La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal que sometía a sus víctimas a una doble explotación: la prostitución y el narcotráfico. Las mujeres, captadas mediante señuelos, eran obligadas a ejercer la prostitución en un punto concreto del polígono Marconi y a entregar parte de sus ingresos a la red. Además, y con el objetivo de aumentar sus beneficios, también las utilizaban como 'mulas', forzándolas a transportar droga oculta en el interior de su cuerpo para saldar una deuda impuesta por el propio entramado por el coste del viaje hasta España, que en algunos casos ascendía a 16.000 euros.
Tras realizar dos registros domiciliarios en la Comunidad de Madrid, la operación culminó con 13 integrantes de la red detenidos, la incautación de un kilogramo de una sustancia pulverulenta —presuntamente cocaína—, 1.000 euros en efectivo, 45 papelinas listas para su venta, medicamentos para la disfunción eréctil y abundante documentación con anotaciones de servicios, cobros y deudas de estas víctimas, a quienes la red exprimía asumiendo ellas solas el riesgo de ser descubiertas o de sufrir una intoxicación por la droga.
El modus operandi de la red desarticulada en el polígono Marconi refleja el elevado grado de control al que las víctimas eran sometidas. Una vez en España, eran obligadas a distribuir y vender sustancias estupefacientes, mientras que la organización se apropiaba íntegramente de los beneficios. Según fuentes policiales, cuando regularizaban su situación administrativa eran trasladadas a otros países, como Francia, donde la explotación continuaba bajo el control del mismo entramado criminal.
28 menores entre las 1.869 víctimas de trata
Las cifras a nivel nacional contextualizan la verdadera gravedad de sucesos como el de Marconi. Los datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) reflejan la dimensión de un fenómeno que continúa muy presente en España. Solamente durante el año 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado identificaron a 1.869 víctimas de trata y explotación de seres humanos, entre las cuales el organismo alerta de que 28 eran menores de edad. Todo este volumen de delincuencia se saldó con 1.056 detenidos y la desarticulación de 112 organizaciones y grupos criminales.
Además, la capacidad operativa de las redes criminales a la hora de lucrarse con seres humanos es notable. La explotación laboral concentró el mayor número de investigaciones, con 173 atestados, seguida muy de cerca por la trata con fines de explotación sexual (120) y de la explotación sexual con 69 casos registrados durante el ejercicio del año pasado. Todo esto se traduce si hablamos de trata, en un incremento del 46 % respecto al año anterior.
Mujeres de nacionalidad colombiana de 23 a 27 años
El perfil de la víctima responde a un patrón concreto: mujeres de entre 23 y 27 años, principalmente de nacionalidad colombiana, en situación irregular. Los operativos policiales generaron un total de 416 detenidos —un 39 % más que en 2024— y la desarticulación de 64 organizaciones criminales, destacando España, Colombia y Venezuela como las nacionalidades más frecuentes entre los arrestados.
De forma paralela, el delito de explotación sexual —diferenciado estadísticamente de la trata— dejó 397 víctimas, de las cuales 13 eran menores, un 6 % más que en 2024. En la explotación sexual, el perfil de la víctima varía ligeramente hacia ciudadanas con situación administrativa regular, aunque se mantiene el mismo rango de edad y la nacionalidad colombiana.
Proxenetismo ejercido por otras mujeres
Los datos del CITCO revelan que el perfil del explotador tiene acento local y rostro de mujer: en la explotación sexual, el patrón frecuente es el de una mujer española de más de 53 años. No obstante, la solución a este complejo fenómeno no pasa únicamente por la vía policial. El CITCO subraya la importancia de la "labor preventiva". Durante 2025 se efectuaron 1.734 inspecciones administrativas en lugares donde se ejerce la prostitución, registrando un aumento del 2 % y logrando identificar a 7.830 personas en situación de riesgo. Este enorme grupo, compuesto por ciudadanas de Colombia, España y Rumanía, donde el rango de edad más frecuente aumenta y se sitúa en una mujer de entre 33 y 37 años, demuestra que el Estado también prioriza la detección temprana de posibles víctimas y de personas especialmente vulnerables a la explotación.
Gestación subrogada y matrimonio forzado como nueva forma de trata
Para erradicar definitivamente la redes mafiosas como la desmantelada en el polígono Marconi, las autoridades y expertos confían plenamente en un inminente endurecimiento de la respuesta normativa que viene avalado y exigido desde Europa. Las nuevas herramientas jurídicas incluyen "la incorporación del matrimonio forzado, la gestación subrogada con fines de explotación y la adopción ilegal como nuevas formas de trata". Asimismo, Europa exige "la persecución expresa de los delitos cometidos o facilitados mediante tecnologías de la información" y, de forma muy destacada, "la penalización de quienes utilicen conscientemente servicios prestados por víctimas de trata", junto con el establecimiento de mecanismos nacionales de derivación, una mejor coordinación de asilo y una recopilación de datos armonizada a través de Eurostat.
España ya está moviendo ficha a nivel burocrático para blindarse legalmente. Actualmente, se tramita el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, un enorme esfuerzo jurídico impulsado de manera conjunta por los ministerios de Igualdad, Presidencia, Justicia, Inclusión e Interior.
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