Los líderes de 22 países de la Unión Europea han advertido de que medidas como la regularización de un "número muy elevado" de migrantes pueden operar como "factores de atracción". Asimismo, han vinculado la reciente crisis en Ceuta con el fallo del Tribunal Supremo que determinó que la legislación de extranjería española no ampara las devoluciones en caliente; una resolución judicial que, según sostienen los firmantes, ha sido instrumentalizada para "desencadenar este ataque" y "abusar" del sistema europeo de migración y asilo.
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A través de una carta remitida al presidente del Consejo Europeo, António Costa, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al primer ministro de Irlanda (país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo), los mandatarios solicitan la convocatoria urgente de una videoconferencia de ministros del Interior de la UE. En el escrito, alertan de que están dispuestos a "reforzar o reintroducir controles temporales" en las fronteras interiores para contener el riesgo de movimientos secundarios, aun reconociendo que hasta la fecha no se ha detectado ningún desplazamiento no autorizado desde Ceuta hacia el resto del territorio europeo.

"No podemos permitir que los cruces masivos descontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas creen la percepción de que es posible entrar ilegalmente en la Unión Europea", aseveran los dirigentes, quienes ven especialmente grave la propagación de la idea de que "la entrada ilegal de un migrante puede convertirse en una estancia legal".

A su juicio, la difusión de este mensaje podría alentar nuevas tentativas de acceso, minar la confianza en el sistema migratorio común y generar "repercusiones para todos los Estados miembro". Frente a ello, sostienen que la UE tiene la obligación de "disuadir eficazmente y combatir sin descanso la migración ilegal", mediante una actuación coordinada, el blindaje de las fronteras exteriores y la revisión de «todas las políticas que puedan servir como factores de atracción».

La misiva con la regularización está suscrita por los jefes de Gobierno de Italia, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia. Varios de estos países ya habían abogado por endurecer la postura comunitaria, e incluso Ejecutivos como el de Giorgia Meloni en Italia llegaron a plantear el restablecimiento de controles en las fronteras internas o a sopesar la suspensión temporal de España del espacio Schengen.