El último Consejo de Ministros antes del parón estival ha dejado una decisión que ha vuelto a abrir el debate sobre los límites del indulto en casos de corrupción. Junto a la polémica concesión de la medida de gracia a Laura Borràs, el Ejecutivo ha incluido en el mismo paquete a otros dos condenados por delitos relacionados con el uso irregular de fondos públicos; el exalcalde socialista de Linares, Juan Fernández, y el gestor cultural asturiano Natalio Grueso.
La resolución no solo ha reactivado la discusión política sobre la oportunidad de estos perdones parciales, sino que también ha puesto el foco en dos perfiles muy distintos entre sí, pero unidos por una misma circunstancia. Ambos habían sido condenados por corrupción y ambos han visto aliviada, total o parcialmente, su pena de prisión por decisión del Gobierno.
Dos nombres propios
En el caso de Juan Fernández, el indulto es parcial. El Gobierno ha conmutado su pena de prisión de tres años por otra de dos, aunque mantiene intacta la inhabilitación de siete años. Fernández fue alcalde de Linares entre 1999 y 2017 y fue condenado por cobrar sobresueldos por un valor de 125.377 euros con cargo a las cuentas del grupo municipal socialista al que pertenecía.
Su caso se remonta a una sentencia dictada por la Audiencia de Jaén en noviembre de 2011, que lo declaró autor de un delito de malversación de caudales públicos. El Tribunal Supremo terminó ratificando la condena, y en 2025 la Audiencia de Jaén suspendió provisionalmente su entrada en prisión mientras se resolvía la petición de indulto, una medida excepcional que ahora ha desembocado en el perdón parcial.
El segundo beneficiado es Natalio Grueso, artista y gestor cultural muy conocido por su etapa al frente del Centro Niemeyer de Avilés. En su caso, el Gobierno ha decidido indultar la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento, pero ha mantenido el resto de la condena, que ascendía a ocho años de prisión, ocho de inhabilitación y una multa.
El caso Niemeyer
Grueso fue condenado por delitos continuados de malversación de caudales públicos, además de falsedad documental y societaria, por hechos cometidos durante su gestión al frente de la Fundación Centro Niemeyer. La sentencia consideró probado que desvió fondos de la entidad mediante gastos ajenos a sus fines y que utilizó facturas manipuladas para justificar pagos.
Su nombre regresó a la actualidad judicial a finales de 2025, cuando fue detenido en Portugal tras más de dos años huido de la justicia. El ingreso en prisión se produjo después de que la condena quedara firme, y su situación personal fue uno de los argumentos esgrimidos para justificar el indulto parcial concedido ahora por el Ejecutivo, que ha aludido a motivos humanitarios vinculados con su estado de salud.
La solicitud de perdón también había recibido apoyos desde el mundo cultural y audiovisual, algo que el Gobierno ha tenido en cuenta al justificar la medida. Aun así, la decisión mantiene vivo el debate sobre si la enfermedad o la presión de determinados sectores deben pesar más que la gravedad del delito y la firmeza de la condena.
Un paquete polémico
La concesión de estos indultos no se ha producido de forma aislada. Forman parte de un conjunto de cinco medidas de gracia aprobadas por el Consejo de Ministros, de las que tres afectan a personas condenadas por corrupción. Esa coincidencia ha dado al movimiento un fuerte contenido político, especialmente porque llega en un momento en el que el Gobierno trata de defender una agenda institucional centrada en la integridad pública.
En el caso de Juan Fernández, además, el expediente contó con apoyos poco habituales en este tipo de procedimientos: el tribunal sentenciador emitió informe favorable, el Ayuntamiento de Linares respaldó la petición y también lo hicieron tanto el grupo popular como el socialista de la localidad, además de una asociación vecinal que reunió numerosas firmas. Esa convergencia explica que el indulto haya sido parcial y no total, pero no elimina la controversia de fondo.
Grueso, por su parte, representa otro perfil, el de una figura ligada al mundo de la cultura que acabó condenada por apropiarse de fondos públicos en una institución de referencia. Su caso es especialmente sensible porque combina la dimensión simbólica del proyecto Niemeyer con un relato judicial de desvío de recursos, manipulación documental y enriquecimiento indebido.
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