técnico elaborado posteriormente por Deloitte —asesor externo contratado en el proceso de evaluación del rescate— reflejaba la existencia de un aplazamiento de deuda concedido por la TGSS el 5 de octubre de 2020 por importe de 451.954,79 euros. Esa deuda comprendía obligaciones acumuladas entre julio de 2017 y mayo de 2020.
La UDEF también detalla que en la documentación intervenida a Plus Ultra figuran varias escrituras de constitución de prenda unilateral vinculadas a distintos aplazamientos de deuda concedidos previamente por la Seguridad Social. Entre ellas, un aplazamiento ordinario concedido en septiembre de 2017 y posteriores ampliaciones realizadas en 2020.
Deloitte sí, la SEPI no
Además, los investigadores subrayan que algunos documentos mencionados por Deloitte en su informe no aparecen entre los archivos entregados por la SEPI. Entre ellos, un certificado fechado el 24 de febrero de 2021 acreditando que la compañía estaba al corriente de pago, así como justificantes de abono de cuotas correspondientes a noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021.
El informe incorpora también referencias a una información publicada en “fuentes abiertas” sobre una supuesta conversación de WhatsApp hallada en el teléfono móvil del empresario Víctor de Aldama. Según esa publicación, el 7 de septiembre de 2020 José Luis Rodríguez Zapatero habría mantenido una reunión con el entonces ministro José Luis Escrivá y con el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, para “desencallar” el rescate de Plus Ultra.
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