El exministro de Transportes José Luis Ábalos estudia ya recurrir ante el Tribunal Constitucional la condena dictada por el Tribunal Supremo, que le impone 24 años de prisión por su implicación en la trama de corrupción vinculada a la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia, según han confirmado fuentes de su entorno a El Independiente. Las mismas fuentes han calificado la resolución de "desproporcionada" y han avanzado la intención del exdiputado socialista de agotar su última vía jurídica con un recurso de amparo ante el tribunal de garantías.
El fallo del Supremo, hecho público este lunes y adoptado por unanimidad, condena también al exasesor ministerial Koldo García a 19 años y ocho meses de prisión, y al comisionista Víctor de Aldama a cuatro años y medio de cárcel, aunque en su caso se suspende la ejecución de la pena al apreciar su colaboración con la Justicia. La sentencia, de 224 páginas, establece un máximo de cumplimiento de 16 años en el caso de Ábalos y 15 para su exasesor, en aplicación de los límites previstos en el Código Penal.
Los magistrados condenan a los tres acusados por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, al considerar acreditada la existencia de un "claro plan criminal" articulado para obtener beneficios económicos mediante la adjudicación irregular de contratos públicos a empresas vinculadas al comisionista. Según la resolución, Aldama aportaba el tejido empresarial, Koldo García ejercía de intermediario y ejecutor de las gestiones, y Ábalos ocupaba la posición institucional clave para facilitar el acceso a los centros de decisión.
Condenado a 24 años y tres meses de cárcel
El Supremo impone a Ábalos distintas penas que, en conjunto, suman 24 años y tres meses de prisión, aunque el cumplimiento efectivo queda limitado a 15 años y 18 meses por la aplicación del artículo 76 del Código Penal. Este establece que el máximo de cumplimiento "no podrá exceder el triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas". En el caso del exministro, se trata del delito de organización criminal, por el que ha sido condenado a cinco años y seis meses de prisión.
La sentencia incluye ademásun amplio catálogo de multas e inhabilitaciones: por organización criminal en concurso con cohecho continuado, una multa de 20 meses a razón de 50 euros diarios —unos 30.000 euros—, junto a la inhabilitación para sufragio pasivo durante cinco años y seis meses —esto es, la prohibición de presentarse a elecciones o acceder a cargos públicos electivos— y 12 años de inhabilitación para cargos vinculados a la gestión de patrimonio o fondos públicos.
Por el cohecho en concurso con tráfico de influencias, el tribunal fija una multa de 14 meses a 50 euros diarios —unos 21.000 euros— y otra sanción de 500 euros, además de inhabilitaciones de 10 años para cargos relacionados con el manejo de caudales públicos y de ocho años para intervenir en contratación pública, así como otros ocho años de inhabilitación para sufragio pasivo.
A ello se suman nuevas multas de 500 euros y distintas inhabilitaciones derivadas de otros episodios, como la contratación de Claudia Montes o los chalés de Marbella y La Alcaidesa, que oscilan entre los ocho y nueve años, además de suspensiones de empleo o cargo público en los supuestos de cohecho.
Indemnizaciones a Ineco y Tragsatec
Asimismo, el tribunal ha fijado que Ábalos y Koldo deberán indemnizar a Ineco y Tragsatec con 34.450 y 9.500 euros, respectivamente. Además, se acuerda el decomiso de las ganancias derivadas del delito de cohecho, que ascienden a 430.298 euros. Esa cantidad se desglosa en 340.000 euros abonados por Víctor de Aldama —10.000 euros mensuales durante 34 meses—, 82.295 euros correspondientes a la renta de un inmueble en la Plaza de España y 8.000 euros por el alquiler del chalé de Marbella (Villa Parra).