La exmilitante socialista Leire Díez ha cargado contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el uso de información que, según sostiene su defensa, debía haber quedado excluida de la investigación judicial. En una conversación mantenida con El Independiente, Díez asegura que la utilización de esos datos supone una vulneración de lo acordado por el juez y llega a definir la situación como una "cacería".
"Esto al final yo sé que es una cacería y ya está", ha afirmado. La exdirigente socialista cuestiona especialmente que se hayan utilizado elementos posteriores al periodo temporal que, según sostiene, estaba siendo investigado en la causa.
La polémica surge después de que la defensa de Díez haya presentado un escrito ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de Madrid. En el documento solicita la nulidad de actuaciones derivadasdel auto que autorizó el registro en la sede nacional del PSOE en Ferraz.
Pieza separada de expurgo
En ese documento, la representación de la investigada sostiene que el tribunal había acordado previamente la apertura de una pieza separada de expurgo y había requerido expresamente a la UCO que se abstuviera de utilizar el contenido de los dispositivos electrónicos intervenidos hasta que se realizara dicho proceso.
Según el escrito, el 4 de marzo de 2026 el juzgado acordó abrir una pieza reservada de expurgo y ordenó a la unidad policial que no utilizara la información contenida en los dispositivos incautados mientras no se depurara su contenido.
La defensa sostiene ahora que el auto del pasado 26 de mayo, que autorizó la entrada y registro en la sede socialista, se apoyó precisamente en información que formaba parte de ese material pendiente de expurgo. En concreto, denuncia que se incorporan referencias a reuniones, comunicaciones y anotaciones fechadas en 2024 y 2025, cuando los hechos atribuidos inicialmente a Díez se circunscribían al periodo 2021-2023.
"Tenían prohibido el uso de mi información"
Durante la conversación, la propia Díez insiste reiteradamente en esa idea. "Lo que quiero saber es cómo puede ser que hicieran uso de mi información cuando lo tenían prohibido", afirma. En otro momento añade: "Ya lo de violar el expurgo dictado por magistrado me parece el no va más".
La exmilitante socialista sostiene además que fue el propio magistrado quien delimitó el marco temporal de la investigación. "No es que lo dicté yo, lo dictó el mismo magistrado. El magistrado decidió que se cogía solamente hasta el 2024, 23", ha señalado.
El escrito presentado por su defensa enumera una serie de referencias contenidas en el auto judicial que aluden a acontecimientos posteriores a 2023. Entre ellas figuran reuniones celebradas en la sede de Ferraz en abril de 2024, contactos con dirigentes socialistas, pagos presuntamente percibidos por Díez durante 2024 y diversos encuentros mantenidos durante 2025. La defensa considera que todas esas menciones proceden de agendas, cuadernos y archivos correspondientes a años posteriores al periodo objeto de investigación y, por tanto, afectados por el expurgo acordado judicialmente.
Dos juzgados que investigan "lo mismo"
Díez va más allá y llega a cuestionar la existencia de dos investigaciones que, a su juicio, estarían analizando hechos coincidentes. Durante la conversación, la exmilitante socialista muestra su desconcierto por la coexistencia de procedimientos sobre aspectos que considera ya conocidos por los investigadores. "¿Qué hacen dos juzgados investigando lo mismo?", se pregunta. "El PSOE ya había indicado cuáles habían sido los pagos hechos a mi persona", añade.
La investigada sostiene además una tesis más amplia sobre el origen de las nuevas diligencias. Sin aportar pruebas durante la conversación, asegura que la apertura de nuevas líneas de investigación respondería al hecho de que una de las causas iniciales no estaba avanzando en la dirección esperada por quienes impulsaban las pesquisas. "Yo lo que creo es que como el nueve no estaba yendo por donde querían que fuera, pues montaron todo esto", afirma. En ese contexto, insiste en que la utilización de documentación posterior a 2023 pese a la orden de expurgo acordada por el juzgado. Y esto refuerza, a su juicio, la idea de que se está desarrollando una investigación prospectiva contra ella.
Derecho fundamental a la intimidad
En su escrito, la defensa reclama el expurgo de toda la documentación ajena al periodo 2021-2023. También solicita la nulidad de todas las actuaciones que se hubieran apoyado en ese material, incluido el auto del 26 de mayo y las diligencias derivadas del mismo. Asimismo, argumenta que la utilización de documentación posterior al periodo investigado vulneraría las garantías derivadas del derecho fundamental a la intimidad y convertiría la investigación en una actuación de carácter prospectivo expresamente prohibida por la jurisprudencia.
La cuestión deberá ser resuelta ahora por el órgano judicial. Mientras, Díez mantiene que la utilización de esa información supone una vulneración de las propias decisiones adoptadas previamente por el tribunal. "Dudas no hay ninguna. Yo no tengo ninguna duda al respecto", afirma en la conversación. "Lo que pasa es que a mí me parece todo surrealista".
Te puede interesar