El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este lunes abrir diligencias informativas al juez Juan Carlos Peinado y remitir al Promotor de la Acción Disciplinaria el auto en el que sugirió que los agentes de la Policía que escoltan a Begoña Gómez podrían ayudarla a fugarse, según han confirmado fuentes jurídicas a El Independiente. Se trata de la resolución por la que acordó el sábado retirar el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno y enviarla a juicio con jurado popular por cuatro delitos.
La decisión, adoptada en una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente celebrada este lunes a las 9.00 horas, no equivale a la apertura de un expediente disciplinario contra el magistrado. Es el promotor quien deberá analizar el auto y decidir si el párrafo en cuestión —en el que Peinado sostiene que "no cabe duda" de que los escoltas podrían facilitar la fuga de la investigada "bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores"— es constitutivo de una falta grave.
Según han explicado las citadas fuentes, la resolución ha salido adelante por cuatro votos a favor y cuatro en contra, con el voto de calidad de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, desempatando a favor. Los tres vocales del bloque progresista y Perelló han votado a favor de remitir el asunto al promotor. Los cuatro vocales del bloque conservador han votado en contra y han presentado un voto particular conjunto en el que califican la decisión de improcedente y defienden que la decisión de Peinado fue "estrictamente jurisdiccional".
"Facilitar la fuga" de Begoña
La reunión fue convocada tras la polémica generada por el auto emitido el sábado por el juez Peinado, en el que acordó enviar a la esposa de Pedro Sánchez a juicio con jurado popular. El punto que ha provocado mayor controversia es su argumentación sobre el riesgo de fuga de Begoña Gómez, en la que llega a cuestionar el papel de los agentes encargados de su escolta.
En la resolución, Peinado sostiene que, atendiendo al abanico de penas que podrían imponerse —entre dos y 16 años de prisión—, no puede descartarse que se produzca "una eventual condena" que haga inviable la suspensión de la pena, lo que abriría la puerta al ingreso en prisión. A partir de ahí, justifica el riesgo de fuga y afirma que los agentes de seguridad podrían, "bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos", facilitar una eventual huida.
"Se alega por el letrado de Begoña Gómez que, al ser esposa del actual presidente del Gobierno, ello implica que en todo momento se encuentre acompañada y custodiada por agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero de lo que no cabe duda es que esos agentes (...) pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser quienes colaboren (...) para facilitar esa fuga, que haría imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia", señala el juez Peinado.
Peinado añade además que la protección que recibe Gómez es "efímera", al estar ligada a la condición de su marido como presidente del Gobierno, y que desaparecería en cuanto Pedro Sánchez dejara el cargo, lo que a su juicio agravaría aún más el riesgo de fuga. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladó ese mismo día su "más enérgica queja" a Perelló y calificó las palabras del magistrado de "hecho de máxima gravedad" que supone un "grave cuestionamiento de la profesionalidad" de los cuerpos policiales.
El voto particular
Los cuatro vocales conservadores —Eduardo Martínez Mediavilla, Carlos Orga Larrés, Isabel Revuelta de Rojas y Alejandro Abascal Junquera— han presentado un voto particular conjunto, al que ha tenido acceso este periódico. A su juicio, el párrafo cuestionado forma parte del razonamiento jurisdiccional de Peinado para justificar la adopción de medidas cautelares, una decisión que califican de "estrictamente jurisdiccional" y que solo puede revisarse "por la vía ordinaria de los recursos", no por vía disciplinaria.
Los vocales discrepantes advierten además de que una actuación del CGPJ sobre este asunto podría interferir en las competencias de la Audiencia Provincial de Madrid, que será la encargada de pronunciarse sobre los recursos que puedan presentarse contra las medidas cautelares acordadas por Peinado. "Cualquier actuación del CGPJ sobre este particular supondría inmiscuirse ilegítimamente en las competencias que únicamente corresponden a la Audiencia Provincial de Madrid en vía de recurso; afectando a los principios constitucionales de exclusividad de la jurisdicción y de independencia judicial".
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