El conflicto urbanístico, medioambiental y judicial del Hotel El Algarrobico suma un nuevo e inesperado capítulo en su maratón administrativo de dos décadas. El Ayuntamiento de Carboneras ha recibido hasta cuatro recursos dirigidos a tumbar el acuerdo del pleno municipal del pasado 7 de julio que declaró la nulidad de la licencia de obras del hotel, otorgada originalmente en el año 2003. Esta impugnación en bloque, procedente de frentes políticos, empresariales y asociativos con intereses abiertamente contrapuestos, amenaza con prolongar aún más la maraña burocrática y diferir el desmantelamiento de la icónica mole de 21 plantas edificada en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
Las impugnaciones contra la decisión municipal han sido formalizadas por la promotora del inmueble, Azata del Sol; por el portavoz del grupo municipal socialista y exalcalde de la localidad, José Luis Amérigo, de manera conjunta con otros dos ediles de su formación; por el concejal no adscrito en la corporación local, Felipe Cayuela, exalcalde asimismo del PP; y por el Grupo de Acción Local del Sector Pesquero (GALP) Costa de Almería. En este último caso destaca un significativo cruce de alfiles en el ámbito local, dado que la gerencia de dicho colectivo pesquero la ocupa en la actualidad Cristóbal Fernández, quien ejercía precisamente como regidor de Carboneras bajo las siglas del PSOE en 2003, cuando la comisión de gobierno aprobó la licencia urbanística hoy cuestionada.
La anulación de la licencia ahora recurrida por este heterogéneo frente judicial se aprobó con el objetivo prioritario de dar estricto cumplimiento a un requerimiento dictado en 2021 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), contando además con el aval de un dictamen preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo de Andalucía. Aquella sesión plenaria del 7 de julio estuvo atravesada por una profunda división política y solo logró salir adelante por mayoría absoluta gracias a la alianza entre el alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos), los concejales del Partido Popular y dos ediles del PSOE. Minutos antes de la votación, Amérigo, Cayuela y otros representantes de la oposición optaron por abandonar el salón de plenos alegando que el procedimiento carecía de los informes necesarios sobre el eventual riesgo patrimonial que la medida entrañaba para las arcas municipales.
Un enredo de más de dos décadas
El convulso pleno de julio fue la respuesta directa a un ultimátum judicial emitido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA. A penas tres semanas antes, en una sesión celebrada el 17 de junio, siete concejalías unieron sus votos para suspender la tramitación del expediente con el argumento de recabar nuevos dictámenes económicos y jurídicos. El tribunal andaluz reaccionó imponiendo un plazo improrrogable de veinte días hábiles bajo advertencia express de responsabilidades penales e instando incluso a la ejecución subsidiaria de la resolución. Este primer bloqueo municipal llevó además a la Fiscalía Provincial de Almería a incoar diligencias de investigación preprocesales para dilucidar si los concejales que votaron a favor de posponer el trámite incurrieron en un delito de prevaricación administrativa, tras admitir a trámite una denuncia de la asociación ecologista Salvemos Mojácar.
Este nuevo tsunami de alegaciones entorpece de lleno el ya complejo escenario técnico y legal que arrastra el paraje desde que el juez Jesús Rivera ordenara la paralización cautelar de los trabajos el 21 de febrero de 2006. Aunque en el plano estrictamente territorial la calificación del suelo ha quedado blindada tras catalogarse formalmente los sectores ST-1 y ST-2 como suelo no urbanizable de especial protección, el estatus de la licencia inicial continúa siendo el gran nudo gordiano. Las controversias municipales y las trabas en la revisión de oficio amenazan con enredar la hoja de ruta mientras, de forma paralela, el Ministerio para la Transición Ecológica tramita la expropiación de los terrenos en la franja de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y la comisión mixta entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía intenta coordinar la logística técnica para el definitivo derribo del edificio y la restauración ambiental de la playa.
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