La Generalitat Valenciana ha presentado alegaciones ante el Tribunal Supremo en las que defiende que el proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras en España debería ser elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al considerar que podría entrar en conflicto con el Derecho de la Unión Europea.
El escrito se enmarca en el recurso presentado por la Comunitat Valenciana contra el Real Decreto 316/2026, y responde a las providencias del Alto Tribunal, que ha planteado la posibilidad de acudir al TJUE para aclarar la compatibilidad de la norma con el marco comunitario.
Según las alegaciones, el Real Decreto no es una simple reforma técnica de extranjería, sino una regularización extraordinaria y masiva de personas en situación irregular, con efectos potenciales sobre cientos de miles de personas.
La Generalitat advierte de que esta medida podría afectar no solo a España, sino al conjunto del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, especialmente en materias como el asilo, los retornos y la circulación en el espacio Espacio Schengen.
El Consell sostiene además que el Estado habría actuado de forma unilateral, sin la debida coordinación con la Comisión Europea ni con otros Estados miembros, en un momento previo a la plena aplicación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo.
En ese sentido, considera que la decisión estatal podría anticiparse al marco europeo común y debilitar sus objetivos de control, cooperación y reparto de responsabilidades en materia migratoria.
Las alegaciones también plantean dudas de compatibilidad con distintas normas del Derecho de la Unión, como el Reglamento sobre el procedimiento común de protección internacional, la Directiva de Retorno, el Reglamento de gestión de asilo y migración y las reglas del sistema Schengen. Además, sostienen que una norma interna de rango reglamentario no puede producir efectos generales que condicionen una política común europea.
La Generalitat insta al Tribunal Supremo a plantear la cuestión prejudicial ante el TJUE, pero pide que no se demore la adopción de medidas cautelares. Argumenta que, si no se suspende de forma inmediata la aplicación del decreto, la decisión judicial podría perder eficacia, dado que el plazo de solicitudes finaliza este mismo martes y los efectos de la regularización podrían activarse de manera inmediata.
Finalmente, el Consell reitera su petición de suspensión de las disposiciones impugnadas del Real Decreto 316/2026, al considerar que se habría aprobado sin la coordinación necesaria con la Unión Europea y otros Estados miembros, lo que vulneraría el principio de cooperación leal y el marco común europeo en materia migratoria.
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