El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, ha reconocido este viernes al juez que le investiga por el rescate de Air Europa que se reunió con el equipo técnico y jurídico de Globalia antes de la apertura del expediente para el rescate. Según precisan fuentes jurídicas a El Independiente, estos encuentros se habrían celebrado en junio y julio de 2020, y la ayuda pública fue finalmente concedida a la compañía en noviembre de ese mismo año. Sin embargo, el actual vicepresidente del holding público ha negado cualquier tipo de irregularidad en el trámite.

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Lora ha acudido a los Juzgados de Plaza de Castilla poco antes de las 9.30 horas para declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número de 49 de Madrid, que le investiga por un presunto delito de prevaricación administrativa. Su comparecencia ha durado poco más de hora y media y, según las citadas fuentes, ha respondido a todas las partes.

El expediente del rescate a Air Europa se abría en agosto de 2020 y fue aprobado finalmente por un importe de 475 millones de euros el 3 de noviembre de ese mismo año. Así, el vicepresidente de la SEPI ha reconocido al juez que se reunió en los meses previos con representantes de Globalia, el propio holding público y con el Ministerio de Economía para "adelantar" trabajo.

En el caso de SEPI, la de Air Europa fue la segunda ayuda más cuantiosa solo por detrás del rescate de la acerera Celsa (550 millones). Y fue el rescate más rápido en concederse. Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, Lora ha aclarado que estos encuentros habrían permitido "agilizar" la concesión de la ayuda a la compañía.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogía el año pasado cómo que el 3 de septiembre de 2020, el entonces consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, llamó a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, mientras se negociaba la inyección de ayudas públicas a la aerolínea. "Está muy jodido el tema este se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña", le trasladó Víctor de Aldama al asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García.

En esta línea, el vicepresidente de la SEPI ha negado además haber tenido interlocución con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que fue condenado a 24 años de prisión el pasado 22 de junio por la trama de corrupción vinculada a la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.

Todavía no identifican al juez al Consejo Gestor

El juez José María Escribano acordó a principios de este mes investigar las gestiones que rodearon al rescate de la aerolínea del grupo de los Hidalgo. En el auto por el que acordó investigar a Lora, el magistrado también había requerido diversa documentación a la SEPI y al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), como el expediente íntegro del rescate, las actas de las reuniones del Consejo Gestor y un listado de nombres para identificar al secretario, vocales, técnicos instructores y asesores jurídicos del Consejo del FASEE implicados en el procedimiento. No obstante, según las citadas fuentes, esta documentación todavía no ha sido presentada.

El instructor había solicitado identificar a estos cargos a fin de citarlos "en la forma que corresponda" una vez el instructor haya tomado declaración a Lora. Dejaba así la puerta abierta a una posible imputación de la actual vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, y del jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha. La primera formaba parte del Consejo Gestor del FASEE, el órgano de la SEPI a través del que se articularon los 475 millones en préstamos a la aerolínea de la familia Hidalgo.

Precisamente, De la Rocha asistió a la reunión del 29 de octubre de 2020 en la que el Consejo Gestor dio el visto bueno a la ayuda, que posteriormente aprobó el Consejo de Ministros. A principios de junio defendió ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en el Congreso la legalidad del rescate y su presencia en las reuniones del citado consejo gestor.

Este órgano tenía como misión elevar a la autorización de los rescates al Consejo de Ministros, una vez estudiadas las operaciones y verificado que se ajustaban a la normativa. Lora encabezaba ese consejo, pues el presidente del holding público Vicente Fernández, había sido cesado de su cargo tras su imputación el caso de la mina de Aznalcóllar.

Además de la actual ministra para la Transición Ecológica (por entonces secretaria de Estado), también formaban parte del Consejo Gestor la entonces secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, actual presidenta de Patrimonio Nacional. También estaba el entonces secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raül Blanco; la entonces subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque, una de las mujeres fuertes de la exministra María Jesús Montero; y el secretario general y director de Asuntos Jurídicos de SEPI, Javier Loriente.