Agosto ha dado tregua a los juzgados, pero el calendario que dejaron marcado antes del parón estival no deja lugar a dudas: septiembre llega cargado. Tras un intenso cierre del año judicial, el nuevo curso arranca con dos citas que pueden abrir una grieta en las versiones de los principales investigados del 'caso Plus Ultra': los días 7 y 8 de septiembre, el juez José Luis Calama escuchará a Julio Martínez Solá y Roberto Roselli, expresidente y exconsejero delegado de la aerolínea, respectivamente. Antes del verano, ambos decidieron colaborar con la investigación, abandonaron sus cargos y reconocieron haber pagado unos 530.000 euros al empresario Julio Martínez, socio del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, además de decenas de vuelos en clase business que, según su versión, nunca llegaron a ser abonados.
Las declaraciones de los dos exdirectivos llegan después de que ambos presentaran a finales de julio sendos escritos en los que detallaron ante el juzgado la relación económica que mantenían con el entorno del empresario. Fuentes jurídicas precisan a El Independiente que, previsiblemente, Martínez Solá y Roselli se limitarán a refrendar en sede judicial lo que ya anticiparon en esos escritos. A partir de ahí, ambos responderán a las preguntas de las partes —incluidos sus propios abogados— aunque en principio no está previsto que contesten a la acusación popular, según las citadas fuentes.
Los escritos ya dibujaron un relato que se separa de la versión mantenida hasta ahora por el entorno de Zapatero: ambos directivos admitieron el pago de alrededor del 1% del rescate, unos 530.000 euros, a sociedades vinculadas a Julio Martínez, y aseguraron que eran conscientes de su relación con el expresidente, aunque afirmaron no tener constancia fehaciente de cuáles fueron las concretas gestiones que este realizó para favorecer la concesión de la ayuda. Por su parte, durante su declaración de casi tres horas ante la Audiencia Nacional, Zapatero negó haber realizado gestión para favorecer el rescate de la aerolínea, rechazó cualquier influencia sobre la SEPI y desvinculó su actividad profesional de la supuesta trama.
A esas dos comparecencias se suma, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, la previsión de que durante este mes se fije también la fecha en la que declararán las hijas del expresidente, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, administradoras de Whathefav, sociedad por la que habrían transitado varios de los flujos del entramado societario atribuido a 'Julito' Martínez.
Vuelta del 'caso cloacas'
Pero Plus Ultra no será el único frente judicial que recupere velocidad después de agosto. La Audiencia Nacional y la Audiencia Provincial de Madrid tienen por delante varias fechas que pueden marcar el rumbo de algunas de las causas más sensibles para el entorno de Pedro Sánchez. Tras un cierre de curso judicial marcado por dos resoluciones históricas —la condena al exministro José Luis Ábalos por corrupción y la inhabilitación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por prevaricación—, septiembre amenaza con mantener intacta la presión judicial sobre el Ejecutivo.
Así, El 'caso SEPI-cloacas' retoma su actividad en la Audiencia Nacional con varias declaraciones ya señaladas en el calendario. El juez Santiago Pedraz ha citado como investigada a la gerente del PSOE Ana María Fuentes el 9 de septiembre y, al día siguiente, al exdirector general de la Guardia Civil Leonardo Marcos. Ese mismo 10 de septiembre comparecerá como testigo el fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso.
La agenda de Pedraz quedó despejada después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, se inhibiera en favor de la Audiencia Nacional el pasado 12 de agosto. El instructor había aplazado hasta que se resolviera esta cuestión la declaración como investigada de Leire Díez y las comparecencias del expresidente de la SEPI Vicente Fernández y del expresidente de Correos y exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano. Este último permanece investigado por Pedraz y durante el mes de agosto se volcó el contenido de su teléfono.
La resolución del conflicto de competencia permite ahora que la investigación avance bajo la dirección del magistrado de la Audiencia Nacional, que trata de determinar si existió una estructura destinada a actuar contra investigaciones judiciales y personas que podían resultar incómodas para el PSOE y el Gobierno. La causa ha ido ampliando su perímetro desde que Pedraz asumió las diligencias y alcanza ya a una decena de investigados, entre ellos la propia Díez, el empresario Antxón Alonso, el exdirigente socialista Santos Cerdán, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y varios empresarios, abogados y miembros de la Guardia Civil. Las declaraciones de septiembre permitirán al juez avanzar en esa reconstrucción mientras quedan pendientes nuevas fechas para algunas de las comparecencias aplazadas durante el verano. Entre ellas, la de Leire.
El 'caso Begoña'
El otro gran vencimiento de septiembre afecta al 'caso Begoña Gómez'. El cambio de abogado que la esposa del presidente del Gobierno anunció el 29 de julio —de Antonio Camacho a Jaime Campaner— retrasó el plazo para presentar los escritos de defensa, que ahora se espera que lleguen al juzgado de Juan Carlos Peinado durante este mes. Una vez incorporados, y salvo sorpresas de última hora, será la Audiencia Provincial madrileña la que fije la fecha del juicio con jurado popular al que se enfrentan tanto Gómez como su asesora, Cristina Álvarez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.
La acusación popular, liderada por Hazte Oír, ya rebajó su petición de pena de 24 a 13 años de prisión tras la resolución de julio de la Audiencia de Madrid, mientras que la Fiscalía mantiene que pedirá la absolución de ambas.
El 'caso Koldo' sigue avanzando en sus tres frentes
La sentencia del Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos y Koldo García cerró únicamente la pieza principal sobre las adjudicaciones de mascarillas, pero no el procedimiento. La Audiencia Nacional mantiene abiertas otras tres líneas de investigación del 'caso Koldo' que continuarán avanzando tras el verano bajo la dirección del juez Ismael Moreno.
La primera sigue centrada en los contratos de material sanitario adjudicados durante la pandemia, con especial atención a las compras realizadas por los gobiernos de Canarias y Baleares. La segunda investiga los presuntos amaños en obra pública que sitúan al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán como principal investigado, después de que la UCO atribuyera a su entorno más de 323.000 euros en beneficios obtenidos a través de Servinabar coincidiendo con adjudicaciones a Acciona. La tercera, que permanece bajo secreto, analiza un posible descuadre entre los pagos efectuados por el PSOE a Ábalos y Koldo García y las cantidades justificadas por ambos, además del contenido de la documentación aportada por el empresario Víctor de Aldama.
Lo que sigue pendiente: 'Kitchen' y amnistía
No todo lo que queda por resolver tiene ya un día marcado. La sentencia del 'caso Kitchen', que quedó visto para sentencia el pasado 28 de julio tras 37 sesiones, se espera "próximamente" sin que por ahora haya trascendido una fecha concreta. Tampoco la tienen los recursos a la sentencia del Supremo sobre Ábalos y Koldo García, ni el que las defensas de David Sánchez han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, al que se suma el de Vox reclamando que se condene también al hermano de Pedro Sánchez por tráfico de influencias.
Y en el terreno de la amnistía, el otoño trae otra cita relevante aunque sin fecha exacta todavía: el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre si el delito de malversación —el único que el Supremo excluye de la amnistía por un presunto "beneficio patrimonial personal"— puede aplicarse a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. De esa decisión depende buena parte del futuro procesal del expresident. El próximo 22 de septiembre, el Constitucional empezará a deliberar el recurso que interpuso otro de los líderes del procés que no han sido amnistiados, el exconseller Jordi Turull.
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