La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha trasladado este viernes su "absoluto respaldo" a la jueza María Tardón frente a los reproches del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su decisión de impedir que los agentes que investigan la entrada masiva de migrantes en Ceuta informaran a sus superiores sobre el contenido y la evolución de las pesquisas. En un comunicado consultado por El Independiente, el órgano de gobierno de la Audiencia Nacional ha recordado que, cuando los agentes actúan como Policía Judicial en una investigación penal, dependen funcionalmente del juez que dirige el procedimiento y están sometidos a un deber de "rigurosa reserva" sobre la información obtenida.
El organismo conoció este jueves la carta que Marlaska envió a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, en la que cuestionaba la actuación de Tardón. El ministro defendía que los responsables políticos debían conocer la información trasladada por la Policía en el marco de la investigación sobre los hechos ocurridos en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, alegando que se trataba de información "de gran interés" para el Gobierno por tratarse de una crisis declarada de interés para la seguridad nacional.
La Audiencia Nacional no ha entrado a valorar esa afirmación del titular de Interior, pero sí ha replicado a la misiva recordando la normativa que regula la Policía Judicial (el Real Decreto 769/1987). En concreto, cita su artículo décimo, que establece que las unidades orgánicas de Policía Judicial y los funcionarios adscritos a ellas dependen funcionalmente de los jueces, tribunales o fiscales que conozcan del asunto cuando trabajan en la averiguación del delito y el descubrimiento y aseguramiento del delincuente. En este caso, de la jueza Tardón, que asumió la investigación al encontrarse de guardia cuando ocurrieron los hechos y la formación Iustitia Europa presentó su denuncia.
La propia regulación contempla el intercambio interno de información para mejorar la coordinación y eficacia de los servicios, pero dentro de la Unidad Orgánica y salvo que exista una prohibición expresa del juez o fiscal competente, que sí había en este caso. Y es que la Sala cita además el artículo 15 del mismo decreto, que obliga a esos funcionarios a guardar "rigurosa reserva" sobre la evolución y el resultado de las investigaciones que les hayan sido encomendadas, así como sobre las informaciones obtenidas a través de ellas.
El CENIF, en el centro de la disputa
El enfrentamiento institucional se produce mientras continúa la controversia sobre el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía sobre la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma. La jueza Tardón había encargado el documento a los agentes de esta unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para esclarecer los hechos y determinar la competencia de la Audiencia Nacional para continuar la investigación.
El informe —de 55 páginas y al que accedió este periódico— sostiene que la entrada masiva no fue un episodio espontáneo o incidental, sino el resultado de una actuación planificada en la que las fuerzas de seguridad marroquíes habrían facilitado activamente los desplazamientos hacia los puntos de entrada. Fue desvelado por el diario El Español e Interior marcó distancias inmediatamente.
Así, la cartera que dirige Marlaska ha optado por desacreditar a los agentes del CENIF, cuestionando su naturaleza e insistiendo en que no tiene la consideración de unidad investigadora con carácter orgánico de Policía Judicial y ha cuestionado el alcance de sus conclusiones. La Comisaría General de Información, según Interior, no ha determinado la autoría intelectual de la operación.
Perelló ya recordó este jueves al ministro y exjuez Marlaska que la función de Policía Judicial corresponde a "todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", "cualquiera que sea su naturaleza y dependencia". Asimismo, la presidenta del CGPJ recalcó que los órganos de gobierno del Poder Judicial tienen constitucional y legalmente vedado "aprobar, censurar o corregir" actuaciones judiciales, aunque dejó claro que la jueza Tardón está actuando en el ejercicio de sus funciones.
La jueza actúa "en defensa del interés de España"
En este sentido, la Sala de Gobierno de la Audiencia ha agradecido a Perelló en su acuerdo de este viernes la defensa de la independencia judicial en su respuesta a Marlaska, y ha rechazado de forma expresa que la actuación de la jueza Tardón haya supuesto una interferencia en la seguridad nacional. "Al contrario, está actuando para la preservación y defensa del interés general de España, dentro del marco del respeto escrupuloso a sus funciones jurisdiccionales", reza el comunicado. "Exigimos para ella el máximo respeto por parte de las autoridades políticas".
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