El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado la aprobación de un paquete de medidas extraordinarias destinado a paliar los graves daños provocados por el incendio forestal de la Vall d'Uixó. Esta acción gubernamental activará una primera línea de ayudas con un importe total de 67 millones de euros, los cuales se distribuirán en 12 millones en ayudas directas a ciudadanos y sectores, 5 millones para los ayuntamientos afectados y 50 millones destinados a préstamos bonificados.
Las ayudas directas a personas y familias se podrán solicitar a partir del próximo 10 de agosto a través de un trámite sencillo en los propios ayuntamientos, disponiendo de un plazo de tres meses para su formalización e incluso admitiendo declaraciones responsables si el fuego destruyó la documentación. Entre las partidas más destacadas, el plan contempla hasta 20.000 euros por la pérdida de la vivienda habitual y 15.000 euros si presenta daños estructurales, además de incluir hasta 3.000 euros por persona para enseres de primera necesidad y ayudas de 800 euros mensuales para el alquiler por realojamiento durante un máximo de 14 meses.
En el ámbito del transporte y la economía local, el decreto prevé compensaciones económicas para la pérdida de vehículos, que oscilan entre los 2.000 euros para turismos particulares, 2.500 para vehículos adaptados y hasta 15.000 euros para aquellos vinculados a actividades económicas. Asimismo, los autónomos y empresas contarán con un respaldo fundamental: se otorgarán hasta 1.000 euros por trabajador autónomo o comercio minorista afectado, un pago único de 360 euros para trabajadores en ERTE a causa del incendio, y se abrirá una línea de avales del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) dotada con 50 millones de euros.
El tejido productivo rural y las infraestructuras locales también recibirán un fuerte impulso económico. Se destinará una ayuda inicial de 200.000 euros para actuaciones urgentes en cada uno de los doce municipios damnificados, entre los que se encuentran la Vall d’Uixó, Betxí, Onda, Artana, Nules y Chóvar. Paralelamente, el sector agrícola y ganadero dispondrá de ayudas de hasta 15.000 euros por explotación, a lo que se sumarán compensaciones de 6.000 euros por hectárea de regadío dañada, 4.000 euros en secano y partidas específicas adicionales por cada cabeza de ganado perdida.
Más allá de la compensación económica por los daños materiales, el Consell ha puesto el foco en la prevención y el futuro medioambiental. Por ello, se reforzará la vigilancia forestal de forma extraordinaria con una inversión superior a 1,1 millones de euros, lo que permitirá incorporar a 118 vigilantes adicionales y sumar más de 35.000 horas extra para garantizar una presencia operativa permanente en situaciones de riesgo extremo. Además, la Generalitat elaborará un plan integral de reforestación y recuperación ambiental con el objetivo de restaurar el paisaje, recuperar la biodiversidad y proteger los recursos hídricos en la serra d’Espadà.
Con este amplio despliegue de recursos, el gobierno autonómico busca ofrecer una respuesta rápida mediante transferencias directas. Tal y como ha manifestado el president Pérez Llorca, el deber de las instituciones es "retornar la normalidad a los municipios damnificados" y proteger a los ciudadanos, trabajando de forma incansable para asegurar que la Comunitat Valenciana "sea un lugar cada vez más seguro y mejor preparado frente a las emergencias".
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