El malestar se ha extendido entre responsables y agentes de la Policía Nacional después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reclamara explicaciones al director general del cuerpo, Francisco Pardo Piqueras, sobre el informe policial que apunta a una posible implicación de Marruecos en la entrada masiva de migrantes en Ceuta.
Fuentes policiales consultadas por El Independiente rechazan que pueda hablarse de una ocultación de información al ministro y consideran que Interior está intentando trasladar ahora a la Policía una responsabilidad que, a su juicio, no le corresponde. "Marlaska nunca sabe nada", resumen con ironía fuentes del cuerpo sobre la reacción del ministro tras conocerse la existencia y el contenido del documento adelantado por El Español.
La principal objeción de los agentes es que el informe sobre la crisis de Ceuta no fue elaborado por iniciativa propia de la Policía Nacional ni como un documento interno destinado al Ministerio del Interior. Fue solicitado en el marco de unas diligencias judiciales abiertas para investigar lo ocurrido durante la entrada masiva y dirigido al órgano judicial que dirige la investigación.
Una carta al director de la Policía
Esta circunstancia resulta determinante, según explican las fuentes consultadas. Los agentes que participan en una investigación judicializada actúan, en lo relativo a esas diligencias concretas, bajo la dirección de la autoridad judicial. Por ello, sostienen que la información obtenida o elaborada en ese marco no tiene por qué seguir los mismos canales de comunicación interna que un informe elaborado por iniciativa policial o a petición del Ministerio.
"¿Qué va a contarle el director general al ministro si la información se ha elaborado para la jueza?", se preguntan fuentes policiales. El malestar se ha agravado después de que Marlaska enviara una carta al director general de la Policía para pedirle que le informe sobre el contenido y las circunstancias del documento.
Desde el cuerpo consideran que la petición plantea una cuestión que debería ser evidente: el Ministerio del Interior puede solicitar informes y disponer de información policial en el ejercicio de sus competencias, pero un documento elaborado en el marco de unas diligencias judiciales y dirigido a la autoridad que las dirige está sometido a un régimen distinto del de una información interna ordinaria de la Administración.
El precedente de Pérez de los Cobos
Fuentes policiales comparan lo ocurrido con el caso de Diego Pérez de los Cobos, entonces coronel de la Guardia Civil y jefe de la Comandancia de Madrid. En 2020 fue cesado de su puesto después de negarse a informar a la cúpula del Ministerio del Interior sobre actuaciones desarrolladas en el marco de una investigación judicial.
El caso llegó posteriormente al Tribunal Supremo, que anuló el cese y respaldó la necesidad de preservar la autonomía funcional de los agentes cuando actúan como policía judicial bajo la dirección de la autoridad judicial. La resolución se convirtió en un precedente sobre los límites de la relación entre los mandos políticos y los investigadores que trabajan en procedimientos judicializados.
El precedente es ahora utilizado dentro de la Policía para rechazar que el Ministerio pueda exigir, sin más, toda la información generada en el marco de una investigación judicial. "No se puede tratar como una información administrativa ordinaria lo que forma parte de unas diligencias judiciales", resumen fuentes policiales.
Principio de reserva de las actuaciones de policía judicial
La comparación con Pérez de los Cobos es especialmente relevante para los agentes porque, a su juicio, la situación de Ceuta responde al mismo principio. El informe que ahora ha provocado la reacción de Interior lo requirió el órgano judicial que investiga lo ocurrido. Por tanto, sostienen, sus autores debían actuar dentro del marco establecido por la autoridad judicial que solicitó el documento y de acuerdo con las instrucciones recibidas durante las diligencias.
Según ha podido saber El Independiente, el procedimiento no estaba declarado secreto. Sin embargo, las fuentes consultadas explican que la instrucción recibida era que la información contenida en el informe debía trasladarse únicamente a la magistrada que dirige las actuaciones.
Para los agentes, esa circunstancia explica por qué la información no siguió los canales ordinarios de comunicación dentro de Interior. También cuestionan que ahora pueda presentarse esa reserva como una decisión de la Policía de ocultar información al ministro.
"Ahora se escuda en la carta"
La polémica ha llevado además a algunos responsables policiales a interpretar la carta de Marlaska como un intento de fijar una responsabilidad política ante la repercusión que ha tenido el informe. Las fuentes consultadas consideran que el ministro trata ahora de presentar a la Policía como responsable de no haber trasladado una información que, según su versión, debía permanecer dentro del marco judicial en el que se había elaborado.
2Ahora se escuda en la carta para intentar responsabilizar a la Policía", señalan. La frase que más se repite entre los agentes consultados es que el ministro "nunca sabe nada", una crítica que refleja el cansancio existente ante lo que interpretan como una reacción habitual de Interior después de que determinadas informaciones trasciendan públicamente.
El cansancio de los policías en Ceuta
La polémica ha causado especial malestar entre los agentes que participaron directamente en la gestión de la crisis fronteriza. Fuentes policiales señalan que los efectivos desplegados en Ceuta llevan semanas soportando una situación extraordinaria, marcada por la presión derivada de la entrada masiva y la necesidad de mantener el control de una frontera sometida a una tensión permanente.
"Los compañeros de Ceuta no pueden más, y la población menos", advierten. El enfado dentro del cuerpo responde también a la sensación de que el debate se ha desplazado ahora desde las circunstancias que provocaron la entrada masiva hacia la discusión sobre quién conocía el informe policial y cuándo. Para los agentes, la cuestión esencial sigue siendo qué ocurrió en los días previos y durante la crisis y qué información manejaban los distintos organismos del Estado.
La implicación de Marruecos
La existencia del documento que apunta a una posible implicación de Marruecos ha añadido una nueva dimensión al caso. Pero desde la Policía rechazan que la aparición del informe permita responsabilizar a sus investigadores de haber ocultado información al Ministerio.
La posición de la Policía es que el informe se solicitó en el marco de una investigación judicial y, según aseguran, existía una instrucción para que la información se trasladara a la magistrada. En ese contexto, sostienen que los investigadores debían atenerse al marco fijado para esas diligencias. Y si Interior quería disponer de información propia sobre lo ocurrido, podía solicitarla por sus propios mecanismos.
La respuesta de Pardo Piqueras a la petición de Marlaska será ahora determinante para conocer cómo afronta Interior el conflicto abierto. Pero dentro de la Policía existe ya una convicción: la carta del ministro no puede convertir automáticamente en una ocultación lo que los agentes consideran el cumplimiento de las obligaciones y límites derivados de su actuación en el marco de una investigación judicial.
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