Las agendas de Leire Díez incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a las que ha tenido acceso El Independiente, recogen una anotación fechada en 2020 en la que aparece mencionada la jurista Silvina Bacigalupo. Bacigalupo, cuñada de la entonces vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera, es catedrática de Derecho Penal y una reconocida especialista en transparencia y delitos económicos.
En una de las páginas de las notas manuscritas atribuidas a Díez, fechada el 17 de noviembre de 2020, figura un listado de asuntos pendientes entre los que aparece la referencia: “Cristina Narbona, gestión Silvina Bacigalupo”.
La anotación se integra en un conjunto de contactos, actuaciones y cuestiones políticas en el que también figuran otras referencias a dirigentes socialistas, responsables institucionales y asuntos vinculados a la actividad del partido. El documento, sin embargo, no especifica cuál era el objeto de esa supuesta gestión ni qué actuación concreta debía realizar la presidenta del PSOE en relación con Bacigalupo.
La mención adquiere relevancia en un momento en el que la jurista se encuentra entre las candidatas a una plaza de jurista en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. De acceder al puesto, culminaría una trayectoria académica y profesional que la ha convertido en una especialista en Derecho Penal económico, transparencia y cumplimiento normativo.
Bacigalupo y Teresa Ribera
Teresa Ribera, actual vicepresidenta de la Comisión Europea y exvicepresidenta del Gobierno de España, está casada con el jurista Mariano Bacigalupo. Este es miembro de una familia con amplia trayectoria en el ámbito jurídico y regulatorio en España. Este ha ocupado distintos cargos en organismos públicos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La familia Bacigalupo constituye una saga de perfil académico y jurídico con una presencia destacada en el ámbito del Derecho en España, especialmente vinculada a la universidad y a instituciones públicas. Sus miembros han desarrollado carreras en campos como el Derecho Administrativo, el Derecho Penal económico y la regulación de sectores estratégicos.
Antes de su acercamiento al Alto Tribunal, la catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid ya había mantenido una relación de colaboración con el PSOE. Más allá del ámbito familiar. De hecho, su nombre apareció oficialmente vinculado al proyecto político de Pedro Sánchez cuando fue incorporada al equipo de expertos encargado de elaborar propuestas de gobierno para los socialistas.
Silvina Bacigalupo, experta en transparencia y buen gobierno #ElGobiernodelSí https://t.co/wAUDX2nEc9 pic.twitter.com/NXwYmln1aT #L6Nrobles
— PSOE (@PSOE) May 21, 2016
Una experta en el proyecto de Sánchez
El 23 de junio de 2015, el PSOE anunció la creación de un equipo de especialistas destinado a diseñar medidas para un futuro programa de gobierno. Entre los nombres seleccionados figuraba Silvina Bacigalupo, que fue presentada como responsable del área de Transparencia y Ética Empresarial.
En aquel comunicado, los socialistas destacaban que el grupo estaría integrado por profesionales de reconocido prestigio y experiencia en distintas materias. Ya que el objetivo era reforzar el perfil técnico de su propuesta política. Bacigalupo aparecía entre las incorporaciones elegidas por la dirección de Pedro Sánchez.
La jurista era ya entonces una referencia en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, delitos económicos y prevención de la corrupción. Su participación en aquel equipo suponía una apuesta del PSOE por incorporar especialistas externos a la elaboración de su proyecto político.
La colaboración fue pública y reconocida por el propio partido, por lo que la aparición de su nombre en unas notas internas vinculadas al entorno socialista años después resulta especialmente significativa.
Una anotación sin explicación
La referencia hallada en la documentación atribuida a Leire Díez plantea más preguntas que respuestas. El apunte se limita a consignar la frase “Cristina Narbona, gestión Silvina Bacigalupo”, sin ofrecer detalles adicionales sobre el motivo, el contenido o el alcance de esa eventual gestión.
Tampoco se desprende del documento si la actuación que tenía que realizar Narbona se produjo finalmente. Ni cuál era el contexto concreto en el que se redactó la nota. Lo único acreditado es que el nombre de Bacigalupo figuraba entre los asuntos anotados por Díez en noviembre de 2020 y que aparecía asociado a una posible intervención de Cristina Narbona.
La presidenta del PSOE formaba parte del núcleo dirigente de la organización y era una de las figuras de mayor peso político dentro del partido. Su inclusión en la anotación sugiere que, al menos para quien redactó el documento, podía desempeñar algún papel en relación con la cuestión vinculada a Bacigalupo.
La falta de contexto impide extraer conclusiones definitivas. Sin embargo, la referencia se enmarca en una documentación en la que se están analizando múltiples anotaciones. Entre ellos contactos políticos, institucionales y empresariales relacionados con el entorno socialista.
Del equipo de expertos al Tribunal Supremo
La trayectoria de Bacigalupo ha estado ligada principalmente al ámbito académico. Hija del jurista Enrique Bacigalupo, ha desarrollado una carrera centrada en el Derecho Penal económico y corporativo, participando en proyectos de investigación nacionales e internacionales y en labores de asesoramiento en materia de cumplimiento normativo.
El proceso de nombramiento para la plaza de jurista en la Sala Segunda del Tribunal Supremo aún no ha concluido. Se trata de un procedimiento en el que los aspirantes son evaluados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en función de sus méritos.
Tras la admisión inicial, la Comisión de Calificación revisa el cumplimiento de los requisitos formales. Después, selecciona a los candidatos que pasan a una fase de entrevista, que puede realizarse por vía telemática y la cual Bacigalupo ya pasó. Posteriormente, la Comisión eleva una propuesta al Pleno del CGPJ, órgano competente para el nombramiento definitivo.
En estos momentos, el proceso se encuentra pendiente de la deliberación final del Pleno, con Bacigalupo entre las candidaturas evaluadas para la plaza. Su eventual acceso al Tribunal Supremo la situaría entre los perfiles de mayor relevancia dentro del sistema judicial español. Precisamente por ello, la aparición de su nombre en una anotación vinculada al entorno socialista adquiere una dimensión política.
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