El juez que investiga a la actriz Elisa Mouliaá por presuntas calumnias al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón ha ordenado que sea detenida y puesta a disposición judicial, tras no comparecer el lunes por tercera vez, estando ya advertida de que podría ser arrestada.
En un auto dictado este martes, el juez Arturo Zamarriego recuerda que ha citado en tres ocasiones a la actriz, quien ha demostrado "una clara e inequívoca voluntad de sustraerse a la acción de la Justicia, por lo que procede acordar su detención" y puesta a disposición del juzgado para ser oída en declaración, según informa EFE.
Luego Mouliaá quedaría en libertad, salvo que estuviera privada de la misma "por otra causa o motivo legal", dice el auto, que precisa que la orden de busca y captura estará vigente durante cinco años.
Además el juez pide que se investigue "si la reiterada incomparecencia de la investigada pudiera constituir un delito de desobediencia a la autoridad judicial", mediante lo que se denomina deducción de testimonio, que se remite al Decanato de los juzgados de Plaza de Castilla para su reparto.
El magistrado Arturo Zamarriego investiga la querella que interpuso el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, contra la actriz por un presuntas calumnias, por decir que él extorsionó a testigos de la causa en la que se le investiga por presunta agresión sexual a Mouliaá.
Esta causa se investiga en otro juzgado y el magistrado correspondiente abrió juicio oral contra Errejón, aunque el procesamiento está recurrido en la Audiencia Provincial de Madrid.
En el proceso por presuntas calumnias, en el juzgado de instrucción número 9 de Madrid, la investigada no acudió en dos ocasiones, alegando que estaba de baja o no debía coincidir con su presunto agresor sexual, y el juez acabó apercibiéndola de que podría ser detenida si no acudía a la tercera, que fechó para el 15 de junio.
Este lunes la actriz no acudió alegando que estaba trabajando en Emiratos Árabes, tras precisar en redes sociales que intentaría comparecer por videollamada si el magistrado lo aceptaba, pero cuando su letrada expuso esta opción en el juzgado no la aceptaron, y le comunicaron que podría marcharse a la espera de que el juez decidiese el siguiente paso.
Ese paso lo ha dado el magistrado este martes, en un auto en el que expone que "la citación para ser oído es una resolución judicial con un marcado carácter coercitivo", según expone el artículo 487 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice que "la orden de comparecencia se podrá convertir en una causa de detención si el citado no comparece, ni justifica causa legítima que se lo impida".
"En el presente caso, la investigada ha manifestado reiteradamente su voluntad de no comparecer en los distintos llamamientos que se le han efectuado. Tal hecho supone una clara e inequívoca voluntad de sustraerse a la acción de la Justicia, por lo que procede acordar su detención y puesta a disposición de este Tribunal de Instancia", concluye.
La letrada de Mouliaá en esta causa, Yurena Carrillo recurrió la decisión del juez de obligarla a declarar en persona, bajo medidas cohercitivas, primero ante el propio juzgado y luego ante la Audiencia de Madrid, y hoy ha trascendido que el magistrado ha admitido a trámite este segundo recurso y lo ha trasladado a las partes para que aleguen lo que consideren antes de enviarlo a la Audiencia.
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